Criterios técnicos y no políticos
La segunda intervención la protagonizó la senadora del PP Elena Muñoz y exresponsable de la Consellería de Facenda durante tres años. La también alta funcionaria de la Xunta defendió la revisión a fondo del concepto de «población axustada» y los criterios para adecuar el reparto territorial de fondos con el coste real de los servicios, condicionados por el envejecimiento, la dispersión geográfica o el impacto de la dependencia, una cuestión de peso que invita, a su juicio, a establecer una nueva categoría para valorar el coste sanitario y social de los mayores de 80 años. Muñoz recordó la necesidad de que el nuevo modelo cumpla con los principios de «suficiencia e equidade» y reclamó un sistema más fuerte tras considerar demostrado que el actual flaqueó al hacer frente a las dos crisis, la financiera y la sanitaria. Al respecto, criticó que el Gobierno de España haya recurrido a criterios políticos y no a técnicos para establecer sus propuestas «sen marxe a discrecionalidade», y calificó como un «contido parcial» el documento difundido por el Ministerio de Hacienda, que, recordó, tampoco ha comprometido fechas para la negociación y posterior resolución del modelo. Elena Muñoz ha insistido en la necesidad de que la reforma del sistema incluya el coste fijo real de los servicios públicos, para lo que hay que «ponderar adecuadamente» variables como el envejecimiento o a dispersión de la población, lo que no se hace con el actual sistema, que ve perjudicial para Galicia.
La exconselleira, que fue criticada por los diputados de la oposición por aprovechar su intervención para criticar el Gobierno de España y no para aportar su visión, también defendió las rebajas fiscales impulsadas por la Xunta al entender que la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas han provocado un duro impacto en las familias, y cree que es fundamental «recuperar o consumo» para que esta iniciativa autonómica tenga un «efecto multiplicador» en la recaudación de otros impuestos.
