La Xunta elimina trabas burocráticas para el acceso a ayudas a víctimas de violencia vicaria
GALICIA
Se eliminan los límites temporales para que las perjudicadas acrediten su condición de víctimas, y tienen carácter retroactivo
25 dic 2021 . Actualizado a las 19:08 h.El Diario Oficial de Galicia ha hecho pública una modificación de las bases reguladoras de las ayudas de hasta 800 euros al mes que la Xunta concede a víctimas de violencia de género, de modo que aquellas mujeres que sufran violencia vicaria —la que ejercen los hombres contra los hijos, y que ya está regulada en Galicia tras aprobarlo el Parlamento— podrán acceder a esta prestación con mayor facilidad. En concreto, según informa el Gobierno gallego, estas modificaciones pasan por eliminar los límites temporales para que las perjudicadas acrediten su condición de víctimas, así como el cese de la convivencia con su agresor.
Todo ello deriva del cambio en la ley gallega de violencia de género aprobada el pasado mes de junio por el Parlamento autonómico, para así introducir la consideración de las mujeres que sufren violencia vicaria.
Además, la Xunta destaca que este reconocimiento tiene efectos retroactivos, de modo que, para optar a estos pagos mensuales, las mujeres ya no tienen que haber cesado su convivencia con el agresor en los 12 meses anteriores a la solicitud. También se retira este límite temporal transcurrido desde la emisión del documento que las acredita como víctimas.
De hecho, la Administración autonómica ha aprobado consignar más de 5 millones de euros de sus fondos —una cifra que, no obstante, puede ser ampliada «en función de las necesidades»— para hacer frente a estos pagos periódicos entre 2022 y 2023.
Aparte de las víctimas de la violencia vicaria, que desde el año 2019 ya podían acceder a estas ayudas, según recuerda la Xunta, esta línea tiene como potenciales beneficiarias a mujeres víctimas de violencia de género y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
En concreto, la ayuda consiste en entre 200 y 800 euros mensuales, hasta un máximo de un año, que varía en función de los ingresos de la mujer, de los hijos o hijas menores a su cargo —o en acogida— y de otras circunstancias como la discapacidad«.