El BNG diseña su propia ley de residencias, con un máximo de cien usuarios y habitaciones individuales
GALICIA
Pontón reclama una «vellez digna» y cuestiona el modelo «privatizado» que este martes defenderá el Gobierno gallego en el Parlamento
20 dic 2021 . Actualizado a las 15:19 h.El grupo parlamentario del BNG ha presentado su propio proyecto de Lei para las residencias «para garantir unha vellez digna ás persoas maiores». La portavoz Ana Pontón ha defendido el documento de cuarenta puntos elaborado por su formación el día antes de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, comparezca a petición propia en el Parlamento para presentar las conclusiones definitivas del modelo de centros al que ha contribuido el comité asesor sociosanitario activado tras el comienzo de la pandemia y en el que se pone el acento en una nueva adecuación arquitectónica para estos edificios, el uso más eficaz de las nuevas tecnologías o la coordinación con los centros sanitarios.
El BNG apuesta por avanzar en un sistema de residencias público, en titularidad y gestión, con instalaciones en las que haya un máximo de cien plazas, y que un 90 % sean individuales y estructuradas en módulos de entre 20 y 25 personas, dependiendo de su nivel de autonomía. Esos centros deberán estar ubicados en núcleos urbanos o rurales, pero nunca aislados, y en zonas amables para vivir, preferentemente con zonas verdes y libres de ruidos o impactos ambientales.
En cuanto a su funcionamiento, Pontón incidió en la necesidad de contar con un plan de atención personalizada con valoraciones individuales, con objetivos y medidas para conseguirlos y con un buen canal de comunicación por parte de las familias para su seguimiento. «O criterio é que debe ser o centro o que se adecúe aos maiores e non ao contrario», por lo que también incluye opciones como la de llevar mobiliario propio para que la sensación de hogar sea mayor.
A nivel administrativo, el Bloque busca un nuevo régimen de inspección y sanciones para alcanzar la mayor transparencia e información posible. Para ello, propone ampliar el número de inspectores, ya que en la actualidad solo hay trece empleados públicos que deben controlar casi 22.000 plazas en 380 centros. Los nacionalistas también ven indispensable que toda esa información sobre sanciones esté a disposición de los usuarios, así como los informes del dinero público que perciben las entidades concertadas o privadas. Un último capítulo propone precisamente una planificación a cuatro años para ampliar la red pública, recuperando centros que en estos momentos tienen una gestión privada para rebajar la percepción del BNG de que se trata a las residencias como «un negocio» con un modelo «absolutamente privatizado no que o que ten cartos, paga, e o que non, espera», apuntó la diputada Olalla Rodil.
La reacción del PP
El Gobierno gallego presentará este martes su modelo, pero la viceportavoz popular Paula Prado ya salió al paso de la propuesta nacionalista recordando que desde el 2009 las plazas para mayores se multiplicaron «por dous», y cuestionó que el BNG se oponga a proyectos «que van crear máis prazas», como es el caso de Ourense, donde hay dificultades para cambiar el uso de una parcela en la que se pretende asentar un centro proyectado por la Fundación Amancio Ortega.