Seis mil personas han visitado la capilla y los jardines desde el mes de julio. Para este diciembre ya está completo
10 dic 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Las llaves del pazo de Meirás se entregaron por parte de la jueza Marta Canales a la abogada general del Estado Consuelo Castro el 10 de diciembre del 2020, en un acto calificado de histórico y lleno de simbolismo. Un año más tarde, el acceso al edificio principal sigue restringido y las visitas están limitadas al exterior. Hoy, cuando se cumple un año de esa fecha en la que algunos quisieron ver el último día de los 82 años que los Franco estuvieron vinculados a la antigua residencia de verano del dictador, aún quedan importantes flecos por resolver.
Entre los logros está el que, al menos, se puedan visitar, desde el 1 de julio, el vestíbulo de las Torres de Meirás, la capilla y los jardines. Lo han hecho ya unas 6.000 personas, según el Concello de Sada, que asumió esta gestión. Los visitantes han podido ver parte de las piezas trasladadas de otras partes de Galicia para decorar el pazo. Han sido muchos particulares, integrantes de colectivos vinculados a la recuperación de la memoria histórica y escolares de la comarca coruñesa.
Hoy también habrá visitantes, pero como todos los días habilitados este diciembre, ya no hay plazas libres. «Desbordounos a demanda, non puidemos facer máis visitas pola nosa propia capacidade», reconoce la concejala de Turismo, Laura Rodríguez, que admite que el hecho de que Patrimonio solo las autorice con guía les condiciona. Espera que «nalgún momento se permitan as visitas libres, porque hai moita xente que non está interesada na parte de divulgación», admite. Como anécdota, señala que la Fundación Franco llegó a pedir visita en una fecha en la que ya estaba el aforo completo y no acudieron. Los que sí accedieron para reescribir la historia fueron numerosos familiares de represaliados y colectivos memorialistas que, con su presencia los primeros días, visibilizaron la recuperación pública de una propiedad convertida en símbolo de la dictadura.
Muebles e indemnización
De lo conseguido desde que hay control público de la propiedad hace una lectura agridulce el investigador sadense Carlos Babío, cuyo libro Meirás: un pazo, un caudillo un expolio, escrito junto a Manuel Pérez, propició, gracias al respaldo de los informes jurídico e histórico encargados por la Diputación coruñesa, que el Estado se hiciera con esta propiedad tras asumir la tesis de que Franco «simuló» la compra del pazo de Meirás. «Como o sector memorialista non estea permanentemente vixiante e en loita reclamando ás Administracións competentes no pazo de Meirás, o Estado e a Xunta afrouxan», asegura.
Cuestiona que hayan tenido que movilizarse en dos ocasiones: contra una eventual indemnización a los Franco y para reclamar que los bienes muebles del interior del pazo sean también patrimonio público. «É inaceptable que o Estado non reclame os bens mobles que os Franco consideran que non están incluídos nas sentenzas e a Xunta tampouco os está a protexer», considera este investigador cuya abuela fue obligada a dejar su casa en Meirás por la llegada del dictador.
Para Babío, «o que vimos foi moita escenificación, moito acto disfrazado de memorialista, moito anuncio e moito botarse as culpas uns aos outros, pero a única Administración que estivo mantendo a cara, alomenos dende o punto de vista xudicial e nos tribunais, foi o Concello de Sada, que reclamou todos os bens móbeis e foi a primeira que presentou o recurso para evitar que os Franco sexan indemnizados», estima. Reconoce que fían todo a que la Justicia, tras 45 años de democracia, les dé por fin la razón.
Los Franco aún litigan por la propiedad
El frente judicial por la propiedad de Meirás no está cerrado por completo. A principios de año, la familia del dictador decidió recurrir ante el Supremo el revés judicial que le dio la Audiencia Provincial de A Coruña, que ratificó la entrega del pazo al Estado, si bien introdujo como novedad que había que indemnizar a la familia (algo que también ha recurrido el Estado). En su recurso, la familia alegó que el Estado se desentendió de Meirás desde 1975. También está sin decidir qué bienes se pueden llevar los Franco, y cuáles han de permanecer. Xunta y Estado no se ponen de acuerdo.
