El Gobierno ofrece a las comunidades una financiación sin priorizar la dispersión demográfica
GALICIA
El Ministerio de Hacienda envía un documento con un reparto que refuerza los criterios de edad para aumentar el gasto en sanidad y educación. La ponderación a partir de criterios expuestos por Galicia, como la dispersión o la densidad demográfica, apenas cambia
03 dic 2021 . Actualizado a las 20:42 h.En Galicia se ubican cuatro de cada diez núcleos de población de España. La Administración debe llegar a estas 31.126 entidades repartidas por el territorio haciendo un mayor esfuerzo económico, argumento que el gobierno gallego empleó para exigir, junto a otras siete comunidades con características demográficas parecidas, un nuevo modelo de financiación autonómica. Las 17 comunidades se han dividido en los últimos meses en tres grandes grupos para reclamar una reforma de ese reparto, que encontró este viernes la primera respuesta formal del Gobierno con una semana de retraso al plazo que se había fijado.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitió a todas las autonomías de régimen común la propuesta del Gobierno para impulsar el nuevo modelo en base al criterio de población ajustada. El documento incorpora indicadores «más robustos, detallados y realistas» para fijar la distribución del gasto sanitario, educativo y de los servicios sociales a partir de dos variables correctivas: las de carácter demográfico, como la población en edad escolar o la más envejecida; y las geográficas, como la densidad de población o la dispersión de las entidades locales.
Las ocho comunidades reunidas en Santiago el pasado martes 23 de noviembre acordaron encarar el debate sobre la financiación hacia este último criterio, el geográfico. La Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, entre tanto, coincidieron en profundizar en el demográfico, denunciando aspectos como el impacto de la población flotante. Las autonomías que, como Galicia, apuestan por reforzar los criterios geográficos argumentan que la dispersión de la población o la densidad demográfica incrementan las necesidades de gasto, como expusieron el presidente Alberto Núñez Feijoo y los otros siete homólogos en la cumbre de Santiago. El texto presentado por el Gobierno reconoce el «desafío clave para muchas regiones» —en alusión a estas ocho— ante el reto demográfico, pero la ponderación en el reparto, pese al esfuerzo que anuncia Hacienda, pasa del 3 % actual a una horquilla de entre el 3 y el 4 %.
La apuesta por tanto es blindar el criterio demográfico, es decir, la edad de la población, e impulsar el gasto sanitario y educativo. En el primer caso, se corrigen los tramos de edad donde se aplicaban los coeficientes, pasando de siete franjas etarias a 20. Este mayor desglose supondrá «precisar mucho más el coste real sanitario». Así, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual del 38 % a una horquilla entre el 40 y el 45 %. En el ámbito educativo, se pasará del 20,5 % contemplado hasta ahora a entre el 25 y el 30 %. La opción preferente de Hacienda es sumar al cálculo a alumnos que entren en Formación Profesional y a la población universitaria menor de 24 años —hasta ahora el modelo llegaba solo hasta los 16 años—.
La ponderación del gasto en servicios sociales se abriría del 8,5 % a una franja entre un 6 y un 10 %. La porción dedicada al resto de servicios, como el gasto en justicia, infraestructuras o empleo, es la única que se reduce al pasar del 30 % a un baremo entre el 18 y el 22 % centrado solo en el número de habitantes de la comunidad autónoma.
La ministra María Jesús Montero se mostró este viernes confiada, tras un acto en Sevilla, en que las comunidades autónomas realicen sus aportaciones a este documento, que elogió como «bien preparado y documentado».
Cantabria pide hacer un «frente común» con Galicia, y Valencia valora la propuesta
El documento de 240 páginas enviado por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas no encontró por ahora respuesta en la Xunta, que no ha valorado aún la propuesta. Sí lo hicieron comunidades como Cantabria, cuyo presidente Miguel Ángel Revilla participó en el encuentro organizado por Feijoo en Santiago el día 23 y que, por ahora, reconoció que el texto «no le gusta» y «suena mal». La consejera de Hacienda cántabra, María Sánchez, defendió ayer hacer un «frente común» con Castilla y León, Asturias y la propia Galicia para que el nuevo sistema de financiación autonómico «sea lo más ventajoso posible».
En el bloque mediterráneo, el Gobierno valenciano consideró ayer que la propuesta de cálculo de la población ajustada se aproxima más a sus necesidades de gasto. En un primer análisis del documento, el consejero de Hacienda, Vicent Soler, afirmó que el criterio empleado para el reparto es «un avance muy significativo». En Cataluña, otra comunidad que se considera infrafinanciada por el modelo actual junto a Madrid y Baleares, el presidente Pere Aragonès lamentó que el concepto empleado por el Ministerio de Hacienda «no se ajusta» a la realidad catalana.
El Gobierno central explica que el objetivo con esta primera propuesta es «abrir un debate leal y riguroso, que supere la dialéctica de comunidades ganadoras y perdedoras, y que apueste por un modelo racional, en el que los intereses de todas las comunidades confluyan».
