José Alberto Díez de Castro: «Sigue habiendo títulos ineficientes en la universidad»
GALICIA
El nuevo plan de financiación blinda económicamente a las instituciones de educación superior pero les exige corresponsabilidad, advierte el secretario xeral de Universidades, «por primera vez podrán perder dinero»
27 nov 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Es un veterano de la administración autonómica y la política universitaria. José Alberto Díez de Castro (Málaga, 1956) ha pilotado tres planes de financiación con las universidades y, a la vista del consenso con los tres rectores gallegos, este último mejora considerablemente los anteriores.
-¿Cómo se sitúa Galicia en relación a otras comunidades y a su PIB con este nuevo plan de financiación 2022-2026?
-En cuanto a modelo teórico seríamos los segundos, ya que a excepción del País Vasco, con un sistema aún más sofisticado que el nuestro, no hay otra comunidad con un plan así. En relación al PIB es complicado porque en realidad no hay referencias estadísticas sólidas. Nosotros solo usamos estudios que comparan las 17 comunidades con la misma metodología. Uno de los últimos es el del Observatorio del Sistema Universitario, que nos situaba en un 0,71 % del PIB en el 2017, cuando la media de España es del 0,58 %. En otros estudios, como los de La universidad española en cifras o la Fundación CYD, que usan otros indicadores, estamos también en la tercera o cuarta posición siempre.
-Una cifra que mejorará con este plan...
-Esperemos que sí. Una de las novedades que en este plan ponemos por escrito es la corresponsabilidad. Es decir, el plan es de la Xunta, se negocia con las universidades y ellas se hacen corresponsables. Reciben un dinero y tienen que usarlo para cumplir con la docencia, la investigación y la transferencia, y también para obtener más financiación. No solo recibir, también captar.
-También incluye recursos vinculados a cumplir indicadores.
-El documento incluye un panel de 41 indicadores, que conllevan un montante de 60 millones de euros en el 2022 para las tres universidades. Cada universidad se llevará la parte que le corresponda en función de cómo lo haga. Cada indicador tiene una ponderación diferente y entre ellos se valora el porcentaje de mujeres en el personal docente e investigador, tener titulaciones conjuntas, títulos en inglés, profesorado extranjero, el número de grupos de investigación con ayudas, los contratos con empresas, la menor tasa de abandono... No obstante, la principal novedad es otro fondo, que llamamos de mejora, y que obliga a cumplir siete objetivos. En septiembre del 2022 veremos si se han cumplido, y si una universidad no ha cumplido uno, por ejemplo, en el 2023 se queda sin una séptima parte de ese fondo. Nunca la universidad había tenido la posibilidad de perder dinero, pero en el 2023 ya no lo tienen garantizado.
-¿De qué tipo de indicadores se trata?
-Hay dos que demuestran el interés que tenemos en la contabilidad analítica. La gran utilidad de esta contabilidad es que te permite detectar, por ejemplo en la docencia, cuánto te cuesta cada crédito que impartes en cada máster, grado o doctorado.
-Y quizás no son más caros los títulos científicos, como se cree.
-No, Medicina no es la más cara. Es algo evidente, cuestan más las que tienen menos alumnos, porque los costes fijos son muy fuertes. El profesor entra aunque haya una persona en clase y cuesta lo mismo, y con el aula pasa algo parecido.
-¿Sigue habiendo titulaciones ineficientes?
-Sí sí. Sigue habiendo titulaciones ineficientes.
-¿Ineficientes por qué?
-Por varios motivos. Hace diez años que pedimos que los títulos de grado tuviesen un mínimo de 50 alumnos y diez años después se sigue incumpliendo este decreto. Tenemos una serie de titulaciones singulares, que no tienen por qué cumplir esta condición y que vamos a actualizar en el 2022, pero aún así hay otros títulos que están funcionando mal, el año que vienen funcionarán mal, y nunca van a ser singulares, como las titulaciones multiplicadas de baja demanda.
-¿Por ejemplo?
-Por ejemplo algunas profesionalizantes con baja demanda, como las agrarias. Tenemos otro título que es singular a día de hoy pero es una catástrofe, Minas. En Obras Públicas hay un título en Lugo y dos en A Coruña, y los de A Coruña hasta comparten edificio, lo lógico es que se fusionen, a nadie le gusta pero hay que hacerlo. Hay que tener en cuenta una cosa, llevamos veinte titulaciones nuevas en cinco años, y el año que viene implantamos otra docena, y no hay más alumnos, por lo que no podemos seguir desperdiciando. Un dato, los másteres con asignaturas de dos o menos alumnos y los grados con cinco o menos estudiantes representan poco más del 1 % de las materias y consumen más del 15 % de las horas de profesorado. La Xunta no va a dar ni un euro por esos créditos, para estimular a las universidades a que tomen medidas. Al mismo tiempo estamos implantado titulaciones nuevas que han funcionado muy bien.
-¿Seguirán congeladas las tasas de matrícula un año más?
-Sí, y además ahora porque nos obliga el Ministerio. Castells estableció una norma por la que en el 2023-24 los precios de matrícula deben ser los del curso 2011-12. Nosotros no tenemos que movernos, nos han tomado como modelo, y el resto de comunidades están bajando los precios.
«Hubo una época en la que dijimos 'ladrillo no', pero se necesitan condiciones dignas»
El plan de financiación permitirá movilizar a las tres universidades 3.208 millones de euros en cinco años, 2.488 directamente aportados por la Xunta. A mayores, en el 2022 se negociará un plan de infraestructuras, también quinquenal, tras años sin apenas inversión en equipamientos.
-¿Maneja la Xunta una cifra para el plan de infraestructuras?
-No, depende todavía de los fondos europeos que nos lleguen, pero en los próximos meses las universidades tendrán que presentar un programa bien definido de los edificios e importes que necesitan. Hay otro plan, que sí está dentro del de financiación, para equipamientos de I+D. En el ámbito científico ha habido construcciones pero en los últimos años facultades nuevas no se han hecho. Hubo una época en la que se dijo 'ladrillo no', pero son necesarias unas condiciones dignas para ejercer las funciones de la universidad.
-Han hecho alegaciones a la nueva ley de universidades, por ejemplo en la gobernanza.
-Hay informes de sobra que analizan lo que hace Europa y todos tienen una línea común, incrementar los representantes externos en los órganos de gobierno de las universidades públicas. Hay que abrir la ventana al mundo. El sistema actual colapsa las decisiones y convierte al equipo rectoral un poco en cautivo de los órganos colegiados. O cambia la gobernanza en sintonía con lo que pasa en Europa o te quedas atrás. Esta ley no se negoció, todo el mundo está descontento.
-La Xunta también pidió estar en los órganos de gobierno de la universidad, ¿con voz o también con voto?
-Nosotros no tenemos ningún interés en estar en los órganos de gobierno, pero en la última versión de la ley reservan un 10 % del consejo de gobierno a los consejos sociales, por eso dijimos, puestos a meter a alguien en el consejo de gobierno el primer candidato es la comunidad, y si no, no metas a nadie. En esta ley todo parece que es improvisado pero estamos hablando de una ley orgánica y pasarán veinte años hasta que haya otra. Cuestiones que están recogidas en todos los informes, como que el rector nombre a los decanos -que estaba en la primera versión- o que haya un número reducido de miembros en los órganos de gobierno, se han borrado. Es que encima los pasos que se dan van hacia atrás, acabaremos en la LRU. Con las comunidades, además, no se ha negociado nada.