El cartel colombiano de los Boyacos afronta 152 años por 2.095 kilos de coca confiscados en Galicia en el 2017

GALICIA

Llegada a los juzgados de Vigo de los acusados colombianos en la operación Terrón Dulce
Llegada a los juzgados de Vigo de los acusados colombianos en la operación Terrón Dulce M.Moralejo

Julio Peñaranda, considerado líder y fugado a su país tras salir en libertad provisional y detenido posteriormente, se expone a una petición de 15 años y 103 millones de euros; la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional pide cárcel para otros 15 procesados

24 nov 2021 . Actualizado a las 23:58 h.

La operación Terrón Dulce dejó un balance que va más allá de la actuación policial y judicial. Ocurrió en febrero del 2017, en las Rías Baixas, con el decomiso de 2.095 kilos de cocaína colombiana (con altísima pureza), con 29 investigados y, sobre todo, con el desmantelamiento de un cartel, el de los Boyacos, llegado desde el país americano para instalarse en Galicia.

El propósito era trabajar por su cuenta sin los colegas de oficio oriundos, un intento de expansión peligroso por los métodos violentos que aplican sin vacilar estas organizaciones para hacerse fuertes en zonas estratégicas. Hoy, cinco años después, la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional ha notificado el escrito de acusación solicitando penas de cárcel contra 16 de los 29 investigados inicialmente.

En total, se reclaman 152 años entre rejas -con peticiones que oscilan entre los 15 y los 4 años y multas millonarias. En el elenco de encausados destaca el considerado líder de la organización, Julio Peñaranda, alias Loco y alias Visaje. Él, tras obtener la libertad provisional en abril del 2020 con la condición de no abandonar España, decidió fugarse a su país natal. La huida duró hasta el pasado septiembre, que cayó a manos de las autoridades de Colombia y no dudaron de calificarlo como uno de los grandes señores de la coca en el país. Ahora, Peñaranda será extraditado a España para afrontar una petición de 15 años de cárcel y una multa de 103 millones de euros.

La misma petición se aplica al considerado su mano derecha e igualmente jefe de la organización: Ronald Alfredo Roa, alias el Mono, que se enfrenta a otros 15 años y a una multa de 114 millones de euros. Los 14 procesados restantes están considerados cómplices de una operación policial —desarrollada por el Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) en Galicia de la Policía Nacional, el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo y la Fiscalía Antidroga de Pontevedra— que implicó engañar a estos profesionales del negocio mediante un cebo en forma de 2.095 kilos de coca. Una estrategia para hacerles creer que la droga sería importada por unos socios que se la entregarían en el aparcamiento de un centro comercial ubicado en la Gran Vía de Vigo y en el aparcamiento de un hotel ubicado en la salida norte de Padrón.

Colaboración de la DEA

La investigación milimétrica salió tal cual se diseñó, pero los problemas surgieron a posteriori cuando la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional quiso conocer al detalle la cadena de custodia de la coca, facilitada por la agencia antidroga de los EE.UU., la DEA, para completar el señuelo.

Una de las comisiones rogatorias enviadas a la DEA, y que obtuvo respuesta, reveló el origen del alijo: «Las 105 balas de cocaína pesaban aproximadamente 2.454 kilogramos y fueron interceptadas en el mar Caribe por el Thetis, barco de la Guardia Costera de los Estados Unidos. El guardacostas, luego, transportó la cocaína a Key West, en Florida, y transfirió la custodia a agentes de la DEA. La cocaína, posteriormente, fue transportada a la DEA Miami Field Warehouse. Aproximadamente 11 kilogramos fueron retirados como muestra representativa. El 23 de enero de 2017, la droga se transportó al aeropuerto de Miami, donde se transfirió la custodia de un agente especial de la DEA a personal de la Policía Nacional española. Se preparó para ser cargada en un vuelo de Iberia con destino a Madrid».

Ahora, cinco años después, la Fiscalía formaliza la acusación contra casi la mitad de los 29 investigados inicialmente y secunda la técnica policial aplicada para transportar el alijo, en avión comercial, desde los EE.UU. a España. Está por ver qué pasará en el proceso que resta hasta iniciar el juicio oral dadas las dudas planteadas por los numerosos abogados personados en el procedimiento.