Ocho presidentes autonómicos firman un acuerdo de 35 puntos sobre demografía, medio rural y financiación
GALICIA
Aseguran que no son un frente «contra nadie» y que solo quieren «ayudar» al Gobierno a resolver problemas complejos y estructurales de España, empezando por el reparto de fondos
24 nov 2021 . Actualizado a las 15:07 h.Ocho presidentes, tres partidos, un acuerdo con 35 puntos y un objetivo compartido: una financiación autonómica más justa, equilibrada, solidaria y que responda al coste real de los servicios, más caros allí donde la población está más envejecida y dispersa en territorios poco poblados. Son las líneas que unen la declaración institucional conjunta firmada por Javier Lambán (Aragón-PSOE), Emiliano García-Page (Castilla La Mancha-PSOE), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León-PP), Guillermo Fernández Vara (Extremadura-PSOE), Concha Andreu (La Rioja-PSOE), Miguel Ángel Revilla (Cantabria-Partido Regionalista Cántabro) y Alberto Núñez Feijoo (Galicia-PP), que ejerció de anfitrión en Santiago.
El documento rubricado por las ocho comunidades, que representan un 62 % del territorio de España y a un 24 % de su población, incide en un elemento común, y es la necesidad de elevar la crisis demográfica a la primera línea política, teniendo presente que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos con independencia de dónde vivan.
Para combatir los efectos de la pérdida de población, los presidentes se han puesto como objetivo universalizar la gratuidad para el acceso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, una medida que Galicia va a implantar el próximo curso y para la que todas piden el respaldo del Gobierno de España. Y también se hace una mención expresa a realizar un esfuerzo por el retorno de españoles en el extranjero, así como sus descendientes, un flujo que permita compensar la pérdida de habitantes. Para esas personas y para las que quieran vivir en zonas rurales, habrá que ofrecerles buenas alternativas. Sin salir de este ámbito, el acuerdo incluye la defensa conjunta de la cadena alimentaria, de forma que los ganaderos y agricultores se puedan garantizar un sustento y precios justos. Asimismo, piden que se garanticen los servicios bancarios, postales y farmacéuticos en los ayuntamientos menos poblados, garantizando las infraestructuras tecnológicas para acortar la brecha digital.
En materia sanitaria, los presidentes han pactado con carácter genérico un sistema más homogéneo en todos los territorios, y para ello solicitan al Gobierno que habiliten la formación y creación de nuevas plazas de médicos para afrontar las jubilaciones masivas que se avecinan, y para favorecer áreas especialmente mal dotadas como la medicina de familia o la pediatría.
En el documento hay artículos solidarios con territorios concretos con problemas especialmente acusados, como es el caso de la despoblación en Cuenca, Soria y Teruel, provincias con una media de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado que no entran en los parámetros de la Unión Europea para ser consideradas zonas escasamente pobladas (8 habitantes), por lo que tampoco pueden acceder a fondos extraordinarios, que sería el objetivo que se trasladará a Bruselas.
En cuestiones estrictamente económicas, los presidentes plantean que se aproveche la negociación del nuevo modelo para dotar de más recursos el sistema, corrigiendo los déficits anteriores y posibilitando que ninguna comunidad acabe con menos recursos que con el modelo en vigor, planteado en el 2009 y pendiente de renovación desde el 2014. Para afinar los nuevos cálculos, y poniendo el foco en los gastos sanitarios, se propone al Gobierno que se incluya un nuevo tramo de edad, uno de mayores de 65 años, y otro especial para los que superan los 85, aumentando su ponderación, en la medida en que se trata de población con una alta demanda de los servicios sanitarios públicos. Este tramo de edad también será tenido en cuenta para actualizar y compensar de una forma más ajustada los gastos relativos a la dependencia. Y para evitar futuros desequilibrios, ponen como reto la revisión y actualización del impacto de las medidas que asuma el Gobierno de España pero que tengan repercusión en las finanzas autonómicas.
El texto acordado también vela por los intereses de las entidades locales, al reclamar que se aborde de forma inminente la reforma de la financiación de los ayuntamientos, y hace mención al cumplimiento por parte del Estado de las normas adelantadas para la gestión de los fondos europeos Next Generation, comprometiéndose a cumplir sus objetivos de digitalización y sostenibilidad pero garantizando también que llegan a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo sería que las comunidades accedan a la gestión directa de un 50 % de los fondos, y que estos tengan un sesgo demográfico para apoyar aquellos territorios con mayores problemas de despoblación.
Desacuerdo con el lobo
El texto aprobado incluye un artículo adicional del que se han descolgado las comunidades de Extremadura y La Rioja, pero que han firmado el resto. Se trata de una petición al Gobierno de España para abrir de nuevo un espacio de consenso y diálogo en torno a la gestión y conservación del lobo. Fue uno de los asuntos que quiso incluir a última hora el presidente cántabro, que justificó su inclusión en la declaración institucional por considerar que la presencia del lobo en el medio rural, que los responsables estatales quieren proteger por ley, supone una amenaza para la agricultura y la ganadería, poniendo en peligro la actividad que sustenta la presencia del hombre en el medio natural.
En sus declaraciones previas y posteriores todos los dirigentes se esforzaron en aclarar que la cita, denominada Foro Santiago. Camino de Consenso no es un frente «contra nadie», pero todos eran conscientes de que, al margen del País Vasco y Navarra, con sendos sistemas forales, hay al menos otras siete comunidades que, respetando la mayor parte de los principios consensuados en Compostela, apuestan por fórmulas de cálculo diferentes que encajan mejor en su perfil demográfico, más joven y dinámico. El contrapeso lo conforman por un lado Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana, que se consideran infrafinanciadas con el actual modelo; y, por otro, Baleares, Cataluña y Madrid, que son las tres comunidades que más aportan y menos reciben en el actual reparto.
Pese a que el encuentro se presentó como un acto transversal de presidentes, los dirigentes de los dos partidos principales partidos llegaron aleccionados por sendas direcciones. De hecho, los dirigentes socialistas pidieron un aplazamiento de la cita, prevista para el día 2, para buscar una posición común coordinada con Ferraz, mientras que Génova ha pedido «luz y taquígrafos» y ha delegado en Feijoo el posicionamiento popular en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará a principios del 2022 en La Palma y en la que se abordarán más asuntos que el de la financiación autonómica.
Los presidentes
Alberto Núñez Feijoo (Galicia): «Son cuestiones en las que creemos que tenemos razón, y lo tenemos que decir con respeto al que discrepa. Creo que hemos sido útiles, desde el rigor, la transparencia y la lealtad, con los ciudadanos, con nosotros mismos y con el Gobierno de la nación»
Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León): «La financiación autonómica es la esencia de la justicia social, que empieza por garantizar una financiación que cubra los servicios públicos de todas las personas vivan donde vivan. Esta reunión y esta declaración tienen como base la igualdad y la cohesión territorial de toda España».
Guillermo Fernández Vara (Extremadura): «La pandemia nos ha puesto a prueba, sobre todo a la capacidad del sistema nacional de salud en un momento de máximo estrés. Ahora queda un shock postraumático, por eso es importante hablar de qué sanidad queremos tener y cómo la queremos tener».
Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha): «Hemos sumado constructivamente, sin la pretensión de tener toda la verdad, pero el puzle de la pluralidad lo tiene que componer el Estado. La pluralidad no se contrapone con la unidad, y este formato me parece que se está consolidando. Tenemos la idea de que casi todas las comunidades autónomas podrían compartir estos asuntos con nosotros, así que no se agota el circuito».
Javier Lambán (Aragón): «Los debates han tenido elementos interesantes que compartimos. Se han centrado en la financiación y la despoblación, en el abandono de la España rural e interior. Porque despoblación y financiación son dos caras de la misma moneda».
Concepción Andreu (La Rioja): «Ha sido un encuentro de consenso necesario. El centro es la ciudadanía, abordando el reto demográfico desde todas las variantes. Y sirve de apoyo al Gobierno de España: si ocho comunidades tienen puntos en común será más fácil alcanzar el consenso».
Adrián Barbón (Asturias): «Cuando uno habla de financiación autonómica habla de qué estado queremos ofertar. Luego cada comunidad lo aplicará de una manera u otra, pero si no hay financiación ponemos en riesgo los servicios. No defendemos tener más posibilidades, sino que los servicios tengan la misma calidad en todo el territorio».
Miguel Ángel Revilla (Cantabria): «La financiación no se puede calcular por habitante, porque de esa forma contribuimos a que haya más Madrid, más Valencia, Barcelona o Sevilla. Hay que hacerlo en función del coste de los servicios. ¿Cuál es el temor? Que los políticos están condicionados por los votos, que están donde vive mucha gente».
Para la líder del BNG, Ana Pontón, el texto pactado por los 8 presidentes es una «mera declaración de intencións» y pidió a Feijoo «ambición para defender un modelo de financiamento a favor de Galiza» al entender que el actual «é unha vía morta». La propuesta de financiación del Bloque pasa por elevar al 90 % la cesión del IVA y del IRPF, gestionar el impuesto de sociedades directamente desde Galicia, y que tributen en la comunidad las empresas con actividade económica en el territorio.
Las grandes claves del acuerdo firmado por los presidentes de ocho comunidades en Santiago
La declaración institucional del «Foro Santiago, Camino de Consenso» propone al Gobierno que los fondos del Estado se repartan siguiendo una nueva ponderación por grupos de edad a partir de los 65 años, edad a partir de la cual los gastos sanitarios se disparan
Juan Capeáns / M.Varela
Los presidentes de las ocho comunidades -Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha- llegaron a Santiago con un acuerdo muy trillado previamente por sus respectivos gabinetes, que pulieron un documento del que emanan 35 artículos, algunos con consideraciones más genéricas y otros con aportaciones muy concretas que esperan que el Gobierno de España tenga en cuenta total o parcialmente a la hora de negociar con todas las comunidades.
1. Crisis demográfica
Los primeros puntos del documento inciden en elevar la cuestión demográfica al nivel de prioridad institucional y recuerdan la necesidad de activar un fondo estatal —comprometido— para paliar las desventajas de los territorios más afectados. Se demanda ayuda del Gobierno para universalizar la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, que Galicia financiará a partir del próximo curso, así como promover el retorno de ciudadanos españoles y sus descendientes.
2. Medio rural
Cinco puntos tienen al medio rural como gran protagonista. Las comunidades reclaman más facilidades para asentarse en entornos naturales proyectos vitales de personas procedentes de ámbitos urbanos, y se conmina al Gobierno de España a defender ante Europa la ampliación del concepto de «zona escasamente poblada» —con especial atención a Teruel, Soria y Cuenca— para acceder a ayudas comunitarias. Además, se demandan garantías para garantizar precios justos en el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como el mantenimiento de servicios como los bancarios, postales y oficinas de farmacia. Fijan como objetivo la cobertura tecnológica del 100 % del territorio para acortar la brecha digital, y auspician un acuerdo para que las políticas de conciliación o natalidad tengan también repercusión en el medio rural.
3. Sanidad
Las comunidades quieren una sanidad pública con «servicios homogéneos», y piden un pacto nacional de «urgencia» para promover la formación y oferta para profesionales sanitarios, sobre todo en las especialidades de medicina de familia y pediatría.
4. Financiación
De forma genérica exigen un nuevo modelo de financiación en el que pesen más los criterios demográficos para responder con «eficacia y equidad» a las demandas de los ciudadanos, «vivan donde vivan». Y quieren que ese debate se dé en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades, evitando así negociaciones «bilaterales» con el Estado, desde el «absoluto respeto» a los territorios con intereses diferentes. Según esta suerte de G8 autonómico, «el objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos» para evitar desequilibrios territoriales. E instan al Gobierno central a definir «cuanto antes» una metodología de trabajo y un calendario.
5. Método de reparto
El objetivo «inexcusable» es que todas las comunidades puedan prestar «servicios similares» con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. Y marcan unos principios de mínimos, como el de suficiencia, garantizando los ingresos adaptados a las necesidades de gasto de las comunidades, alentando la responsabilidad en su ejercicio. Para ello, proponen la creación de un catálogo de servicios con mecanismos de financiación asegurada y nivelación. Los ocho creen que el sistema necesita más recursos porque «todas» las comunidades sufren infrafinanciación con el modelo vigente. Ninguna debe acabar con menos dinero como consecuencia de la modificación del sistema.
6. Los criterios
Las necesidades de financiación deben fijarse atendiendo a los siguientes factores: los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad y el envejecimiento, condicionantes «innegables» de un mayor coste en la prestación de servicios, por lo que deben tener mayor peso en la ponderación del nuevo sistema. Las circunstancias geográficas obligan a multiplicar los servicios y los recursos destinados, mientras que las demográficas, las relacionadas con los segmentos de mayor edad, lastran los costes farmacéuticos, sanitarios o de dependencia. Para atinar más con los criterios, proponen la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en la cuenta final de los servicios públicos.
7. Nuevo grupo de edad
Poniendo la lupa de aumentos sobre las cuestiones relacionadas con el envejecimiento, los presidentes han acordado proponer que se incluya en la ponderación un nuevo grupo de edad entre los más veteranos, esto es, uno entre 65 y 85 años, y otro a partir de esa edad, en la que los gastos sanitarios se intensifican. En la medida en que se trata de conjuntos dinámicos, piden que se realicen revisiones periódicas para ajustar estos indicadores. Ese grupo de 85 años también se tendrá en cuenta para una correcta aplicación de la Ley de dependencia, ya que es a partir de esa edad en la que se concentra el mayor número de grandes dependientes y los destinatarios más intensivos del sistema. Para evitar situaciones de desequilibrio como las generadas por esta ley —de origen estatal, pero de aplicación autonómica— las comunidades exigen «lealtad institucional» para que el desarrollo futuro de cualquier normativa tenga una compensación económica adecuada.
8. Otros recursos
Al margen del sistema ordinario de financiación, los ocho territorios exigen que se potencie el Fondo de Compensación Interterritorial con una adecuada dotación presupuestaria y una reforma del reparto. También piden que los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades respete la igualdad de trato entre todos los demandantes, sin generar perjuicios. Esta reclamación se hace extensiva a los fondos Next Generation, que se deben repartir con «criterios estables y objetivos». Además, ven necesario que en la reconsideración del sistema autonómico incorpore la «necesaria» reforma de la financiación local. Por otra parte, las comunidades firmantes reclaman mecanismos y un compromiso del Gobierno para que no vuelva a repetirse una detracción de recursos económicos como la que sucedió en el 2019, cuando un cambio impulsado dos años antes en el Suministro Inmediato de Información sobre el IVA, el sistema que liquida las cantidades para cada territorio según el consumo, dejó sin el ingreso de un mes a todos los gobiernos autonómicos y locales, con la conocida corrección por parte de los tribunales. También reclaman al Ministerio de Hacienda que de la actividad de las televisiones autonómicas se pueda deducir el IVA soportado hasta el 2021 —con el aval de una sentencia de los tribunales europeos— así como un mínimo de deducibilidad a partir del 2022.
9. Fondos europeos
Las ochos comunidades quieren una «cogobernanza multinivel efectiva» para decidir sobre el destino del 50 % de los fondos europeos, un «compromiso» del Gobierno. Proponen que la asignación de recursos de la política de cohesión «no compita» con el reparto de los fondos de recuperación, asegurando su complementariedad y garantizando su impacto en los territorios con importantes desventajas demográficas. En cuanto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiación de proyectos públicos y privados, demandan que su uso tenga como pauta una salida «cohesionada» de la crisis, teniendo en cuenta factores como la renta per cápita y otros criterios vinculados al reto demográfico. E incluyen un guiño a las comarcas industriales con proyectos más agresivos con el medio ambiente, para las que piden un trato favorable que evite los «impactos negativos» sobre el tejido económico más perjudicado por la transformación hacia la neutralidad climática.
10. Y la discrepancia sobre el lobo
Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León incorporaron a la declaración institucional un acuerdo que no fue firmado por La Rioja y Extremadura. Las seis primeras quisieron así plasmar su apoyo a la ganadería extensiva y las economías de las zonas rurales en las que el lobo tiene presencia en España. Plantean un modelo de coexistencia basado en los planes de gestión de las comunidades para el control de manadas, y se reclama al Gobierno de España, que impulsó una ley de defensa del lobo, «que recupere los espacios de consenso y diálogo sobre su gestión y conservación».
¿Qué problemas comparten las ocho comunidades?
Entre Galicia y Extremadura no existen grandes lazos históricos más allá de la ruta de la Plata, y su variante del Camino de Santiago, o la fala que sobrevive entre Cáceres y Salamanca. Tampoco con La Rioja o Cantabria, al margen de compartir latitud en la Península. Y menos aún con Castilla-La Mancha. Pero Galicia comparte con ellas, y otras tres comunidades, varias características demográficas que las han llevado a aliarse en un bloque común para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica. Entienden que el reparto es «más justo, equilibrado y solidario» si responde al coste real de los servicios, que se encarecen en sus territorios por contar con una población más envejecida y dispersa.
Ocho presidentes de tres partidos distintos (todos del PSOE y PP salvo Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro), acordaron en Santiago este martes emplear la crisis demográfica como argumento principal para cambiar la financiación, además de poner en común políticas en materia sanitaria, educativa y económica para paliar la despoblación.
Galicia es la comunidad más poblada de este grupo, con casi 2,7 millones de habitantes. Se mantiene como la quinta con mayor censo del país, a pesar del estancamiento en el número de residentes desde hace años. Lo cierto es que ese equilibro se mantiene, en los últimos tiempos, por el saldo migratorio positivo (personas que llegan frente a las que se van). La operación permite compensar el retroceso de la natalidad y el progresivo incremento de la mortalidad, debido al envejecimiento de la población, cuya media de edad se aproxima a los 48 años. Por cada mil gallegos, en el 2020, nacieron 5,6 personas. En Murcia es casi el doble. En esta variable, Galicia cuenta con la segunda tasa más baja después de Asturias. Le siguen Castilla y León y Cantabria. Solo La Rioja y Castilla-La Mancha, en este G8 reunido en Compostela, supera los 7 nacimientos por cada mil habitantes.
En cuanto a la tasa de mortalidad, la operación de calcular cuántas personas mueren por cada mil residentes, Galicia tiene por delante a Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Si el índice en la comunidad es 12,1, en Baleares y Canarias no llega al 7,5. Estos registros responden a un índice de envejecimiento disparado desde hace años, responsable del tobogán demográfico que experimenta Galicia. La proporción de mayores de 64 años duplica a la de menores de 16, una circunstancia que solo se repite en Castilla y León y Asturias. Así, las comunidades del noroeste peninsular comparten idénticos desafíos demográficos.
Las ocho comunidades pasan de los 81 años en esperanza de vida al nacer. Castilla-La Mancha presenta la más baja, con 81,25 años. En el extremo opuesto, Baleares, con 83,4. Los gallegos que nazcan hoy tienen una esperanza de vida de 83,3 años, la tercera más alta de España, cuya media es un punto inferior.
Otro argumento empleado por los gobiernos autonómicos reunidos en Santiago es la dispersión de la población. En Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León hay entre 25 y 28 vecinos por kilómetro cuadrado, las densidades más bajas del país. En Galicia se superan los 91 habitantes, lejos de los 238 de Cataluña o los 841 de Madrid. Entre las diez comunidades con menor densidad de población, ocho pertenecen a este bloque. En ningún otro territorio se asientan los vecinos como en Galicia, que cuenta con 31.126 entidades de población diferentes. Representan el 40 % del total nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Castilla y León y Asturias ocupan las siguientes plazas, con 8.368 y 7.558 núcleos, respectivamente.
La renta de las familias es también un criterio común entre estas ocho comunidades, si bien existen grandes diferencias, como los casi 10.000 euros de distancia entre extremeños y riojanos. Galicia es la sexta comunidad con menos ingresos netos por hogar, con 27.862 euros de media. Navarra y País Vasco, en primer lugar, superan los 37.500 euros.