Las grandes claves del acuerdo firmado por los presidentes de ocho comunidades en Santiago
GALICIA
La declaración institucional del «Foro Santiago, Camino de Consenso» propone al Gobierno que los fondos del Estado se repartan siguiendo una nueva ponderación por grupos de edad a partir de los 65 años, edad a partir de la cual los gastos sanitarios se disparan
23 nov 2021 . Actualizado a las 21:05 h.Los presidentes de las ocho comunidades -Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha- llegaron a Santiago con un acuerdo muy trillado previamente por sus respectivos gabinetes, que pulieron un documento del que emanan 35 artículos, algunos con consideraciones más genéricas y otros con aportaciones muy concretas que esperan que el Gobierno de España tenga en cuenta total o parcialmente a la hora de negociar con todas las comunidades.
1. Crisis demográfica
Los primeros puntos del documento inciden en elevar la cuestión demográfica al nivel de prioridad institucional y recuerdan la necesidad de activar un fondo estatal —comprometido— para paliar las desventajas de los territorios más afectados. Se demanda ayuda del Gobierno para universalizar la gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años, que Galicia financiará a partir del próximo curso, así como promover el retorno de ciudadanos españoles y sus descendientes.
2. Medio rural
Cinco puntos tienen al medio rural como gran protagonista. Las comunidades reclaman más facilidades para asentarse en entornos naturales proyectos vitales de personas procedentes de ámbitos urbanos, y se conmina al Gobierno de España a defender ante Europa la ampliación del concepto de «zona escasamente poblada» —con especial atención a Teruel, Soria y Cuenca— para acceder a ayudas comunitarias. Además, se demandan garantías para garantizar precios justos en el sector agrícola, ganadero y pesquero, así como el mantenimiento de servicios como los bancarios, postales y oficinas de farmacia. Fijan como objetivo la cobertura tecnológica del 100 % del territorio para acortar la brecha digital, y auspician un acuerdo para que las políticas de conciliación o natalidad tengan también repercusión en el medio rural.
3. Sanidad
Las comunidades quieren una sanidad pública con «servicios homogéneos», y piden un pacto nacional de «urgencia» para promover la formación y oferta para profesionales sanitarios, sobre todo en las especialidades de medicina de familia y pediatría.
4. Financiación
De forma genérica exigen un nuevo modelo de financiación en el que pesen más los criterios demográficos para responder con «eficacia y equidad» a las demandas de los ciudadanos, «vivan donde vivan». Y quieren que ese debate se dé en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representadas todas las comunidades, evitando así negociaciones «bilaterales» con el Estado, desde el «absoluto respeto» a los territorios con intereses diferentes. Según esta suerte de G8 autonómico, «el objetivo que debe unirnos es el de acertar en la definición de los costes reales que suponen los servicios que prestamos» para evitar desequilibrios territoriales. E instan al Gobierno central a definir «cuanto antes» una metodología de trabajo y un calendario.
5. Método de reparto
El objetivo «inexcusable» es que todas las comunidades puedan prestar «servicios similares» con independencia de su capacidad para generar ingresos tributarios. Y marcan unos principios de mínimos, como el de suficiencia, garantizando los ingresos adaptados a las necesidades de gasto de las comunidades, alentando la responsabilidad en su ejercicio. Para ello, proponen la creación de un catálogo de servicios con mecanismos de financiación asegurada y nivelación. Los ocho creen que el sistema necesita más recursos porque «todas» las comunidades sufren infrafinanciación con el modelo vigente. Ninguna debe acabar con menos dinero como consecuencia de la modificación del sistema.
6. Los criterios
Las necesidades de financiación deben fijarse atendiendo a los siguientes factores: los costes fijos, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la orografía, la baja natalidad y el envejecimiento, condicionantes «innegables» de un mayor coste en la prestación de servicios, por lo que deben tener mayor peso en la ponderación del nuevo sistema. Las circunstancias geográficas obligan a multiplicar los servicios y los recursos destinados, mientras que las demográficas, las relacionadas con los segmentos de mayor edad, lastran los costes farmacéuticos, sanitarios o de dependencia. Para atinar más con los criterios, proponen la elaboración de un estudio independiente que evalúe el efecto de criterios como el nivel de renta, la tasa de paro o la pobreza en la cuenta final de los servicios públicos.
7. Nuevo grupo de edad
Poniendo la lupa de aumentos sobre las cuestiones relacionadas con el envejecimiento, los presidentes han acordado proponer que se incluya en la ponderación un nuevo grupo de edad entre los más veteranos, esto es, uno entre 65 y 85 años, y otro a partir de esa edad, en la que los gastos sanitarios se intensifican. En la medida en que se trata de conjuntos dinámicos, piden que se realicen revisiones periódicas para ajustar estos indicadores. Ese grupo de 85 años también se tendrá en cuenta para una correcta aplicación de la Ley de dependencia, ya que es a partir de esa edad en la que se concentra el mayor número de grandes dependientes y los destinatarios más intensivos del sistema. Para evitar situaciones de desequilibrio como las generadas por esta ley —de origen estatal, pero de aplicación autonómica— las comunidades exigen «lealtad institucional» para que el desarrollo futuro de cualquier normativa tenga una compensación económica adecuada.
8. Otros recursos
Al margen del sistema ordinario de financiación, los ocho territorios exigen que se potencie el Fondo de Compensación Interterritorial con una adecuada dotación presupuestaria y una reforma del reparto. También piden que los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez de las comunidades respete la igualdad de trato entre todos los demandantes, sin generar perjuicios. Esta reclamación se hace extensiva a los fondos Next Generation, que se deben repartir con «criterios estables y objetivos». Además, ven necesario que en la reconsideración del sistema autonómico incorpore la «necesaria» reforma de la financiación local. Por otra parte, las comunidades firmantes reclaman mecanismos y un compromiso del Gobierno para que no vuelva a repetirse una detracción de recursos económicos como la que sucedió en el 2019, cuando un cambio impulsado dos años antes en el Suministro Inmediato de Información sobre el IVA, el sistema que liquida las cantidades para cada territorio según el consumo, dejó sin el ingreso de un mes a todos los gobiernos autonómicos y locales, con la conocida corrección por parte de los tribunales. También reclaman al Ministerio de Hacienda que de la actividad de las televisiones autonómicas se pueda deducir el IVA soportado hasta el 2021 —con el aval de una sentencia de los tribunales europeos— así como un mínimo de deducibilidad a partir del 2022.
9. Fondos europeos
Las ochos comunidades quieren una «cogobernanza multinivel efectiva» para decidir sobre el destino del 50 % de los fondos europeos, un «compromiso» del Gobierno. Proponen que la asignación de recursos de la política de cohesión «no compita» con el reparto de los fondos de recuperación, asegurando su complementariedad y garantizando su impacto en los territorios con importantes desventajas demográficas. En cuanto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiación de proyectos públicos y privados, demandan que su uso tenga como pauta una salida «cohesionada» de la crisis, teniendo en cuenta factores como la renta per cápita y otros criterios vinculados al reto demográfico. E incluyen un guiño a las comarcas industriales con proyectos más agresivos con el medio ambiente, para las que piden un trato favorable que evite los «impactos negativos» sobre el tejido económico más perjudicado por la transformación hacia la neutralidad climática.
10. Y la discrepancia sobre el lobo
Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Aragón y Castilla y León incorporaron a la declaración institucional un acuerdo que no fue firmado por La Rioja y Extremadura. Las seis primeras quisieron así plasmar su apoyo a la ganadería extensiva y las economías de las zonas rurales en las que el lobo tiene presencia en España. Plantean un modelo de coexistencia basado en los planes de gestión de las comunidades para el control de manadas, y se reclama al Gobierno de España, que impulsó una ley de defensa del lobo, «que recupere los espacios de consenso y diálogo sobre su gestión y conservación».
¿Qué problemas comparten las ocho comunidades?
Entre Galicia y Extremadura no existen grandes lazos históricos más allá de la ruta de la Plata, y su variante del Camino de Santiago, o la fala que sobrevive entre Cáceres y Salamanca. Tampoco con La Rioja o Cantabria, al margen de compartir latitud en la Península. Y menos aún con Castilla-La Mancha. Pero Galicia comparte con ellas, y otras tres comunidades, varias características demográficas que las han llevado a aliarse en un bloque común para reclamar un nuevo modelo de financiación autonómica. Entienden que el reparto es «más justo, equilibrado y solidario» si responde al coste real de los servicios, que se encarecen en sus territorios por contar con una población más envejecida y dispersa.
Ocho presidentes de tres partidos distintos (todos del PSOE y PP salvo Miguel Ángel Revilla, del Partido Regionalista Cántabro), acordaron en Santiago este martes emplear la crisis demográfica como argumento principal para cambiar la financiación, además de poner en común políticas en materia sanitaria, educativa y económica para paliar la despoblación.
Galicia es la comunidad más poblada de este grupo, con casi 2,7 millones de habitantes. Se mantiene como la quinta con mayor censo del país, a pesar del estancamiento en el número de residentes desde hace años. Lo cierto es que ese equilibro se mantiene, en los últimos tiempos, por el saldo migratorio positivo (personas que llegan frente a las que se van). La operación permite compensar el retroceso de la natalidad y el progresivo incremento de la mortalidad, debido al envejecimiento de la población, cuya media de edad se aproxima a los 48 años. Por cada mil gallegos, en el 2020, nacieron 5,6 personas. En Murcia es casi el doble. En esta variable, Galicia cuenta con la segunda tasa más baja después de Asturias. Le siguen Castilla y León y Cantabria. Solo La Rioja y Castilla-La Mancha, en este G8 reunido en Compostela, supera los 7 nacimientos por cada mil habitantes.
En cuanto a la tasa de mortalidad, la operación de calcular cuántas personas mueren por cada mil residentes, Galicia tiene por delante a Castilla y León, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura. Si el índice en la comunidad es 12,1, en Baleares y Canarias no llega al 7,5. Estos registros responden a un índice de envejecimiento disparado desde hace años, responsable del tobogán demográfico que experimenta Galicia. La proporción de mayores de 64 años duplica a la de menores de 16, una circunstancia que solo se repite en Castilla y León y Asturias. Así, las comunidades del noroeste peninsular comparten idénticos desafíos demográficos.
Las ocho comunidades pasan de los 81 años en esperanza de vida al nacer. Castilla-La Mancha presenta la más baja, con 81,25 años. En el extremo opuesto, Baleares, con 83,4. Los gallegos que nazcan hoy tienen una esperanza de vida de 83,3 años, la tercera más alta de España, cuya media es un punto inferior.
Otro argumento empleado por los gobiernos autonómicos reunidos en Santiago es la dispersión de la población. En Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León hay entre 25 y 28 vecinos por kilómetro cuadrado, las densidades más bajas del país. En Galicia se superan los 91 habitantes, lejos de los 238 de Cataluña o los 841 de Madrid. Entre las diez comunidades con menor densidad de población, ocho pertenecen a este bloque. En ningún otro territorio se asientan los vecinos como en Galicia, que cuenta con 31.126 entidades de población diferentes. Representan el 40 % del total nacional, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Castilla y León y Asturias ocupan las siguientes plazas, con 8.368 y 7.558 núcleos, respectivamente.
La renta de las familias es también un criterio común entre estas ocho comunidades, si bien existen grandes diferencias, como los casi 10.000 euros de distancia entre extremeños y riojanos. Galicia es la sexta comunidad con menos ingresos netos por hogar, con 27.862 euros de media. Navarra y País Vasco, en primer lugar, superan los 37.500 euros.