El plan de autoprotección aeroportuaria responsabiliza a la autoridad estatal ante secuestros y amenazas de bomba
19 nov 2021 . Actualizado a las 20:24 h.La reglamentación aérea internacional obliga a prever cualquier incidencia que pueda ocurrir en un aeropuerto y las respuestas que se tienen que producir. Las responsabilidades ante una emergencia están repartidas entre las administraciones en las que se ubican las instalaciones y de las que dependan la seguridad y la propia titularidad del complejo aeroportuario.
El Plan Territorial de Protección Civil de Galicia o el homólogo estatal son los escalones que se activan en los casos más graves, todos ellos contemplados en el plan de autoprotección específico que debe de tener cada aeropuerto, y que establece desde dónde se debe ubicar un avión que registre un problema de seguridad en su interior, como ocurrió este viernes. También las rutas a seguir hasta la aeronave de los vehículos de emergencias o dónde se identifica un lugar apartado de la pista para desembarcar y revisar el avión y equipajes por parte de las fuerzas de seguridad. Otra de las tareas que deben prever es escoger dónde evacuar a los heridos y hacer un triaje sobre sus patologías para ordenar la atención sanitaria según la urgencia de cada uno.
Aunque no es una cuestión sencilla, en medios aeroportuarios se estima que en los casos de secuestros de aviones, motines y amenazas de bomba son las autoridades estatales las que deben hacerse cargo de la situación. Si se trata de un accidente o un incendio, serán las autoridades autonómicas vinculadas a los planes de emergencia las que se responsabilicen del caso, siempre que no trascienda al nivel 3 de activación. En este caso, es el ministro del Interior, por iniciativa propia o a instancias del delegado del Gobierno o de la comunidad autónoma, quien declara dicho nivel de emergencia. En ese caso, deberán de ser informados la dirección general de la Xunta responsable en materia de Protección Civil; la Axencia Galega de Emerxencias; y los alcaldes de los municipios afectados.
En el nivel anterior, el de las emergencias de interés gallego, es únicamente el presidente de la Xunta el facultado para activar o desactivar su declaración. Las investigaciones sobre siniestros tienen su propio cauce, el que sigue la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, adscrita al Ministerio de Transportes.
En Galicia están documentados tres incidentes con aeronaves comerciales. El más notable ocurrió en Alvedro en 1973, con 85 fallecidos y ningún superviviente. En 1978, un avión con 221 pasajeros colisionó contra la pista en Lavacolla, sin víctimas, como tampoco las hubo en 1994 en Peinador en otro accidente similar con 116 pasajeros.