La exmujer y la hija mayor de Sito Miñanco piden el indulto para esquivar la cárcel por lavar dinero de la coca con la inmobiliaria familiar
GALICIA
Afrontan tres años y medio cada una por gestionar el negocio, valorado en unos diez millones de euros; la Audiencia de Pontevedra otorga un año para resolver la gracia antes de ejecutar la condena
10 feb 2022 . Actualizado a las 18:13 h.El clan Miñanco hizo de la Inmobiliaria San Saturnino el símbolo más ostentoso de un imperio de bienes inmuebles levantando a base de importar toneladas de cocaína. Nació y perduró en la villa natal de la familia, Cambados, hasta ramificarse por buena parte de su comarca, O Salnés. El Tribunal Supremo, en abril, 36 años después de constituirse la sociedad mercantil, hizo firme el fallo que ubica el origen de su patrimonio —valorado en unos diez millones de euros— en el blanqueo de una parte de las ganancias generadas por el cabeza de familia con el tráfico de cocaína.
La condena a José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, implica tres años y nueve meses de cárcel, pero arrastra igualmente a su exmujer, María Rosa Pouso Navazas, y a la hija mayor de ambos, Rosa María Prado Pouso. Ambas afrontan tres años y seis meses por engordar y gestionar el patrimonio de San Saturnino. Ellas, a diferencia de Miñanco —ya en prisión y con previsión de permanecer otras dos décadas— se resisten a pisar una penitenciaría, como internas, por primera vez. De ahí que sus abogados hayan recurrido a la única herramienta que puede evitarlo: el indulto, que supone el perdón de la pena.
Sendas peticiones han sido trasladadas al Ministerio de Justicia, que tendrá que valorar los argumentos expuestos. El proceso es siempre el mismo: técnicos analizan los alegatos para valorar si está justificada su aprobación, ya sea total o parcial, o su rechazo. De considerarse justificado, se traslada al Consejo de Ministros para darle luz verde. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, que redactó la sentencia en primera instancia, tuvo conocimiento de sendas peticiones y ya se pronunció en julio sobre los plazos que manejan ambas condenadas.
Un año de plazo
La resolución judicial, de entrada, suspende el cumplimiento de la sentencia ejecutoria durante un año, iniciándose el plazo el mismo día que se firmó el citado auto (6 de julio del 2021). El documento recuerda que la petición de sendas gracias no implica la cancelación, y añade: «En el presente caso, atendiendo a las circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación a los condenados, al delito y a la naturaleza y a la duración de la pena a ejecutar, procede acceder a la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena impuesta mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo».
El cuarto condenado, el empresario José Alberto Aguín Magdalena, afronta un castigo de tres años y seis meses de cárcel por colaborar con el clan Miñanco en calidad de testaferro. El también optó por la misma estrategia. Reclama un indulto apelando a la ausencia de antecedentes, a la lejanía en el tiempo de los hechos juzgados, a la falta de reiteración delictiva y a la documentación laboral que acredita su trabajo en una bodega. A mayores, Aguín —que fue vicepresidente en el Club Juventud Cambados presidido por Miñanco y que tantos éxitos deportivos alcanzó— ha permutado la multa impuesta de cinco millones de euros por otros ocho meses de cárcel.
Pero más allá de las resoluciones que adopte el Ministerio de Justicia, lo realmente importante, a ojos de todos los actores en la lucha contra el narcotráfico en Galicia, es no demorar la gestión de gran patrimonio de esta inmobiliaria para evitar su devaluación cuando salga a subasta.
Prado Bugallo apela al Constitucional para presentar un recurso de amparo
El interno José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, permanece en la prisión de Estremera a la espera de cumplir su última condena —la primera por blanqueo y la tercera en total, tras dos en 1994 y 2004 por tráfico de cocaína—. También aguarda por la petición de cárcel derivada de su última detención —operación Mito, 2018—, acusado de liderar una organización asentada en Galicia, Marbella y Algeciras. Su estrategia procesal es muy diferente a la de su exmujer e hija mayor. Pasa por dilatar el castigo derivado de la trama que implicó la Inmobiliaria San Saturnino. Pero Miñanco no apela al Ministerio de Justicia mediante el indulto. Ha optado, a través de su abogado, por solicitar la aclaración de sentencia, que supone hacer comprensibles los conceptos que, a ojos del penado, resultan ambiguos o rectificar los contradictorios.
La segunda estrategia procesal de Miñanco implica llamar a la puerta del Tribunal Constitucional para presentar una demanda de amparo. Un recurso a disposición de los acusados que, interpretan, han sido vulnerados sus derechos encontrándose detenidos, presos o arrestados con infracción a la Constitución o a la ley. También que sufran cualquier otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.
Está por ver cómo finaliza este nuevo órdago del primer gran narco de cocaína en España, de 66 años y sabedor de que, además de esta condena, puede pasar otras dos décadas entre rejas por la operación Mito.
