La abogada general del Estado inauguró el curso de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia
GALICIA
Consuelo Castro repasó la protección jurídica que ha ido teniendo el paisaje
06 nov 2021 . Actualizado a las 00:34 h.La jurista ourensana Consuelo Castro Rey, máxima responsable de la Abogacía del Estado, abrió el curso académico 2021-2022 de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación (RAGJYL) con el discurso titulado Algunhas reflexións verbo da protección xurídica da paisaxe. El acto se celebró esta tarde en la sede de la institución, ubicada en A Coruña, en el edificio del Consulado.
Se trató del primer evento público de la organización, presidida por José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo. El jurista asumió el cargo el pasado 18 de septiembre después del fallecimiento de su antecesor, José Antonio García Caridad. En la apertura también se leyó un resumen de la memoria de actividades del curso.
La actual directora del Servicio Jurídico del Estado fue la primera mujer en entrar en esta organización como académica. En su intervención analizó «as máis recentes concepcións da paisaxe como marco xurídico necesario das políticas sectoriais que inciden sobre o territorio e as persoas que o habitan». Castro Rey es conocida por reivindicar el uso del gallego dentro en la justicia. La jurista ya había compartido un discurso en 2012 en la institución sobre la diversidad lingüística en el marco político del Estado.
Además, representa a España en el grupo de trabajo sobre derechos humanos y migración del Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Antes de ser nombrada abogada general del Estado en 2018, fue jefa general en Galicia de la abogacía del Estado, en A Coruña. Cosechó numerosas distinciones como los Premios Lois Peña Novo en 2015, una Cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y dos cruces distinguidas de primera y segunda clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
La jurista se refirió en su discurso a la evolución en el tratamiento jurídico del paisaje en relación con modelos de desarrollo económico. Propuso, también, una nueva forma de abordar los problemas derivados de la transición ecológica, la necesidad de instalar molinos de vientos, plantas de producción eléctrico. La intervención hizo hincapié en una posible conciliación entre el crecimiento y la protección del paisaje.
«La legislación del paisaje presente está modernizada porque se adapta al convenio de Florencia del Consejo de Europa, del que España es signataria. Es muy vanguardista en el abordaje jurídico del paisaje. Creo que el problema está en una aplicación de verdad, no tanto en que está excluido en nuestro derecho», afirmó.
El convenio del que habló Castro Rey fue concluido en el año 2000 y ratificado en España seis años después. Define el paisaje como cualquier parte del territorio en la que reside la población, un elemento fundamental del marco de vida de las personas. Según la abogada, el documento ofrece un cambio de paradigma en el concepto porque lo universaliza, no lo reduce a espacios concretos. También propone aspectos de protección distintos como el silencio.
«El convenio destaca el papel de los ciudadanos en la toma de decisiones. Considera que los territorios son un recurso favorable para la actividad económica y la generación de empleo. Hoy en día disponemos de un marco jurídico que permite adoptar perspectivas ambiciosas para lograr el equilibrio entre crecimiento y la sostenibilidad. Es necesario que los principios, que inspiran la normativa de protección del paisaje sea interiorizados por la sociedad», concluyó.