La rebaja del IRPF la notarán los que ingresen menos de 35.200 euros, más de un millón de gallegos
GALICIA
El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacó que Sanidade, Educación y Política Social acaparan el 75 % del aumento presupuestario de la Xunta
20 oct 2021 . Actualizado a las 20:00 h.La Xunta calcula que algo más de un millón de gallegos, el 90 % de los que tributan, notarán a partir del próximo año -a efectos de declaración de la renta, en el 2023-, la rebaja fiscal en el tramo autonómico que incorpora la ley de acompañamiento que ha iniciado, junto a los presupuestos del 2022, su periplo parlamentario para entrar en vigor a 1 de enero. El nuevo conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, eludió cuantificar el impacto en euros que va a tener en los bolsillos de los gallegos por la escalada del impuesto, pero sí aclaró que los que más lo van a notar son los que ingresen 35.200 euros o menos, esto es, «as rendas medias e baixas». Lo que ha hecho el departamento es crear una escala semejante a la estatal -el IRPF tiene una parte autonómica y otra que alimenta al Ministerio de Hacienda-, rebajando los tipos marginales hasta los 35.200 euros; la repercusión se notará, pero algo menos, entre los que declaren esa cifra y los 60.000 euros; y se crea un nuevo nivel por encima de los 100.000 euros, cuyo tipo marginal sube hasta el 23,5 %. Para hacer las nuevas tablas y calcular la repercusión real, Facenda ha trabajado con 18 escenarios de simulación.
Sin salir del ámbito fiscal, Corgos también señaló como notable la rebaja en el impuesto de Transmisiones, que pasa del 10 al 9 % con el objetivo de dinamizar el mercado inmobiliario. Y en Patrimonio, se mantienen los mínimos exentos y se establece una nueva bonificación del 25 % de la cuota. En total, incluyendo impuestos y otras tasas, Galicia aplicará unos beneficios fiscales por bonificaciones de 522 millones. Un 93 % de los mismos son de carácter social, destacó el conselleiro.
Corgos ofreció estas explicaciones tras entregar en el Parlamento de Galicia las cuentas del 2022, cumpliendo el plazo previsto para que entren en vigor el próximo 1 de enero. La cifra sobre la que pivotan las cuentas son los 11.627 millones de euros de los que dispondrá la Administración autonómica para garantizar su funcionamiento, el pago de salarios y las inversiones en servicios públicos. Es un 6,9 % más que el montante manejado este año, en el que la inyección de los fondos extraordinarios por el covid obliga a hacer una comparativa condicionada. Así, la Consellería de Sanidade consigue alcanzar los 4.588,7 millones de euros, una cifra muy similar a la del 2021 con la diferencia de que no se cuenta con partidas extraordinarias, como tampoco habrá, supuestamente, gastos añadidos como han sido los generados por la vacunación y la contratación de personal para atender la demanda asistencial provocada por la pandemia. De ahí que la Xunta interprete que esos 268,7 millones adicionales se puedan considerar un crecimiento estructural y se vayan a dedicar a mejorar el servicio gallego de salud. En concreto, el titular de Facenda señaló la creación de 1.330 empleos públicos para la Consellería de Sanidade. Al margen, habrá una partida de 115 millones para blindar las inversiones en infraestructuras como hospitales y centros de salud.
Educación, por su parte, contará con 177,5 millones más hasta alcanzar los 2.751 millones; y Política Social notará un incremento de 115,6 millones, hasta los 928 millones.
Los presupuestos también incorporan un refuerzo en las inversiones, que alcanzarán los 2.554,5 millones, una cifra que no se alcanzaría de no haber incluido la liquidación negativa del 2020, de 368 millones de euros; y los 211 que Hacienda debe pagar a Galicia por una mensualidad del IVA del 2017, una transferencia que Galicia tiene garantizada porque está presupuestada por el Gobierno de España para el próximo año, además de contar junto a Castilla y León con la baza de la resolución del Supremo, que le dio la razón a Galicia en su empeño por cobrar esos fondos. En cualquier caso, Corgos advirtió que la recepción de recursos por la financiación autonómica ordinaria pactada con el Estado cae en 222 millones. «É evidente que precisa unha revisión», señaló.
El funcionamiento interno de la Administración necesitará también la mayor dotación de la historia. En total, las nóminas de la Xunta, que rondan las 90.000 (contando la docencia universitaria, la sanidad y la justicia) 4.327 millones de euros, un 4,9 % más de gasto corriente, incluyendo el 2 % de aumento salarial, para el que se reservan 84 millones de euros. Sin embargo, el gasto corriente crecerá un 4,9 %, por las nuevas contrataciones y los incrementos comprometidos con los sindicatos en los últimos años. Los funcionarios, según Corgos, encontrarán en la ley de acompañamiento nuevas normas que facilitarán la movilidad voluntaria, y se reforzará la dirección estratégica en todas las consellerías para favorecer el control y la ejecución de los programas. «O importante será cumprir obxectivos», remarcó el conselleiro.
Por territorios, las provincias de A Coruña y Pontevedra son, por una cuestión demográfica, las que acaparan más recursos, pero el reparto de euros por habitante trata de compensar las diferencias con la Galicia interior. Así, Lugo y Ourense tienen asignados, respectivamente, 4.926 y 4.809 euros por vecino, mientras que A Coruña contará con 3.760, y Pontevedra, 3.584 euros
Corgos también puso en valor la capacidad de Galicia para generar menos intereses por la deuda. Galicia pagará en el 2022 unos 74 millones, un 25 % menos que en el 2021. Hace cinco años, cuando comenzó la recuperación económica tras la crisis financiera, esa partida ascendía a 270 millones. Este es el único apartado de los presupuestos que decrece, junto a un capítulo de gastos diversos de consellerías en los que también se encuentran el fondo de contingencia y otros gastos generales. La justificación para ese descenso tiene que ver con el mejor aprovechamiento del patrimonio de la Xunta, que ha permitido dejar de pagar alquileres.
La Xunta modifica 27 leyes a través de la letra pequeña de los Presupostos
Las cuentas de la Xunta para el 2022 encierran decenas de modificaciones y reformas de regulaciones a través de la Lei de medidas fiscais e administrativas, conocidas popularmente como leyes de acompañamiento. El Gobierno gallego ha hecho uso de este instrumento en cada uno de sus Presupostos, un criterio que el Tribunal Constitucional avaló hace veinte años. Este mecanismo, que será validado con la aprobación de las cuentas, habilita a la Xunta a saltarse el trámite parlamentario en cada uno de estos cambios normativos.
El texto introduce cambios en 27 leyes diferentes que permitirán flexibilizar elementos urbanísticos o de ordenación en los montes, modificaciones en las Directrices de Paisaxe de Galicia, simplificaciones administrativas para «a reactivación económica de Galicia» o la moratoria para la admisión de nuevos proyectos de parques eólicos durante año y medio. Esta ley se divide en dos títulos: un segundo dedicado a medidas de carácter administrativo, como las citadas anteriormente, y un primero que introduce cambios tributarios.
Cambios fiscales
Siguiendo la línea de los últimos Presupostos, el texto recupera las bonificaciones a tasas sobre juegos de azar, bingos y casinos para paliar los efectos de la pandemia. Además, continúa la revisión de la escala aplicable al tramo autonómico del IRPF. En relación al imposto sobre el patrimonio, se establece una bonificación del 25% de la cuota. También recoge reformas en la Lei 6/2003 para actualizar o crear nuevas tasas. Entre ellas, exenciones y bonificaciones excepcionales para los locales de hostelería en puertos, también para contrarrestar las restricciones ocasionadas por el coronavirus.
vivienda y urbanismo
Las leyes de acompañamiento introducen también modificaciones en materia de vivienda y urbanismo. En este último caso, con la actualización de la Lei 8/2012, se crea un fondo de cooperación con los concellos para financiar la adquisición y promoción de vivienda de nueva construcción «destinada principalmente a alugueiro social», si bien establece que podrán utilizarse también para otras finalidades adaptadas a las «necesidades sociais existentes». Se incluye un procedimiento de adjudicación directa de las viviendas protegidas de promoción pública para atender a las «necesidades urxentes de vivenda».
Sobre urbanismo, este instrumento aclara los usos en suelo rústico de campamentos de turismo o zonas de aparcamiento para autocaravanas. También se habilitan procedimientos que, entre otras cosas, pretenden facilitar la implantación de usos industriales o terciarios en pequeños concellos sin planeamento urbanístico xeral o Plan Básico Autonómico. En cuanto a las dudas que el propio texto reconoce sobre la exigencia para la concesión de licencia urbanística municipal de proyecto básico o de ejecución, se establece «expresamente» que es suficiente con entregar el proyecto básico.
Atención primaria
La modificación de la Lei de saúde de Galicia plantea «unha serie de medidas extraordinarias» en materia de planificación y ordenación de recursos humanos para fortalecer la atención primaria en Galicia. Se propone la creación de una categoría profesional que permita la prestación conjunta, tanto en ordinaria como en PAC, de médicos de familia para paliar «o déficit de persoal médico dispoñible para servizos asistenciais en atención primaria». Los Presupostos argumentan aquí que, en los próximos cinco años, el relevo generacional de personal médico de familia no está garantizado: «O persoal en formación que rematará a súa especialidade de medicina familiar e comunitaria o próximo ano e os catro seguintes, non serán suficientes para cubrir as necesidades asistenciais en atención primaria».
«As funcións desta categoría profesional desenvolveranse coas regras especiais en canto aos lugares de prestación do servizo, dispoñibilidade e xornada, que particularizan as súas especificidades», continúa el texto, mencionando el documento Por unha atención primaria vertebradora do sistema, en el que profesionales del sector señalaban unas pautas básicas para reformarla.
También adapta la norma sobre la vacunación obligatoria. El Tribunal Constitucional, tras el recurso del Ejecutivo, suspendió el artículo relativo a la vacunación obligatoria que había aprobado la Xunta en febrero. Tras la creación de una comisión bilateral entre ambas administraciones, las leyes de acompañamiento recogen el acuerdo según el cual se mantienen las medidas que aprobó el Gobierno gallego para hacer frente a la pandemia salvo el punto sobre la obligatoriedad de vacunar.
Paisaje y ordenación del territorio
La Xunta respondió la semana pasada al Gobierno que consideraba «prematuro» el recurso sobre la regulación paisajística de Galicia ante el Tribunal Superior de Xustiza. Y es que las leyes de acompañamiento recogen una modificación en este decreto que regula precisamente la «invasión de competencias estatales» que argumentaba el Ejecutivo. Con este cambio, se excluirán la aplicación de planes, proyectos o programas en las Directrices de paisaxe de Galicia que sean competencia del Estado.
Se modifica la Lei de ordenación do territorio para regular los planes sectoriales que servirán de base a los Proxectos de Interese Autonómico. Además, los Presupostos introducen cambios en varias leyes relativas al ámbito rural. En la regulación sobre montes se flexibilizarán las exigencias para el uso de material forestal en las repoblaciones de los bosques, «xa que a redacción actual estaba a limitar o emprego de material forestal de reprodución de outras rexións de procedencia que teñen demostrada a súa adaptación aos ecosistemas galegos, con independencia da súa categoría». También se cambia la Lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia para mejorar el aprovechamiento de los terrenos y completar la regulación de los procesos de reestructuración parcelaria. Esto se complementará con la reforma de la Lei de recuperación da terra agraria para dotar de una «ferramenta axeitada» a la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que desarrolla actividades como las aldeas modelo o los polígonos agroforestales.
Otro cambio en este sentido será en la Lei de montes veciñais de man común, para regular los terrenos en estado de grave abandono o degradación. La ley de prevención de incendios «clarificará» que la obligación de gestionar la biomasa «se extiende a todo el año», si bien se mantiene el mes de mayo como fecha tope para tener terminadas estas tareas de limpieza de parcelas de las franjas de seguridad.
industria y empleo público
El texto introduce una moratoria para la admisión de nuevos proyectos de parques eólicos durante año y medio, por lo que el registro autonómico a través del cual se canalizan las solicitudes no podrán introducir más expedientes hasta julio del 2023. Se modifica también la Lei de emprego público para adaptar su redacción a la normativa básica estatal y se modifica la regulación sobre la coordinación de policías locales, cuya principal novedad será regular su movilidad.