Administraciones e instituciones ubican en Santiago el 56 % de su sedes
18 oct 2021 . Actualizado a las 10:59 h.El debate sobre los beneficios que pueda generar a la ciudadanía la descentralización de las instituciones del Estado se ha reabierto desde que el presidente del Gobierno avanzó a principios de mes en A Toxa su intención de sacar de Madrid parte de la estructura de la Administración central. La propuesta, que ha tenido una acogida desigual, aparece cíclicamente también en el ámbito autonómico, especialmente en las comunidades en las que los recelos históricos dominan la relación entre sus principales ciudades.
Sin embargo, y tras años de propuestas electorales planteadas desde los principales partidos, solo cuatro autonomías han optado por descentralizar parte de su primer nivel de Gobierno desplazando alguna consejería fuera de la capital: Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra. Otras siete han optado por todo lo contrario y no solo concentran en una única ciudad las sedes centrales de todos los departamentos de sus gobiernos, sino que además coinciden en el mismo municipio con las del parlamento, tribunal superior de justicia de su territorio y la delegación del Gobierno central. Esos son los casos de la Comunidad de Madrid, Barcelona, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón, La Rioja e Islas Baleares.
Instituciones repartidas
Las seis comunidades restantes salpican los principales elementos de representatividad de los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) en dos ciudades, como ocurre en el caso gallego con el Gobierno autonómico y el Parlamento en Santiago y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la delegación del Gobierno en A Coruña.
Castilla y León cuenta fuera de Valladolid únicamente con su alto tribunal, que está situado en Burgos. La misma institución en el caso de Andalucía se encuentra en Granada, única excepción a la centralidad otorgada a Sevilla en dicha comunidad, como el País Vasco cuenta con su tribunal superior en Bilbao en lugar de en Vitoria donde están las otras tres instituciones. Castilla-La Mancha sigue el mismo modelo al llevar fuera de Toledo sus salas centrales de justicia, que se localizan en Albacete.
Un reparto más extenso solo se encuentra en Extremadura, que concentra en Mérida su Gobierno y Asamblea regional, mientras que la representación judicial se encuentra en Cáceres y la Delegación del Gobierno central en Badajoz.
La descentralización gubernamental autonómica tiene su máximo exponente en Canarias, donde el Estatuto de la comunidad establece ya en su artículo 5 que la capitalidad se comparte entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. El presidente y el vicepresidente alternan de hecho sus sedes cada legislatura entre ambas islas sin coincidir ambos en la misma. Los diez consejeros del Ejecutivo cambian de isla de manera cotidiana junto a parte de sus equipos y también cuenta con doble sede en las mismas ciudades el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y como el Parlamento autonómico se encuentra en Tenerife, la Delegación del Gobierno lo hace en Las Palmas.
Los demás ejemplos de descentralización autonómica se dan en la Comunidad Valenciana, que sitúa fuera de la capital en un primer nivel de representación únicamente a la Consellería de Innovación, Universidad, Ciencia y Sociedad Digital, con sede en Alicante. Navarra llevó a 4 kilómetros de Pamplona, en Sarriguren, al departamento del mismo ámbito, la Consejería de Universidad, Innovación y Transformación Digital. Y Murcia hizo lo propio con la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, sita en Cartagena, como la Asamblea regional.
El caso gallego
La Xunta no tiene ninguna consellería fuera de Santiago, pero en un segundo nivel de su Administración la descentralización lleva la presencia del aparato autonómico a puntos como A Estrada, Ferrol, San Cibrao, Cerceda o Vilagarcía, además de las extensiones representativas de las delegaciones territoriales en cinco ciudades a las que en breve se sumará también Ferrol, según anunció Núñez Feijoo. La Xunta concentra en todo caso en Santiago al 80 % de sus organismos.
Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y culturales, e instituciones como el Valedor do Pobo, el Consello de Contas, el Consello Consultivo o Correos refuerzan la centralidad compostelana, que se rompe en planos como el universitario, religioso o militar haciendo que el 44 % de todas las sedes de representación se sitúen fuera de la capital de la comunidad.
Valencia lidera la «desconcentración» como vía de mayor vinculación con la ciudadanía
El presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, uno de los políticos más implicados en la federalización de la Administración, pidió el miércoles a su equipo que pisase el acelerador para «desconcentrar» la representación de su Gobierno por toda la comunidad. «Descentralizar las instituciones es una manera de vincular a la ciudadanía con ellas», mantienen desde la presidencia de la Generalitat. Sin embargo solo una consejería está fuera de la capital, aunque cuenta con un presupuesto que supera los mil millones de euros. Pero un reguero de direcciones generales, agencias y empresas públicas salpican todo el territorio. La dirección general de Turismo está en Benidorm; en Elche, la Agencia de Protección del Territorio; en Orihuela la Oficina comarcal que atiende el sur de la comunidad; en Alcoy una subsede del Instituto Valenciano de Arte Moderno; en Castellón la Agencia de la Despoblación; en Torrent, la Agencia Ferroviaria y en Sagunto una instancia autonómica dedicada a la promoción de polígonos empresariales.
A ellas se suma la creación del distrito digital, entidad que se asentará en las 16 poblaciones de más de 50.000 habitantes para captar empresas del sector digital y que cuenta ya con más de 200 atraídas desde la sede de Alicante. Cada una está vinculada al sector productivo más reconocible de la localidad, como la de Benidorm se dedica a turismo, la de Gandía a sanidad o, previsiblemente, la de Elda a la industria del calzado. El equipo de Puig niega que la descentralización conlleve un más gasto público o aumento de plantillas, limitando todo a su reorganización.
La promesa de trasladar la Consellería de Pesca a Vigo desató las pugnas locales
Emilio Pérez Touriño abrió la caja de los truenos en la campaña electoral autonómica del 2005 cuando propuso trasladar a Vigo la Consellería de Pesca. Daba tres razones para la mudanza: que la UE había optado por la ciudad olívica para su agencia de control pesquero; que la Xunta mantendría su representación en la costa lucense y coruñesa, y que de la misma manera que se había descentralizado las instituciones en Galicia con la ubicación del TSXG y la Delegación del Gobierno en A Coruña, «temos que converter a Vigo na capital europea da pesca, porque é bo para Galicia e Vigo merece que xoguemos a fondo esa carta», decía el aspirante a la presidencia.
El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, advirtió que dicha promesa no figuraba en el programa electoral del PSdeG y que encontraba dificultades legales para el traslado. Intensificaron la crítica el regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y el entonces conselleiro del ramo, Enrique López Veiga, que calificó la propuesta de «disparate administrativo» y generadora de dificultades para los marineros y empresas de pesca del norte. «Están maxaretas», espetó incluso, como Manuel Fraga advertía que Touriño acabaría con la Xunta de prodigarse en medidas descentralizadoras como la citada. Curiosamente, Francisco Vázquez, regidor en ese momento de A Coruña, fue quien pidió de manera más decidida tranquilidad respecto a la promesa de Touriño, para la que públicamente dio su apoyo.
Caso cerrado
Finalmente, y ya en el Gobierno de Galicia como presidente, el mandatario socialista dio por archivada su promesa y cerrada la polémica. «Non está na axenda», zanjó advirtiendo de que la cercanía de las siguientes elecciones municipales había exacerbado el debate localista y la polémica ante una posible descentralización de la Xunta.
Las promesas de reparto del poder autonómico también han estado en boca de otros partidos. El PP lo hizo en Andalucía en el 2012 a través de su candidato a la presidencia, Javier Arenas, que pretendía llevarse a Málaga la Consejería de Turismo, como también planteó lo mismo en el 2018 la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Podemos pidió llevar a Granada la de Justicia hace dos años, e IU el departamento cántabro de Ganadería a Torrelavega.