En 130 concellos, donde viven el 10 % de los gallegos, se han ido cerrando servicios públicos como centros educativos y especialidades médicas, obligando a mayores desplazamientos. Pero aguantan sucursales bancarias, pese a los últimos cierres
13 oct 2021 . Actualizado a las 10:19 h.En los últimos tres meses, las calles de varios municipios gallegos han visto cómo sus vecinos salían a la calle denunciando el cierre de oficinas bancarias. Ha pasado en alrededor de una decena de pequeños concellos, donde las entidades señaladas (principalmente Abanca) al final han ido buscando alternativas para mantener algún servicio como cajeros, oficinas móviles... Pero detrás de ese movimiento hay otro, que es el de la lenta pérdida de servicios esenciales que arrastran las zonas rurales desde hace años.
Y lo que pasa con las oficinas bancarias es un buen termómetro para medir el resto. Si se toman los alrededor de 120 concellos en los que queda solo un banco (Abanca mayoritariamente, o la Caixa Rural en casos contados), se constata que hay servicios esenciales que se han perdido ya. Por ejemplo, apenas quedan oficinas de correos; en el mejor de los casos, se ha dejado un buzón. Curiosamente este servicio, Correos, ha llegado a un acuerdo para prestar servicios financieros en ayuntamientos sin ellos. Hay también carencias de centros de secundaria o de bachillerato, y también de servicios especializados en sanidad como pediatría u obstetricia, en todos por la caída de la natalidad.
En cambio, en esos lugares es fácil encontrar una farmacia y, evidentemente, un bar (que es el negocio, con diferencia, más asentado en Galicia y en España), según datos recopilados en los ayuntamientos. Es decir, servicios privados han resistido mejor que los públicos, que difícilmente van a regresar. Una buena parte de esos municipios tienen menos de 2.000 habitantes; excepcionalmente hay alguno de 5.000 como San Cibrao das Viñas o Vilaboa.
Sucede parecido en otro medio centenar de municipios donde ya no hay banco: quedan también menos servicios públicos, casi reducidos al colegio de infantil y primaria, y al ambulatorio.
No es una situación única en Galicia, aunque tiene sus componentes propios en el noroeste. Un informe de Yolanda Jover, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, sobre la distribución de población y acceso a servicios apuntaba que antes de la pandemia, en el 2019, el 52,7 % de los municipios españoles carecían de oficina bancaria, frente al 40 % en Galicia (hay mejor accesibilidad). Y que desde un concello sin sucursal a uno que sí la tiene se tarda de media en llegar unos 8 minutos en Ourense o A Coruña; y 10 en Pontevedra y Lugo. En todos los casos, por debajo de la media de las provincias españolas.
En el mismo informe se apunta a otras carencias al margen del sector financiero, especialmente en el ámbito sanitario. Por ejemplo, en Galicia desde ayuntamientos sin hospital se tarda de media unos 25 minutos en llegar a un centro de referencia, frente a los 21 de media en España.
Estos datos coinciden también con un informe del Banco de España sobre accesibilidad a servicios. Así, en el caso de Galicia establece que los vecinos de pequeños entornos tienen que recorrer de media unos 14 kilómetros para llegar a bibliotecas, escuelas infantiles o supermercados.
«El principio de equidad territorial y la obligatoriedad de las administraciones públicas de prestar los servicios de sanidad y educación requiere medidas correctoras para esta reducida población [la del medio rural] con mayores dificultades de acceso», apunta la investigadora Yolanda Jover. «Las nuevas tecnologías están encaminadas a jugar un papel fundamental en la provisión de estos servicios, especialmente en el ámbito educativo, ya que permiten una redefinición del espacio y la distancia», añade. Y recuerda que, en todo caso, «también deberían actuar los poderes públicos para garantizar el acceso a los servicios privados considerados esenciales, como la atención financiera».