La crisis de los materiales amenaza la viabilidad de la obra pública en Galicia

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

La Xunta le pide al Gobierno alternativas para garantizar los contratos

13 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Concursos desiertos, obras sin finalizar que sobrepasan el presupuesto asignado, retrasos en el suministro que alargan los períodos de contratación de recursos humanos y, en los casos más extremos, abandonos por parte de empresas que prefieren ser penalizadas antes que seguir perdiendo dinero. Es el panorama de la obra pública en España en los últimos meses por la crisis de precios y abastecimiento de los materiales de construcción, que contrasta con el repunte de la licitación por parte de las Administraciones públicas y la reactivación de un sector clave que ha tirado como ningún otro de la recuperación económica tras el parón provocado por la pandemia.

En Galicia hay síntomas evidentes de contagio. La situación es «muy grave», asegura Francisco Menéndez, responsable de la Axencia Galega de Infraestruturas. Por ello, el directivo de la Xunta se ha dirigido por escrito a su homólogo en el Ministerio de Transportes y Movilidad exponiéndole la casuística que ha empezado a detectar a la espera de una reacción por parte del Gobierno de España, al que le pide que intervenga en la normativa de contratación para garantizar que las actuaciones públicas no se detienen y, al mismo tiempo, facilitar la viabilidad de las empresas a las que les es imposible cumplir por el alza de precios en materiales básicos para la construcción como el acero, el aluminio o la madera, fundamentales en la edificación; y otros elementos como los hormigones, betunes o plásticos, muy recurrentes en las actuaciones viarias, ya sean nuevas o para reasfaltados.

Desde las empresas de construcción denuncian que se han quedado sin margen para absorber los sobrecostes y que los contratos más potentes, los de larga duración, se quedan desfasados en cuestión de días o semanas, de ahí el temor a acudir a las licitaciones que hasta ahora eran más atractivas y que garantizaban meses de actividad. Y por ello abogan por lanzar mecanismos de revisión de plazos y costes que den ciertas garantías a la hora de presentar ofertas y preparar las compras.