La crisis de los materiales amenaza la viabilidad de la obra pública en Galicia

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

La Xunta le pide al Gobierno alternativas para garantizar los contratos

13 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Concursos desiertos, obras sin finalizar que sobrepasan el presupuesto asignado, retrasos en el suministro que alargan los períodos de contratación de recursos humanos y, en los casos más extremos, abandonos por parte de empresas que prefieren ser penalizadas antes que seguir perdiendo dinero. Es el panorama de la obra pública en España en los últimos meses por la crisis de precios y abastecimiento de los materiales de construcción, que contrasta con el repunte de la licitación por parte de las Administraciones públicas y la reactivación de un sector clave que ha tirado como ningún otro de la recuperación económica tras el parón provocado por la pandemia.

En Galicia hay síntomas evidentes de contagio. La situación es «muy grave», asegura Francisco Menéndez, responsable de la Axencia Galega de Infraestruturas. Por ello, el directivo de la Xunta se ha dirigido por escrito a su homólogo en el Ministerio de Transportes y Movilidad exponiéndole la casuística que ha empezado a detectar a la espera de una reacción por parte del Gobierno de España, al que le pide que intervenga en la normativa de contratación para garantizar que las actuaciones públicas no se detienen y, al mismo tiempo, facilitar la viabilidad de las empresas a las que les es imposible cumplir por el alza de precios en materiales básicos para la construcción como el acero, el aluminio o la madera, fundamentales en la edificación; y otros elementos como los hormigones, betunes o plásticos, muy recurrentes en las actuaciones viarias, ya sean nuevas o para reasfaltados.

Desde las empresas de construcción denuncian que se han quedado sin margen para absorber los sobrecostes y que los contratos más potentes, los de larga duración, se quedan desfasados en cuestión de días o semanas, de ahí el temor a acudir a las licitaciones que hasta ahora eran más atractivas y que garantizaban meses de actividad. Y por ello abogan por lanzar mecanismos de revisión de plazos y costes que den ciertas garantías a la hora de presentar ofertas y preparar las compras.

La Xunta, que fue la principal Administración en licitaciones en el 2020 —el 40 % del total en Galicia— está de acuerdo en que debe hacerse una revisión en la normativa, y así se lo ha trasladado al secretario general de Infraestructuras. En primer lugar solicita una actualización de precios extraordinaria para los contratos en los que no se haya recogido esta posibilidad en el pliego, y acordar incluso alguna fecha de referencia para que ese reconocimiento pueda tener efectos retroactivos.

La propuesta autonómica considera necesaria esa flexibilidad para garantizar la viabilidad de las actuaciones en marcha, pero también las venideras, que en el caso de Galicia tienen marcado carácter sanitario por los proyectos de ampliación de hospitales que están en distintos momentos de tramitación o ejecución, además de poner en riesgo todo el caudal de fondos que supondrá la aplicación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y otros fondos europeos.

Aliviar a las empresas

Otra iniciativa que la Xunta considera estratégica es garantizar, además de las obras, el futuro de las empresas, sobre todo en los casos en los que se argumente y justifique la inviabilidad de la actuación. Para ellas pide unas consecuencias menos gravosas y mecanismos que faciliten la continuidad de la obra, ya sea con cesiones de contratos con revisión de precios, adjudicaciones de emergencia o a través de medios propios. Por último, reclama Francisco Menéndez que esta situación, sobre la que ya ha compartido impresiones de manera verbal hace un mes con el Gobierno en un encuentro con otras comunidades, se tenga en cuenta para las nuevas obras que se liciten en adelante. Dada la «urgencia», sugiere el Ejecutivo gallego que se aproveche la inminente tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para introducir los cambios normativos que eviten un frenazo en el sector.

El incremento de precios en seis meses del 2021 es similar al de los 13 años anteriores

La subida de los precios en los materiales esenciales en las obras públicas, sumado a su ausencia en el mercado, es algo que conoce de primera mano el Gobierno de España. En el índice de costes ponderados dentro del sector de la construcción que maneja el Ministerio de Transporte se recoge un incremento de 12 puntos en la primera mitad del año, que es equivalente al que se produjo desde el comienzo de la crisis financiera, en el 2007, hasta que comenzó la crisis del covid, en el 2020. Los incrementos son aún mayores si concretan en materias primas estratégicas, un 44 %, según la Asociación Nacional de Constructoras Independientes. Pero hay subidas más espectaculares: un 104 % en el acero; el cobre, un 78 %; y el cemento, un 75 %, por no citar los costes eléctricos. Y la sensación es que no se ha alcanzado el techo.

La reacción en Europa

La reacción normativa que reclama la Xunta al Gobierno de España ya se ha producido en algunos países del entorno, que ven peligrar la ejecución de fondos europeos vinculados de manera directa o indirecta con las infraestructuras. Así, Italia, que tiene un modelo de licitación en el que tampoco es posible revisar los precios pactados, se ha acordado la posibilidad de que la Administración contratante compense parte del incremento, creando un fondo específico para ello. En Alemania se pueden realizar ajustes en casos justificados. Y en Francia, el primer ministro trasladó a sus ministerios que se pusieran los recursos necesarios para evitar la rescisión de contratos o la paralización de obras, ampliando los plazos o dulcificando las penalizaciones por retrasos bien acreditados.