Cuatro años para un militar tailandés por grabar en secreto a alumnas de la Escuela Naval de Marín

Alfredo López Penide
l. penide PONTEVEDRA / LA VOZ

GALICIA

La Escuela Naval Militar de Marín forma a 365 alumnos
La Escuela Naval Militar de Marín forma a 365 alumnos MÓNICA FERREIRÓS

El acusado no podrá acercarse a las víctimas durante diez años y tendrá que pagar 40.500 euros de indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil

01 oct 2021 . Actualizado a las 12:35 h.

Un guardiamarina de nacionalidad tailandesa acaba de ser condenado a tres años de prisión por ocho delitos de abuso de autoridad, y a un año por otros nueve cargos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, en su modalidad de atentado grave a la intimidad. Una sentencia del Juzgado Togado Militar Territorial de A Coruña considera probado que en febrero del 2020 el ahora condenado, que estaba destinado en la Escuela Naval Militar de Marín, donde cursaba cuarto curso, colocó dos dispositivos de grabación -un móvil y una minicámara- en sendas camaretas ocupadas por ocho alumnas aspirantes. Su intención, «la captación de imágenes que afectaban a la intimidad de dichas alumnas», si bien la propia resolución recoge que, finalmente, esos dispositivos no captaron imagen alguna «al haber sido descubiertos».

Sin embargo, la jurisprudencia remarca que «el solo hecho de acceder ilegítimamente a la camareta de las alumnas, de forma clandestina y sin consentimiento, con la finalidad de colocar un dispositivo de grabación para captar imágenes íntimas de ellas, ya constituye un atentado grave a su intimidad».

Según la sentencia, al localizar un móvil pegado en la caja de la persiana, con la cámara dirigida al interior de la camareta, las alumnas comprobaron en sus cajas de persianas si había algún otro dispositivo de grabación. No hallaron ninguno más, pero sí se encontraron en otra dependencia de la escuela restos de tiras de pegamento de doble cara similares a las empleadas con el primer móvil.

El procesado, nada más tener conocimiento de la localización del primer dispositivo, «acudió a su superior a confesar su autoría y condujo a la localización del segundo [...], colaborando en la investigación», dice el texto legal.

Lo cierto es que la investigación posterior permitió determinar, a mayores, que, desde finales del 2018, el acusado, por entonces alumno de segundo curso, «ha venido grabando a diversas alumnas de la escuela a través de una minicámara, tanto en sus camaretas como en las duchas». De este modo, pudo haber captado imágenes de las víctimas «en ropa interior, cambiándose de ropa y totalmente desnudas».

Además de las penas de prisión, se le impusieron al acusado diez años de alejamiento de las víctimas y el pago de 40.500 euros de indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil. La sentencia es recurrible ante el Supremo.