El Gobierno prevé que el caso sobre las prórrogas del vial se alargue, y destaca que fue a favor de una empresa pública
GALICIA
Espera resolver la irregularidad con la adopción de medidas que eviten situaciones similares
28 sep 2021 . Actualizado a las 10:09 h.El Gobierno central analiza el alcance del proceso abierto por la Comisión Europea contra las prórrogas concedidas a la concesión de la AP-9. Cargos del Ministerio de Transportes y especialistas jurídicos y técnicos de la Administración mantuvieron ayer por la tarde una reunión para avanzar en la respuesta que se enviará a Bruselas explicando los detalles de la decisión tomada en el año 2000, que supuso 25 años más de explotación del vial en favor de Audasa.
Fuentes de la cartera que dirige la ministra Raquel Sánchez indicaron ayer que se señalará al gobierno comunitario que las dos últimas prórrogas que se concedieron en la AP-9 fueron cuando su concesionaria era una sociedad pública, la Empresa Nacional de Autopistas. «Es una cuestión relevante», avanzan fuentes del ministerio, aludiendo que no se amplió el período concesional favoreciendo a una empresa privada en detrimento de sus competidores, aunque sí lo llegó a ser solo tres años más tarde tras privatizarla el Ejecutivo de Aznar.
Transportes reitera que colaborará con la Comisión Europea, pero estima que no habrá una pronta resolución del caso. El precedente lo marca la autopista italiana A-12 (Livorno-Civitavecchia) sobre la que la UE empezó a actuar en el 2009 para señalar una irregularidad similar a la que ahora se apunta en la AP-9: haber prorrogado su concesión como compensación a unas obras en el vial que no salieron a concurso público sino que se encargaron a la misma empresa que gestionaba la autopista.
Uno de los temores del Gobierno es que, si es estimada la denuncia presentada por la asociación de consumidores viguesa En Colectivo, surjan en cadena pleitos similares respecto al resto de autopistas a las que se prorrogó el período de concesión, que son la mayoría de las España. El mismo colectivo avanza que actuará también sobre la astur-leonesa.
Aunque se recalca que el proceso está aún en su «inicio», el Ministerio de Transportes muestra su predisposición a que si la Comisión Europea concluye que hubo una irregularidad en la AP-9 con la prolongación de su explotación, se pueda resolver con la adopción de medidas que eviten que se vuelva a dar una situación semejante en cualquier otra concesión. «Hay margen de mejora», estiman las fuentes del Ejecutivo consultadas, que reiteran que el actual Gobierno no ha prorrogado ninguna, sino certificado la finalización de los contratos en cuatro autopistas estatales. Concluyen los testimonios recabados haciendo votos por que la decisión de Bruselas no acabe teniendo repercusión en el gasto público. La plataforma denunciante espera sin embargo que se devuelvan los peajes cobrados desde el 2013 y la autopista pase a ser gratuita. El Ejecutivo da por hecho que, de cumplirse la segunda opción, la concesionaria reclamaría una indemnización millonaria para recuperar las inversiones no amortizadas y cubrir el lucro cesante por cese anticipado del negocio.
Audasa y su empresa matriz, Itínere, evitan de momento posicionarse al no considerarse parte del proceso abierto por el gobierno comunitario contra el de España. El dictamen emitido el jueves por la Comisión alude, según fuentes ministeriales, solo a la prórroga concedida en el año 2000, la que extendería la concesión del 2023 al 2048.
El contrato de la autopista italiana también fue sometida a tres ampliaciones, si bien la UE solo cuestionó la última del 2009. El proceso se paró en dos ocasiones por compromisos de Italia para reponer la legalidad, pero al no hacerlo se reactivó en el 2014, instando aún ahora Bruselas a Roma a que cumpla la sentencia que declaró irregular la prórroga a la concesión.