La UE deja en el aire la validez de los peajes pagados en la AP-9 desde el 2013

Carlos Punzón
carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

El peaje de Teo, en la AP-9
El peaje de Teo, en la AP-9 Álvaro Ballesteros

El grupo que propició el fallo de Bruselas prepara su reclamación en masa

25 sep 2021 . Actualizado a las 08:50 h.

Unos 1.161 millones de euros pagados en peajes en las cabinas de la autopista gallega AP-9 están en cuestión. El dinero sufragado por los usuarios del vial desde el 2013 a hoy podría ser reclamado tras el dictamen de la Comisión Europea que el jueves invalidó el modo en el que se concedieron a Audasa prórrogas por 35 años sobre el contrato inicial en la gestión de la autopista.

En-Colectivo, la plataforma de consumidores que denunció dichas ampliaciones en la concesión del vial gallego, se prepara ya para hacer «una reclamación en masa» en nombre de todos aquellos usuarios de la AP-9 que presenten comprobantes de pago de los últimos nueve años para exigir su devolución. Entiende dicha asociación que, al haber declarado nulas la Comisión Europea dichas prórrogas, al Gobierno de España no le queda otra salida más que dar por zanjada la concesión y liberar la autopista, abriéndose además la vía de la reclamación en los tribunales de los peajes pagados desde el 2013.

Los abogados Diego Maraña, Carlos Cenalmor y Antonio Heredero, representantes de En-Colectivo, ven posible que el Gobierno de España trate de evitar la anulación de la concesión, pues se vería abocada a hacer frente a reclamaciones millonarias de Audasa y otras concesionarias si se extienden las denuncias. Pero avanzan que, si no son aceptadas las alegaciones que presente el Estado y este no asume después lo que determine Bruselas, será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya ha determinado en un caso de Italia la ilegalidad de las ampliaciones de las concesiones superiores a 150.000 euros que no sean sometidas a un nuevo concurso público, el que entre en juego con una sentencia de obligado cumplimiento. De no ejecutarse esa sentencia, el mismo tribunal fijaría, a instancias de la Comisión Europea, la imposición de sanciones diarias «muy elevadas» hasta que se repusiera la legalidad.