El abogado que denunció en Bruselas la prórroga de la AP-9: «Yo guardaría los tiques de los peajes a partir de ahora»
GALICIA
Carlos Cenalmor considera que ampliar una concesión 25 años «es una barbaridad»
25 sep 2021 . Actualizado a las 08:57 h.Carlos Cenalmor, del bufete Gándara Moure, es el abogado que presentó la denuncia ante la Comisión Europea, en colaboración con la asociación de consumidores En-Colectivo.
—¿Por qué lo hizo?
—Porque como usuario de la autopista me parecía que los precios de los peajes eran abusivos.
—No hay duda de que es un éxito.
—Son casos contados los que llegan a una carta de emplazamiento de la Comisión Europea al Gobierno de un Estado. Presenté la denuncia el 9 de julio del 2019. Bruselas se da un año de plazo para resolver, pero en este caso fueron dos por la pandemia. Creo que en estos casos lo importante es fundamentar bien la denuncia con el límite de 8.000 caracteres que impone. Y a pesar de que el mundo de los contratos públicos es muy complejo, creo que la denuncia estaba bien fundamentada.
—Existe un precedente con Italia que puede ayudar.
—Sí, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE por la ampliación de la concesión por 18 años en un tramo de una autopista italiana. En ella se concluye que Italia vulneró los preceptos de igualdad y transparencia al prorrogarla sin sacarla a licitación, en la misma línea de la carta de emplazamiento remitida al Gobierno español por la AP-9. La importancia de este precedente es que la Comisión Europea no va a ciegas, va por un camino trazado.
—Parece claro que el dictamen afecta a la prórroga de Aznar del 2000, ¿pero compromete esa legislación la de 1994?
—Eso está por ver. Yo he denunciado las dos. El primer paquete normativo es de 1993, pero los preceptos que se vulneran están consagrados en los tratados de la Unión. De esa segunda prórroga estamos pagando unos peajes que no se sustentan jurídicamente. En el derecho español también hay doctrina contra la prolongación de concesiones sin concurso. Lo que está claro es que la decisión del 2000 no se sostiene. Puede haber prórrogas razonables de varios años justificadas en distintas razones. Pero una prórroga de 25 es una barbaridad.
—Si finalmente la Comisión recurre al tribunal de la UE y los jueces constatan el incumplimiento, ¿qué pasa?
—La Comisión emplazaría nuevamente, y si España no cumple, pide al tribunal que imponga sanciones, que pueden ser un dineral.
—La devolución de los peajes parece compleja, porque en caso de que hubiera una licitación la AP-9 seguirá siendo una vía concesionada de peaje, ¿no?
—Sí y no. Si pensamos que la AP-9 debería estar ya amortizada, una nueva licitación implicaría pagar solo por el mantenimiento de la autopista, no por la obra, por tanto los peajes serían más baratos.
—Pero no está amortizada, Audasa prefirió repartir dividendos.
—Esa es otra. En la tercera prórroga permitieron que la amortización se hiciera hasta el final, y no a la mitad como estaba previsto.
—Es un logro, pero la devolución de los peajes es otro cantar.
—Cabe la posibilidad de que el Gobierno acepte el dictamen, por ser una infracción flagrante. Pero entiendo que se opondrán porque el problema es enorme. Y entiendo que la Comisión recurrirá a la Justicia. Si lo hizo con Italia, España no va a ser diferente. Cuando haya sentencia, En-Colectivo y el bufete Balms emprenderán la reclamación colectiva en los tribunales españoles. Tenemos una posición muy buena para hacerlo.
—El problema son los tiques.
—Los que tienen telepeaje no tienen problema. Está claro que los que usan tiques no los guardaron, pero yo los guardaría a partir de ahora.
