El Gobierno asegura que solo la prórroga concedida a la AP-9 por Aznar está en cuestión
GALICIA
Anuncia su voluntad de colaborar con Bruselas, pero avanza que los 25 años extra otorgados en el año 2000 contaron con el aval del Consejo de Estado, la Abogacía estatal y el Consejo de Ministros de la época
24 sep 2021 . Actualizado a las 21:06 h.El Gobierno central está convencido de que el procedimiento de infracción abierto por el Consejo de Europa contra las prórrogas otorgadas a Audasa en la concesión de la AP-9 se centra únicamente en la aprobada por el Gobierno de José María Aznar de las tres que ha registrado la historia de la autopista. Según su información, quedaría fuera de este proceso dado a conocer el jueves por Bruselas la prolongación en la concesión por diez años que facilitó en 1994 el Gobierno de Felipe González, y la de un año registrada en la etapa de Adolfo Suárez, la única que no fue denunciada por la plataforma de consumidores En-Colectivo.
«La prórroga cuestionada por Bruselas se aprobó en el año 2000, vía real decreto 173/2000 del 4 de febrero, como compensación por la construcción del tramo de autopista Fene-Ferrol, de 9,1 kilómetros, por la rebaja de tarifas aplicada y para compensar la gratuidad del peaje para movimientos internos en el entorno de Vigo, así como la gratuidad para los movimientos internos en el nuevo tramo Fene-Ferrol», mantiene el Ministerio de Transportes. Añade, que en todo caso esa ampliación del tiempo de concesión contó con el visto bueno del Consejo de Estado, la Abogacía del Estado y el Consejo de Ministros de Aznar, pero añade en su valoración del expediente de infracción que en todo caso «colaboraremos activamente con Bruselas para aclarar la procedencia de la decisión tomada por otro Gobierno hace más de veinte años».
Detalla el Gobierno que el procedimiento abierto lo es en fase de presunción de irregularidades, hasta que no haya un dictamen firme tras escuchar las explicaciones del Ejecutivo español. Eso sí, indice Transportes en que la prórroga de 25 años se concedió en el año 2000 cuando la AP-9 estaba en manos de una empresa pública y tres años antes de su privatización.
El departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez subraya que «las políticas de movilidad y reequilibrio territorial que defiende este Gobierno van justo en la dirección contraria de la decisión tomada en el 2000 sobre la AP-9: no prorrogar concesiones de autopistas y plantear un nuevo sistema de financiación de las carreteras justo y equilibrado territorialmente que garantice la seguridad, el mantenimiento y la sostenibilidad de nuestras infraestructuras y el sistema de transporte en su conjunto».
Una asociación de consumidores insta ya la devolución de los peajes cobrados en la AP-9 desde el 2013
En-Colectivo, la plataforma de consumidores que instó el dictamen de ilegalidad emitido ayer por la Comisión Europea contra las prórrogas otorgadas a Audasa hasta el año 2048 en la explotación de la autopista AP-9, pretende traducir dicha resolución en acciones concretas en favor de los gallegos al exigir ya el fin de la concesión del vial en manos privadas y la devolución de todos los peajes que entienden se cobraron indebidamente desde el 2013.
La asociación radicada en Vigo ha hecho un llamamiento a todos los usuarios de la autopista gallega para que empiecen a reunir comprobantes y justificantes del pago de peajes desde el momento en el que debiera haber concluido la concesión del vial hace ocho años, en la seguridad de que el contrato de explotación no se podrá mantener. Anticipan que o bien el Gobierno de España tendrá que acatar el dictamen de la Comisión Europea, o en caso contrario el gobierno comunitario lo hará cumplir acudiendo al Tribunal de Justicia Europeo para que mediante sentencia obligar al Estado a aceptar que las ampliaciones en la concesión de la AP-9 se hicieron vulnerando la ley. En-Colectivo se ofrece desde ahora en su web a reunir a todos los posibles demandantes para hacer una reclamación en masa.