La decisión de la UE sobre la AP-9: Italia lleva dos años con un litigio similar y va para largo
GALICIA
El Gobierno español tiene dos meses para argumentar las razones por las que se amplió la concesión hasta el 2048
24 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La resolución de la Comisión Europea es realmente histórica para España. Casi todas las autopistas estatales han logrado aumentar los plazos de su explotación, casi siempre privada y sometida al pago de peajes, a través de la misma fórmula que Bruselas no estima legal: acuerdo particular entre la Administración y la empresa, sin publicidad previa y sin que ninguna otra sociedad aspirante pueda ofrecer otras condiciones. Pero a no ser que el Gobierno de España asuma el criterio comunitario sin más y anule la concesión a Audasa, cosa que difícilmente ocurrirá, los usuarios de la AP-9 seguirán pagando peajes y la empresa convirtiendo en beneficio neto uno de cada tres euros que recauda.
Si el Gobierno rompiese hoy el contrato con Audasa, la concesionaria llevaría el caso a los tribunales para exigir una indemnización multimillonaria, pero lo mismo harían el resto de empresas del sector si alguien cuestiona ante la Justicia o la UE cada una de las concesiones que han sido ampliadas en su tiempo de explotación por el mismo método, sin concurrencia.
De entrada hay que señalar que aunque Bruselas es tajante en sus afirmaciones sobre la falta de legalidad en la ampliación de la concesión de la AP-9, da dos meses al Gobierno para que alegue sus razonamientos en contra. Pero ahí no se acaba el proceso.
Sentencia sin acatar
Italia ha hecho oídos sordos hasta ahora, no solo a un dictamen similar sobre la falta de legalidad en la prórroga de su autopista Livorno-Civitavecchia, sino que no ha acatado tampoco una sentencia que el 21 de marzo de 2019 dictó el Tribunal de Justicia Europeo a raíz de una demanda presentada dos años antes por el gobierno comunitario contra el de Roma respecto a la normativa de contratos públicos de obras, suministros y servicios.
Es decir, que la Comisión Europea mostró sus colmillos a Italia en el 2017, los afiló con el papel de la sentencia señalada dos años después y aún en el 2021 sigue intentando que se reponga la legalidad.
El dictamen de ayer subraya en el caso italiano que su administración dispone de esos dos meses desde hoy para responder a las objeciones planteadas desde Bruselas y avisa que de no hacerlo llevaría de nuevo a la representación del país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
A partir de ahí y con un fallo judicial condenatorio, la UE podría imponer sanciones progresivas o diarias a Italia hasta que solventase la irregularidad detectada.
Los abogados vigueses que pleitearon en el caso de la AP-9 han llegado a señalar que, de obtener una sentencia que les dé la razón, la empresa o la Administración subsidiariamente podrían tener que llegar a devolver los importes de los peajes cobrados durante los años prorrogados, es decir, desde el 2012.
