Una asociación de consumidores insta ya la devolución de los peajes cobrados en la AP-9 desde el 2013

GALICIA

M.Moralejo

Tras admitir la UE su advertencia de ilegalidad en las prórrogas otorgadas a la autopista, En-Colectivo considera que está cercana la liberación del vial

24 sep 2021 . Actualizado a las 23:38 h.

En-Colectivo, la plataforma de consumidores que instó el dictamen de ilegalidad emitido ayer por la Comisión Europea contra las prórrogas otorgadas a Audasa hasta el año 2048 en la explotación de la autopista AP-9, pretende traducir dicha resolución en acciones concretas en favor de los gallegos al exigir ya el fin de la concesión del vial en manos privadas y la devolución de todos los peajes que entienden se cobraron indebidamente desde el 2013.

La asociación radicada en Vigo ha hecho un llamamiento a todos los usuarios de la autopista gallega para que empiecen a reunir comprobantes y justificantes del pago de peajes desde el momento en el que debiera haber concluido la concesión del vial hace ocho años, en la seguridad de que el contrato de explotación no se podrá mantener. Anticipan que o bien el Gobierno de España tendrá que acatar el dictamen de la Comisión Europea, o en caso contrario el gobierno comunitario lo hará cumplir acudiendo al Tribunal de Justicia Europeo para que mediante sentencia obligar al Estado a aceptar que las ampliaciones en la concesión de la AP-9 se hicieron vulnerando la ley. En-Colectivo se ofrece desde ahora en su web a reunir a todos los posibles demandantes para hacer una reclamación en masa.

Como ayer se comunicó desde Bruselas, la Comisión dictaminó que las prórrogas que por tres veces llevaron la explotación del vial por parte de Audasa del 2012 al año 2048 no se hicieron con transparencia ni con igualdad de oportunidades para posibles aspirantes a hacerse con la gestión de la infraestructura. La Comisión Europea, como ya concluyó con un caso similar de una autopista italiana, advierte que «la prórroga de un contrato de concesión, equivale a una nueva concesión», por lo que debería haberse sacado a concurso para que cualquiera pudiera optar al mismo y la Administración y los usuarios de la AP-9, en este caso, beneficiarse de las condiciones más favorables que pudiesen presentarse por otras empresas.