El BNG califica el anteproyecto de ley para la gestión integral del agua de «sablazo» a los usuarios

Juan María Capeáns Garrido
Juan Capeáns SANTIAGO

GALICIA

XOAN A. SOLER

La Xunta niega que suponga un incremento de precios e invita a la alcaldesa de Tomiño, del Bloque, a asumir «de forma inmediata» la depuradora municipal, que gestiona Augas de Galicia

21 sep 2021 . Actualizado a las 10:14 h.

El BNG ha clarificado su posición sobre el anteproyecto de la Lei de mellora do ciclo integral da auga que impulsa la Xunta mediante la cual la Administración autonómica se pone a disposición de los concellos que voluntariamente quieran ceder la gestión a Augas de Galicia y recibir apoyo para asumir las infraestructuras hidráulicas de saneamiento y depuración con apoyo por parte de las diputaciones provinciales y de la propia Xunta.

Para la formación nacionalista, esta propuesta, que todavía no ha entrado en fase de discusión en el Parlamento, es un «sablazo» para los usuarios porque significará un aumento de los precios, además de suponer una carga para los concellos. «É como un imposto á choiva», valoró Ana Pontón sobre las nuevas figuras fiscales que se crean para financiar el ciclo del agua.

Según la portavoz nacionalista, que reunió en la Cámara a varios líderes municipales para fijar la postura del grupo, detrás de la iniciativa que lidera la Consellería de Infraestruturas «hai afán recadatorio», además de haberse diseñado de espaldas a la sociedad. Y no le vale al Bloque que todavía existan posibilidades de enmendar el texto, porque entiende que tal y como está planteado es «irreformable» y debe tumbarse de principio a fin para empezar «de cero».

La réplica del PPdeG

El portavoz del PPdeG salió al paso de algunas de las ideas trasladadas por el BNG y descartó que vaya a producirse un incremento en los precios que pagarán los usuarios, aunque sí habrá algunos cambios de conceptos en la fiscalidad que serán revisables en el trámite parlamentario. Además, Pedro Puy calificó que «indiscutible» que la gestión del agua es una competencia municipal, y que esta Lei, con la propuesta de gestión a través de Augas de Galicia, viene a dar solidez a un apoyo «de anos» que la Xunta lleva prestando a los alcaldes, que cifró en 1.100 millones de euros.

Incidió en que la adhesión al programa era voluntaria y pidió -sin citarlo- al BNG «calma» antes de cuestionar el plan «sen coñecer o texto». De forma más genérica, Puy recordó la necesidad de que Galicia aborde la gestión del agua porque «avanzado o século XXI» todavía quedan aldeas y zonas de la comunidad con problemas de abastecimiento y saneamiento.

Reproche a la alcaldesa de Tomiño

El posicionamiento del BNG sobre el texto legal del agua ha molestado sensiblemente a la Consellería de Infraestruturas, que poco después de la rueda de prensa envió una nota de prensa conminando a la alcaldesa de Tomiño, la nacionalista Sandra González, que participó en la puesta en común matinal ante la prensa, que «pode asumir de forma inmediata o funcionamento da depuradora municipal, que xestiona Augas de Galicia proporcionándolle un inxente apoio técnico e económico a este municipio nas súas competencias». La Xunta, traslada el gabinete de Ethel Vázquez, lamenta «as mentiras» del Bloque y las «incoherencias» de González, y señala que el objetivo de la Lei es «ordenar, reforzar e estender esa axuda a todos os concellos que o soliciten, sen crear novos impostos». Infraestruturas asegura que el Concello de Tomiño «rexeita» asumir la gestión de la depuradora municipal.

El Gobierno gallego también extiende la aclaración sobre los tasas y explica que en la actualidad la Xunta, en los concellos en los que gestiona la depuradora, solo recauda el llamado coeficiente de vertido, que con la nueva Lei pasará a denominarse canon de gestión de depuradoras, para adecuarse a su funcionalidad. La Administración autonómica también cobrará polos servicios de saneamiento en los que empiece a gestionar los colectores, pero sustituyendo a la tasa municipal. El próximo viernes se celebrará una reunión entre la Consellería, la Fegamp y las diputaciones provinciales para informar sobre los detalles del proyecto.