Gonzalo Caballero reclama a Feijoo que actúe para mantener los servicios financieros en el rural

GALICIA

Caballero, esta mañana junto a alcaldes de concellos afectados por cierre de oficinas bancarias, y varios diputados socialistas
Caballero, esta mañana junto a alcaldes de concellos afectados por cierre de oficinas bancarias, y varios diputados socialistas Lavandeira jr

El líder del PSdeG denuncia que cada semana que cierra una sucursal supone «unha puñalada» a los derechos de los ciudadanos

13 sep 2021 . Actualizado a las 17:21 h.

La alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, sus homólogos de A Baña, José Antonio Pereira, y de Dumbría, José Manuel Pequeño, o la regidora de Forcarei, Verónica Pichel. Eso fueron algunos de los cargos locales del PSdeG que este lunes atendieron la llamada del secretario general de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, para alzar la voz desde el Parlamento gallego contra el cierre de sucursales bancarias en los concellos del rural y exigir que Feijoo actúe para preservar los servicios financieros y garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos vivan donde vivan.

«Se Galicia quere ter futuro, non pode abandoar o rural», manifestó el líder del PSdeG, que puso de relieve que cada semana que cierra sus puertas una sucursal bancaria en un municipio del rural, «é unha semana na que Feijoo dá unha puñada aos dereitos dos galegos», generando exclusión financiera en varias zonas del territorio.

Gonzalo Caballero emplazó al Gobierno gallego a promover una política de «discriminación positiva» con los municipios rurales, mediante el impulso de una carta de servicios básicos para los ciudadanos. «Non é unha cuestión de números, é de persoas», arguyó la alcaldesa de Forcarei, que equiparó la prestación de servicios financieros con los educativos o los sanitarios, pues para muchas personas tienen una importancia similar.

El número uno del PSdeG pidió a Feijoo que con este asunto no vuelva a practicar el «escapismo» y a echar «balóns fóra», pues recordó que la Administración gallega tiene instrumentos para actuar ante el cierre de oficinas como las de Abanca, y le propuso movilizar parte de los 1.100 millones de euros de recursos extraordinarios con los que cuenta para este año el presupuesto de la Xunta.

El alcalde de A Baña no dudó el calificar de «atentado» que se deje a más de 1.000 personas mayores de 60 años sin oficina bancaria en su localidad, y el Dumbría consideró que «é o colmo» que tras desprenderse de sus propios inmuebles, ahora entidades como Abanca pidan ayuda al concello para instalar cajeros automáticos.