El presidente del Consejo General de Enfermería reclama 7 millones en deudas al colegio de Pontevedra

e. v. pita VIGO / LA VOZ

GALICIA

El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, custodiado por un guardia civil
El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, custodiado por un guardia civil M.Moralejo

Se trata de las deudas acumuladas desde hace veinte años

07 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, declaró por videoconferencia ante el juez de Vigo que el colegio de Pontevedra, con sede en Vigo, adeuda 7 millones de euros por las cuotas impagadas durante 20 años.

El presidente Pérez declaró desde Madrid el 31 de agosto en una sesión por videoconferencia ante el juez de Instrucción número 2 de Vigo. Compareció en calidad de testigo en el caso del supuesto blanqueo de capitales y otros delitos por los que son investigados el presidente del colegio pontevedrés, Carlos Fernández, su esposa e hija. Los tres miembros de la familia salieron en julio de prisión provisional.

Según fuentes cercanas al caso, Florentino Pérez explicó al juez de Vigo que la deuda del colegio de Enfermería de Pontevedra con el Consejo General asciende a siete millones de euros, sin contar los intereses. Se trata de las deudas acumuladas desde el 2001, de las que gran parte han sido ratificadas con sentencias en firme. Incluyen una parte de los últimos años que también reclaman. El presidente estatal aclaró que el Consejo es favorable a llegar a un acuerdo para abonar la deuda pero no a través de quitas si mediante el fraccionamiento de los pagos.

Luego, Pérez entró en por menores de cómo el colegio pontevedrés impugnó durante años la obligación de pagar sus cuotas aunque la Justicia desestimó sus pretensiones en dos ocasiones. En los últimos años, tenían a su favor órdenes de ejecución para cobrar pero el colegio siguió sin pagar, por lo que acumuló nueva deuda, según explicó Pérez al juez.

El conflicto se remonta a 1997, cuando ya estaba en el poder el presidente Carlos Fernández. En aquel entonces, el Consejo General tenía capacidad de intervenir a un colegio moroso si incurría en una falta de pago. Así ocurrió con el de Pontevedra, que tuvo que liquidar los impagos hasta que Madrid alzó la suspensión. Libre del Consejo, Vigo volvió a las andadas y se metió en batallas legales para anular las cuotas. A ello se sumó que los jueces revocaron el poder de intervención y solo permitieron al Consejo recaudar los impagos a través de una reclamación legal. Las deudas que Madrid reclama a Vigo se remontan al 2001, cuando dejó de pagar otra vez sus cuotas.

El juzgado, durante la videoconferencia del día 31, emplazó al asesor jurídico del Consejo a mostrar un informe sobre todas las reclamaciones de la deuda al presidente vigués.

El interrogatorio del presidente del Consejo era la última toma de declaraciones que faltaba. El instructor de Vigo tiene por delante el trabajo de recabar informes de la Tesorería de la Seguridad Social, de Hacienda y del Colegio de Enfermería de Pontevedra.

Por otra parte, el tribunal vigués tramitó los diversos recursos que se interpusieron contra las resoluciones del juzgado.

Carlos Fernández, su esposa e hija fueron detenidos en Vigo el 11 de marzo. Supuestamente, habían creado una red de empresas que daba servicios al propio colegio que dirigían.