Las comunidades gestionarán el 55 % de los fondos de la UE, 10.500 millones
GALICIA
Feijoo ve el anuncio con «esperanza», pero pide uniformizar los criterios
31 jul 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Pedro Sánchez llegó a la conferencia de presidentes de Salamanca con dos ases en la manga: el del refuerzo de las vacunas en el mes de agosto y el anuncio de la cogestión de los fondos europeos con las comunidades, que tendrán a su disposición 10.500 millones de los 19.036 que va a recibir España de la Comisión Europea este año. Supone un 55 %, cinco puntos más de lo que reclamaban los presidentes más insistentes con la cogobernanza, entre los que se encontraban el gallego y el andaluz.
La Moncloa deslizó este anuncio temprano, con el objetivo de desactivar los ataques de los líderes populares, que centraron sus críticas previas en este punto y en el propio formato del encuentro, sin orden del día ni negociaciones previas, que siguió vigente en las valoraciones finales. Con matices, la medida consiguió rebajar la tensión y abrió un «apartado a la esperanza», reconoció el presidente de la Xunta, que llevaba bien calculado el balance del reparto hasta el momento, que deja en manos del Gobierno un 62 % de los fondos percibidos y la sensación de que en cada departamento estatal hay criterios distintos. «Nos sentimos como oficinas que gestionan las decisiones de los ministerios», reprochó el jefe de la Xunta, que pidió transparencia y equidad para las inversiones en proyectos público-privados. Su ejemplo de que esto no está ocurriendo es el anuncio de la fábrica de baterías en Cataluña.
En la línea de Feijoo se posicionó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), quien también solicitó esa unidad de criterio y que esta disposición se mantenga en los próximos ejercicios, sin que los fondos puedan tratarse en negociaciones bilaterales y «a espaldas» del interés general.
Más complacientes con el anuncio se mostraron los presidentes socialistas, como el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que recomendó evitar los «despilfarros» y sí fue incisivo al reclamar la llegada de más partidas desde Europa que cubran los gastos que seguirá generando la pandemia. Por su parte, la presidenta de La Rioja, Concepción Andreu, destacó el ejemplo de «cogobernanza» que da con esta decisión el Ejecutivo de Sánchez, al tiempo que desvelaba alguna reflexión del presidente indicando que el dinero llegará a las pequeñas y medianas empresas, una reclamación que también hizo constar el aragonés Javier Lambán.
El reparto de los fondos, del que se conocerán más detalles el lunes, tras una reunión sectorial que liderará la ministra de Hacienda, dio pie al gran debate pendiente en la España de las autonomías, que es el del replanteamiento de la financiación. El presidente valenciano lo llevaba en su agenda, y no desaprovechó la oportunidad de concluir que la «mayoría» de los territorios están en contra de los «privilegios fiscales», una crítica que dirigió hacia Madrid. Otros dirigentes prefirieron sacar el tema al abordar la crisis demográfica, demandando un reparto ordinario con criterios más justos.
Las formas y el fondo
La otra gran polémica previa no disminuyó al finalizar la conferencia de presidentes. O la «reunión informal», como la definió Feijoo, que con carácter general se mostró bastante decepcionado con el resultado. El presidente de la Xunta ha salido insatisfecho de la reunión mantenida durante más de cinco horas en Salamanca, en la que «ha habido mucho monólogo, poco diálogo, ningún acuerdo y ninguna novedad». A su juicio, «no ha valido para casi nada», y bien podría haberse celebrado «por videoconferencia». Díaz Ayuso, igual de disconforme que el líder gallego pero con más agresividad en sus planteamientos -«callarse no es unidad, es pleitesía», dijo-, mantiene su intención de no volver a participar si la convocatoria no va por el manual. Pese a las críticas, todos coincidieron en que reinó la cordialidad y «hasta hubo aplausos de todos al torero», afirmó el cántabro Revilla en referencia a Sánchez.
La fiscalidad de Madrid y el trato al País Vasco y Cataluña centran las discrepancias
Si en algo hubo unanimidad manifiesta entre todos los protagonistas fue en lamentar la ausencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, una crítica que no pasó de ahí entre la mayoría de los dirigentes socialistas, pero que puso en alerta al resto, muy críticos y recelosos con la negociación bilateral con Cataluña. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, consideró «importante» que la Generalitat vaya a participar en la conferencia sectorial técnica sobre fondos europeos del lunes, y que se vaya a reanudar la comisión bilateral esa misma tarde. Unos canales que ha calificado de igual de «válidos y legítimos» que otros foros. Por su parte, el lendakari también tuvo que defender su presencia en Salamanca, que no obedece a «prebendas o concesiones», sino que la transferencia a Euskadi de tres nuevos impuestos se ha hecho en «cumplimiento de la ley, ni más ni menos», justificó.
En las comparecencias posteriores, Isabel Díaz Ayuso también reprochó algunos comentarios de presidentes, que hablando de la financiación dirigieron sus críticas a la fiscalidad de Madrid. La propia ministra refirió que no se puede «sorber y soplar» al mismo tiempo al pretender más servicios y, a la vez, reducir los impuestos. El socialista Ximo Puig fue el más punzante con las políticas de la madrileña.
Galicia pone el foco demográfico en la natalidad y el retorno, y las áreas pobladas también piden atención
Respecto al tercer eje que centró la reunión, la demografía, Feijoo hizo hincapié en que la estrategia presentada por el Gobierno de España, con una inversión de 10.000 millones en tres años y 130 iniciativas, es «unilateral» y no aborda la que es, desde su punto de vista, la clave del problema: la natalidad. «Estamos en la peor situación de las últimas décadas», advirtió. Y propuso como solución una política más decidida para propiciar el retorno de tres millones de españoles que viven en el exterior.
Varios presidentes, sobre todo los de territorios que llevan años denunciando un problema estructural de España, aprovecharon para ofrecer sus perspectivas sobre el problema, muchas veces coincidentes, y casi siempre sus intervenciones acabaron derivando en reflexiones sobre la financiación territorial. El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), pidió que en la financiación autonómica se tenga en cuenta el coste real de los servicios. «Sin una financiación autonómica ajustada al coste real de los servicios, la España abandonada está condenada no a recuperarse, sino a desaparecer de manera definitiva», dijo, al tiempo que reconocía que este debate será duro, «a cara de perro», porque está en juego un debate de país.
El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, fue también tajante al asegurar que va a «luchar a muerte» para que el número de habitantes no prime en la ley de financiación autonómica, pues en ese caso no podrían mantenerse los servicios que se prestan en zonas rurales y sería la «hecatombe final ya para la despoblación».
El castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco (PP) también recordó que su comunidad lleva años aplicando políticas para atajar la despoblación y se prestó para aportar trabajos que den al Gobierno una visión más profunda. Con todo, consideró que «la música suena bien, pero hay que escuchar la letra: es necesario el diálogo fluido entre la ministra de Reto Demográfico y las autonomías», defendió el presidente, quien volvió a reclamar una ley para municipios de menos de 5.000 habitantes con una fiscalidad favorable para el mundo rural.
En un asunto que no afecta a toda España por igual, también surgieron voces para pedir atención por el fenómeno contrario. Así, el presidente de Melilla advirtió que a la hora de repartir fondos y establecer criterios «tan mala es la alta densidad de población como la baja». En el caso de Eduardo de Castro (ex de Ciudadanos), dirige un territorio con «una de las más altas de Europa».
En esa línea se expresó la socialista balear Francina Armengol, quien recordó que el censo creció en las islas un 39 % en este siglo. «Tenemos un problema de hiperpoblación y de población flotante, y eso nos obliga, por ejemplo, a hacer más escuelas y más viviendas», remarcó la presidenta.
