El Gobierno solo garantiza la cobertura 5G para el 2025 a 23 localidades gallegas y el aeropuerto de Santiago

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No obliga a los operadores a cubrir Peinador ni Alvedro, y tampoco tendrán que atender ningún puerto ni estación de tren de la comunidad

27 jul 2021 . Actualizado a las 15:15 h.

Las frecuencias para implantar el 5G en España ya tienen dueños. Rematada la subasta de la banda de 700 MHz (en el conocido como el segundo dividendo digital), Telefónica, Vodafone y Orange se han confirmado como los operadores que desarrollarán la red 5G en el país. Además del pago conjunto de 1.010 millones de euros al Gobierno por los lotes conseguidos, hacerse con el codiciado uso del espacio público radioeléctrico supone que las tres empresas tendrán que asegurar unas coberturas mínimas de aquí a mediados del año 2025. Y en esas condiciones de mínimos, Galicia no sale del todo bien parada.

En lo que toca a localidades, los pliegos de condiciones obligan a los tres operadores adjudicatarios a cubrir, antes del 30 de junio del 2025, todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. En el caso gallego, esa obligación solo atañe a las siete principales ciudades: Lugo, Ourense, Vigo, Pontevedra, Santiago, A Coruña y Ferrol.

A mayores, el operador que se ha hecho con el principal bloque de frecuencias, que ha sido Telefónica, deberá dar cobertura a las localidades de más de 20.000 habitantes, lo que supone sumar a la lista a otros 16 concellos de las provincias atlánticas: Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros y Ribeira (en la provincia de A Coruña); y Cangas, A Estrada, Lalín, Marín, Ponteareas, O Porriño, Redondela y Vilagarcía de Arousa (en la de Pontevedra). En las provincias interiores, en el plazo de cuatro años solo será obligatorio dotar de 5G a las capitales.

Un aeropuerto y ningún puerto

Las obligaciones de la subasta también incluyen dar cobertura a infraestructuras de comunicación claves, como ciertas carreteras, aeropuertos, puertos o estaciones de ferrocarril. En el caso gallego, no son demasiados los enclaves incluidos en el listado. En lo que toca a los aeródromos, el único incluido es el de Santiago, que los tres operadores deberán atender antes de mediados del 2025 (en otros aeropuertos españoles, la fecha límite es el 31 de diciembre del 2022). No aparecen recogidos en las obligaciones mínimas ni Peinador, en Vigo, ni Alvedro, en A Coruña.

Más llamativo es el caso de puertos y estaciones de tren, dado que los pliegos de la subasta no incluyen ni un solo enclave de este tipo en Galicia. Es decir, el Puerto de Vigo, líder español en pesca y destacado también en el movimiento de mercancías, no tiene garantizada la cobertura 5G en los próximos cuatro años, algo que sí tendrán los de Arrecife o Ibiza. Tampoco será obligatorio que Telefónica, Orange o Vodafone la proporcionen en ninguna de las nuevas estaciones intermodales o paradas de ferrocarril que ya existen en la comunidad.

Tras consultar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital sobre los criterios que guiaron la selección de las infraestructuras incluidas en las bases como de cobertura obligada, el departamento gubernamental se ha limitado a señalar que «el principal criterio que se utilizó fue el de mayor cantidad de tránsito de personas y mercancías, y también se tuvo en cuenta que hubiera infraestructuras de todas las comunidades autónomas».

La AP-9 y la A-8, con 5G el año próximo

Respecto a las carreteras, sí hay algunas vías gallegas incluidas en las obligaciones derivadas de la subasta de frecuencias. Así, la AP-9 y la A-8 deberán contar con cobertura 5G antes de que termine el año próximo, el 2022. A 30 de junio del 2025, deberán tenerla también la A-6, la A-52, la N-634 (que va de San Sebastián a Santiago) y la N-642 (que transcurre entre Vegadeo y San Cibrao). No se incluye ningún carretera ni autovía de la red autonómica.

¿Quiere esto decir que el resto de localidades y carreteras gallegas no tendrán cobertura hasta después del 2025, o que no habrá 5G en ningún puerto ni estación de tren de la comunidad antes de cinco años? No. Los pliegos solo marcan los requisitos mínimos que las empresas adjudicatarias deben cubrir. Telefónica, Vodafone y Orange podrán luego decidir luego sus propios objetivos e incluir otros enclaves que consideren de interés. Pero lo cierto es que dotarlos o no de esta tecnología queda a partir de ahora en manos de lo que decida al respecto cada operador, ya que el Gobierno no se lo ha exigido.

Obligaciones «insuficientes» para la Xunta

Los pliegos de condiciones de la subasta no fueron, desde un principio, del agrado de la Administración gallega. A través de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) se presentaron en el mes de enero una serie de alegaciones a las bases de la puja. Se pedía, entre otras cuestiones, que fuera obligatorio que entre los tres operadores lograsen dar servicio 5G con al menos una opción a todas las poblaciones de más de 500 habitantes en un plazo máximo de tres años, y que la empresa adjudicataria del bloque principal, tuviese que garantizar cobertura a al menos el 80 % de las localidades de más de 250 habitantes en el plazo de cuatro años. También se reclamaba que todas las carreteras convencionales de titularidad estatal estuviesen cubiertas en el plazo de tres años y las de titularidad autonómica, en cuatro.

«As obrigas establecidas polo Goberno de España para os gañadores de frecuencias son moi escasas. As obrigas de cobertura deberían fixarse sobre poboacións rurais, e non naquelas de máis de 20.000 habitantes, que xa resultan de interese para os propios operadores», reclaman desde la Amtega, toda vez que la puja se ha celebrado ignorando las peticiones de Galicia.

Por ello, tras la adjudicación de los lotes de frecuencias, la Xunta insiste en que es de gran importancia para las comunidades con más territorio rural «especificar e priorizar as medidas contempladas na Estratexia de Promoción do 5G tecnoloxía do Estado que permite incentivar o despregue de 5G en todas as estradas nacionais, provinciais e outras».

La CNMC ya reclamó más obligaciones de cobertura

Las obligaciones de cobertura ya fueron criticadas por exiguas por la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El informe de la CNMC sobre las condiciones de la subasta de la banda de los 700 MHz ya marcaba la necesidad de ampliar las obligaciones de cobertura marcadas a los adjudicatarios, y de que existiera una «coherencia» entre esas obligaciones y los planes de ayuda, «de forma que no quedara ninguna zona sin que le fuera de aplicación o la obligación de cobertura o los planes de impulso del despliegue». Ni esta, ni otras recomendaciones de la CNMC, fueron tenidas en cuenta.