Las playas gallegas continúan con un déficit de socorristas a pesar de la moratoria en titulaciones

Vanessa Touceda / M. S. REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

JOSE PARDO

El alto coste de los cursos exigidos para ser socorrista y la breve duración de la época estival son las razones que frenan la demanda de empleo en el sector

10 jul 2021 . Actualizado a las 09:52 h.

Principios de julio. Temporada de playa. El servicio de salvamento y socorrismo es el responsable de velar por la seguridad en las playas gallegas. Sin embargo, otro año más, se produce el mismo problema: la dificultad para cubrir las plazas necesarias, porque incluso las pruebas de selección aún no han terminado, y no lo harán antes del día 15 de julio. La presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia, Nuria Rodríguez, confirma la carencia de socorristas en las playas gallegas: «Hay déficit en algunas zonas localizadas», sobre todo en municipios con servicios de corta duración.

El origen de este déficit se remota a un decreto del año 2012, que fijó la formación mínima que debían tener los socorristas. A día de hoy, solo están exentos de este certificado de profesionalidad los titulados en INEF (ahora grado de Ciencias da Actividade Física e do Deporte) y aquellos vigilantes que en el 2012 ya ejercían, después de que en el citado decreto se les permitiese un período de carencia de 5 años, ampliado en el 2017 a cuatro más y al que se suma otro año de gracia por la pandemia. A pesar de estas moratorias, y tal y como avisó en su momento la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, las carencias de personal no se han solucionado.

Para paliar esta situación, la Xunta prepara un decreto que permite a los concellos agilizar el proceso de contratación; acepta la obtención de la acreditación por otras vías; y contempla la creación del puesto de auxiliar de socorrista, que pueden ocupar técnicos en primeros auxilios o en emergencias sanitarias ya titulados. Eso explica Nuria Rodríguez, que define el objetivo del Gobierno al crear este cargo como «tener gente en las playas, que ayude algo».

En Cataluña los problemas del salvamento son similares porque su normativa, del 2015, impone para ser socorrista la posesión de un certificado de profesionalidad o un ciclo formativo de grado medio y la inscripción en el Registro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña.

Un curso muy caro y poco tiempo de trabajo

La causa de la caída de la demanda de un puesto para ser socorrista parece estar vinculada con los costes de la formación requerida, de hecho, en el 2019 en comunidades autónomas como esta, la demanda había caído un 30% debido a los costes de formación, que se situaban en los 1.500 euros. Lo recordaba Ramón Costoya, socorrista en Valdoviño, para quien el curso era demasiado caro en Galicia, por lo que proponía a los ayuntamientos subvencionar la titulación, de tal modo que el socorrista que se hubiera beneficiado de esa ayuda, tendría que trabajar en las playas de la localidad.

La costosa formación y la escasa duración del trabajo también provoca que los socorristas se marchen a otras comunidades, como Canarias, donde la estación estival es más larga, o Asturias, región más cercana. En la mayoría de ellas no es preciso el certificado de profesionalidad para ejercer como socorrista, por lo que los especialistas en salvamento suelen encontrar trabajo con facilidad sin el título. Eso es lo que ocurre en Pontedeume, donde su alcalde, Bernardo Fernández, reconoce las dificultades de encontrar los seis vigilantes que necesita para la playa de Ber, porque los profesionales prefieren ir a la costa levantina, donde la temporada de playa es más larga. En el caso de Pontedeume, además, según recoge Ana F. Cuba de palabras de Fernández, la Xunta no ha sacado la subvención definitiva para los vigilantes y el ayuntamiento es el que tiene que adelantar el dinero desde el ayuntamiento. Ante la falta de especialistas, los concellos deben priorizar las playas más peligrosas, y eso es lo que, por ejemplo, hace Mañón con el arenal de Esteiro.

Además, la gestión de playas no es eficiente, pues cada ayuntamiento es el encargado de asignar un presupuesto para contratarla, y por ejemplo, mientras que en Carballo el coordinador socorrista recibía hace dos años 1.463 euros brutos al mes y el socorrista base, 1.327, en Malpica el coordinador recibe un salario bruto de 1.654 euros y el socorrista base 1.449. El hecho de que los ayuntamientos sean los encargados tiene estas desventajas vinculadas a la falta de presupuesto y la autorregulación. Las dificultades con las que se encuentran los ayuntamientos para controlar el servicio de playas acarrea que acaben delegando su responsabilidad en empresas privadas especializadas. Es el caso del municipio de Sanxenxo que, ante el crecimiento en el número de banderas azules, ha pensado en privatizar su servicio, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia.

Por su parte, la Xunta únicamente concede subvenciones a título personal, a los socorristas, y solo si están en paro y ocupan el puesto durante dos meses. Según Nuria Rodríguez, los municipios que solicitan la intervención del gobierno autonómico en el proceso de gestión de los arenales son «los que suelen tener más problemas a la hora de la contratación». La presidenta de la federación gallega explica que contratar a los profesionales que cubre la Xunta es más complicado por los requerimientos exigidos, y señala: «Con esa forma de trabajo el déficit es mayor y aún encima, esta subvención se resolvió demasiado tarde para hacer los procesos selectivos».

Otra de las consecuencias que tiene la falta de salvamento es la retirada de banderas azules de las playas gallegas, de hecho en A Mariña, que tiene este año 18 distintivos azules, les ha resultado difícil encontrar salvamento: Burela y Barreiros confirmaban antes del inicio de la temporada que tendrían que renunciar a algunas banderas por falta de personal, y en Foz, que también perdió sus enseñas, se ha contratado como alternativa siete auxiliares de playa. Ribadeo, en cambio, ha lanzado nuevas convocatorias con la esperanza de conseguir socorristas, según la información recogida por María Cuadrado, de la delegación de La Voz en A Mariña.

En el otro extremo está la ría de Pontevedra, donde se izaron todas las banderas previstas, siendo las últimas las de Bueu, que lo hicieron este viernes al subsanar la falta de vigilantes, según informa Marcos Gago.

Todos los ahogamientos registrados en el mes de junio estuvieron vinculados a una falta de vigilancia en los espacios acuáticos, sumando 35 casos mortales, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, por lo que parece necesario solventar ya este problema y garantizar a los bañistas la seguridad en su tiempo de ocio.