La crisis del coronavirus satura los juzgados de lo social de Galicia

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Imagen de un juzgado de primera instancia de Ferrol, tomada el pasado viernes.
Imagen de un juzgado de primera instancia de Ferrol, tomada el pasado viernes. JOSE PARDO

A la espera de lo que ocurra con el fin de los ERTE, ya se están dando citaciones para dentro de tres años

20 jun 2021 . Actualizado a las 12:54 h.

Los problemas de la Justicia en Galicia vienen de lejos por lo que la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación, con juzgados saturados por su excesivo volumen de casos en trámite, es decir, pendientes de resolver, la mayoría en la jurisdicción social, en la que han entrado de golpe más de ocho mil asuntos, un 18 % más que en el mismo período del 2020. En esos juzgados están los mayores problemas de congestión. Es donde más está golpeando la crisis, que acumula ya un elevado número de despidos. Sin embargo, la mayor entrada de casos se está detectando en la jurisdicción civil. Al cierre del primer trimestre registraba un 20 % de aumento de asuntos ingresados. Los expertos señalan que es en lo civil en donde se aprecian antes las señales de una crisis económica, porque se deja de pagar el alquiler, el teléfono, la tarjeta o las pensiones. Es el mejor termómetro para valorar la llegada de una crisis, afirman fuentes jurídicas.

Los últimos informes del Consejo General del Poder Judicial sitúan a Galicia con 167.000 casos en trámite. Es una cifra importante, pero mejor de la esperada, aseguran fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En los primeros momentos de la crisis sanitaria, las mejores previsiones auguraban aumentos de entre el 18 y el 20 % en el número de asuntos pendientes en los órganos judiciales, y finalmente el incremento fue solo del 4 %.

Pero la situación puede empeorar. Aunque ahora los mayores incrementos se localizan en los juzgados de lo civil, lo cierto es que lo peor puede estar por venir cuando el Gobierno deje de prorrogar los ERTE y, como consecuencia, se incrementen los despidos. Eso traería una avalancha de asuntos a los ya exigidos juzgados de lo social gallegos, en los que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior mantiene jueces de refuerzo y en los que hay señalamientos para el año 2024.

Un repaso a la situación en distintas zonas de Galicia refleja esta radiografía. En Pontevedra, la jurisdicción social es la que plantea más problemas, aunque el escenario varía mucho dependiendo del juzgado, alguno de los cuales señala asuntos para dentro de tres meses. No es el caso del número 1 que, según confirmaron desde el Tribunal Superior de Xustiza, está haciendo citaciones para el 2023 en asuntos que la ley considera no urgentes. Las causas que sí son prioritarias, como las vinculadas con despidos o vacaciones se abordan dentro del mismo año.

En Ferrol también son los juzgados de lo social los que más sufrieron las consecuencias del coronavirus. En ellos es donde más se aprecia la saturación de casos y el retraso acumulado por el parón. Según la jueza decana, Amelia Pérez Mosteiro, el plazo normal para el señalamiento era de seis meses, pero tras la pandemia se ha duplicado y ahora alcanza el año. De ahí que sus agendas tengan juicios fijados para mayo del 2022. En los juzgados de instancia no se dilatan más allá de unos meses, y los más lejanos están marcados, «como mucho, en septiembre u octubre». Y tampoco en otros órdenes jurisdiccionales, como penal y contencioso-administrativo, hay dilaciones que vayan más allá de este año 2021 en los juzgados de Ferrol. No obstante, la jueza decana reconoce que «se ha duplicado la carga de trabajo» a consecuencia del reajuste obligado por el estado de alarma, que suspendió los plazos procesales. Y hay ciertas «disfunciones» a raíz de esos cambios al coincidir señalamientos para letrados y procuradores en diferentes órganos jurisdiccionales. Pese a todo, «la respuesta del partido judicial de Ferrol ha sido excepcional».

El TSXG apuntó que los Juzgados de lo Social de Ferrol tuvieron un 19 % de entradas más en el primer trimestre del año respecto al 2020, aunque en el pasado ejercicio solo se contabilizaron los dos meses y medio previos a la declaración del estado de alarma, hasta mediados de marzo. Dotar a Ferrol de un nuevo juzgado de lo social es una de las prioridades del TSXG, aunque no será este año.

En Lugo, como sucede en otras ciudades de Galicia, la jurisdicción más achuchada es la social. Con el nuevo juzgado, el cuarto, creado este año se espera que la situación se normalice, pero por el momento hay una bolsa importante de asuntos sin resolver. Por eso la Sala de Gobierno del TSXG aprobó que se mantenga un refuerzo para estos juzgados hasta finales de año. Las fechas de señalamiento dependen de cada juzgado y de cada materia, ya que en la jurisdicción social van, por decirlo así, en dos turnos. Lo urgente y lo que no. Para lo que no es urgente, hay juzgados que ya tienen todo el 2022 lleno.

La modernización tecnológica es la gran apuesta para agilizar la actividad judicial

La modernización tecnológica es uno de los objetivos para mejorar la Justicia en Galicia. Si para algo ha servido la pandemia es para mostrar que es posible seguir trabajando gracias a las nuevas tecnologías. Desde el Tribunal Superior de Xustiza destacan el gran avance al que se ha llegado en los últimos meses en ese apartado, aunque queda un largo camino por recorrer. Y se valora mucho el esfuerzo que ha realizado la Xunta, por medio de la Dirección Xeral de Xustiza y de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), que son las que han aportado las soluciones para que los juzgados pudiesen mantener la actividad.

En las reuniones que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza está manteniendo con los jueces de toda Galicia siempre se plantea la reivindicación tiene que ver con la necesidad de mejorar el área tecnológica en sus juzgados. En el ámbito judicial existe el convencimiento de que la modernización tecnológica es la gran revolución que servirá para agilizar los asuntos que se encuentran en trámite, pero esos medios tienen que funcionar perfectamente y estar adaptados a las circunstancias de la labor de los jueces y a las de cada jurisdicción.

Renovación informática

Precisamente, el Gobierno gallego aprobó en uno de sus últimos consellos una inversión para este año de 1,7 millones de euros este año en gastos de personal, de mobiliario y de dotación y renovación de equipos informáticos en el marco de la segunda fase del plan de actuación para la agilización de la Justicia en Galicia dentro del marco de la lucha contra el coronavirus. El propio Feijoo recordó la reducción de la actividad judicial generalizada que hubo durante el primer estado de alarma aplicado debido a la pandemia y destacó que el plan se puso en marcha para afrontar el previsible incremento de la litigiosidad en los meses siguientes, como ocurre ahora.

La primera fase del plan incluyó medidas de refuerzo en juzgados de lo social y mercantil y la creación de tres nuevos. La segunda se llevará a cabo este año y mantendrá la apuesta por las prolongaciones de jornadas laboral y nuevas contrataciones. Otra parte del presupuesto se destinará a renovar el equipamiento informático.