El PSOE rechaza la vía del juicio rápido para la okupación del hogar habitual

La Voz VIGO / LA VOZ

GALICIA

Dos operarios y un vigilante sellando un edificio okupa de Vigo
Dos operarios y un vigilante sellando un edificio okupa de Vigo M. MORALEJO

La okupación de las viviendas habituales seguirá siendo juzgada a través del procedimiento judicial ordinario y con jurado popular

10 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

La okupación de las viviendas habituales, acción considerada como allanamiento de morada, seguirá siendo juzgada a través del procedimiento judicial ordinario y con jurado popular. Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, junto a la mayoría de las formaciones de la izquierda, rechazaron ayer en el Senado modificar de nuevo la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dotar a las víctimas de las okupaciones de hogares habituales de una herramienta judicial ágil.

El PP llevó a la Cámara Alta la propuesta de que este tipo de okupaciones se resuelvan con juicios rápidos para posibilitar que las víctimas recuperen sus hogares más rápido que en la actualidad, si bien el asalto a las viviendas habituales conforman un porcentaje pequeño sobre el total de casos y están sometidas además a la intervención de las fuerzas policiales en cuanto se denuncian.

El PSOE considera la propuesta popular como una táctica para «generar una falsa alarma social» y al mismo tiempo tratar de acabar con el tribunal del jurado. El grupo Izquierda Confederal se declaró en la misma línea y añadió que el PP pretende eliminar las garantías procesales para los acusados de okupación.

PP, Vox, Ciudadanos y UPN terciaron en sentido contrario, cargando contra el hecho de que las vistas por asalto de viviendas habituales, entre las que también se incluyen las segundas residencias y las ocasionales, tarden de media más de un año en ser convocadas. Los grupos parlamentarios del centroderecha estiman que tanto el PSOE como Unidas Podemos y sus apoyos habituales en las Cortes dan cobertura a la okupación en España, mientras que en países como Francia y otros de la UE se endurece la legislación contra dicho delito.