Dice que la última sentencia del TSXG «non aporta ningunha novidade» y deriva la responsabilidad a la limitación estatal de la tasa de reposición de plazas
08 jun 2021 . Actualizado a las 20:47 h.La Xunta ha salido al paso de una nueva sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que aprecia «fraude» en la gestión laboral de los interinos de larga duración tras juzgar el caso de un peón caminero vinculado a la Consellería de Política Territorial (hoy Infraestruturas). Para la Consellería de Facenda, responsable de los recursos humanos autonómicos (menos en Educación y Sanidade), la resolución «non aporta ningunha novidade» a la jurisprudencia, que viene marcada por diversos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el sentido de penalizar el encadenamiento de contratos temporales en las Administraciones, obligando a estas a transformar esos puestos en fijos o equiparables cuando no se convocan las plazas.
Facenda afirma que su actuación laboral está en línea con la demanda sindical de apostar por la estabilidad laboral, y extiende el problema a todas las comunidades como reflejo de que el origen no está en los gobiernos autonómicos, sino en el tapón que genera el Gobierno central al seguir manteniendo limitaciones en las tasas de reposición de los empleados públicos, que impide sacar todas las plazas que han ido decayendo en los últimos años, mayoritariamente por jubilaciones y otras circunstancias.
La Xunta enmarca en este contexto algunas de las reivindicaciones públicas que ha mantenido en los últimos años para mejorar la estabilidad laboral. Entre otras cuestiones, ha sido sistemática la petición al Gobierno central de que elimine las tasas de reposición y que permita a las comunidades dimensionar sus cuadros en función de las necesidades administrativas. En este sentido, recuerda Facenda que Galicia fue la única comunidad que presentó hace justo un año una «proposta formal» de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público a la entonces ministra de Función Pública, Carolina Darias. La petición respondía a las urgencias generadas en los servicios sociales y sanitarios durante la pandemia.
La Xunta también requiere al Ejecutivo central para que permita anticipar la selección de personal por la vía de las oposiciones para cubrir aquellos puestos que se sabe con certeza que generarán vacantes por jubilación, limitando al mínimo indispensable la interinidad. Esas peticiones también se han trasladado «reiteradamente» al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La sentencia del TSXG tiene en cuenta esa limitación de las tasas de reposición en la última década, pero en este último caso considera que no influye, porque la situación de interinidad del operario comenzó en el año 2001.
