La movilización vecinal propicia la caída de las okupaciones de viviendas este año en Galicia

Carlos Punzón
C. Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA

Un operario municipal tapia las ventanas de un local en el barrio de Recimil (Ferrol) para evitar que entren okupas
Un operario municipal tapia las ventanas de un local en el barrio de Recimil (Ferrol) para evitar que entren okupas JOSE PARDO

Las denuncias bajaron a menos de la mitad en los juzgados gallegos, pero se mantienen estables en el resto de España

08 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Vecinos del barrio de Las Flores de A Coruña echaron a una veintena de okupas en marzo. El verano pasado fueron los de A Zapateira los que presionaron hasta que se marcharon los que habían entrado en un chalé de lujo. Los residentes de la zona de A Gándara, en Lugo, actuaron en noviembre impidiendo que otro grupo se hiciese con el control de varias viviendas, y en el mismo mes en Vigo la presión de dos comunidades de vecinos llevó al juzgado y a la policía a desalojar todo un edificio asaltado.

A esa movilización social achaca el colectivo profesional de administradores de fincas parte de la bajada en el número de denuncias por casos de okupación que el Consejo General del Poder Judicial apunta en sus registro del primer trimestre del 2021. Si en el mismo período de hace dos años los juzgados gallegos registraron 33 juicios por okupaciones, en el mismo trimestre del año siguiente bajaron a 24 y en el del presente ejercicio tan solo a 11. En esos tres primeros meses del 2021 se resolvieron judicialmente doce casos de okupación y otros 50 han quedado pendientes.

La vicepresidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, Carmela Lavandeira, está convencida que a un okupa cuando se le echa de un inmueble okupa otro. «Ellos mismos nos lo dicen, piden unos días de margen antes de irse para encontrar otro sitio, por lo que creo que el número de casos se mantiene. Otra cosa es que se denuncien», apunta. Le otorga relevancia a la presión y concienciación social que ha emergido contra dicho delito. «Esta cambiando el chip de la gente sobre los okupas, se nota menos aceptación social», manifiesta Lavandeira, al tiempo que añade que quienes se ven perjudicados por las okupaciones buscan cada vez más soluciones rápidas para evitar que se enquiste el problema y acumular algo más de un año a la espera de un fallo judicial.

Personal de discotecas

«Claro que han surgido en los últimos meses muchas empresas que se ofrecen a desalojar, pero todo se debe al cierre de las discotecas por el tema del covid y la falta de trabajo de sus vigilantes. En cuanto vuelva el ocio nocturno a estar activo, más de la mitad de esas firmas desaparecerán», prevé Jaime Sanz, responsable de Desokupación Legal, que indica que su carga de trabajo en Galicia se mantiene estable.

A la mayor concienciación social y organización vecinal frente a las okupaciones alude también el abogado coruñés Pablo Franco, que revela que los vecinos de A Zapateira incluso han creado un grupo de WhatsApp para comunicar al momento a todos los residentes de la zona cualquier incidente o movimiento sospechoso. El letrado está convencido de que está bajando el número de asaltos okupas en Galicia, posiblemente a causa de las restricciones por la pandemia.

Los últimos datos sobre intervenciones policiales por casos de okupación en Galicia dibujan una senda creciente desde el 2017 al 2020, año en el que se dieron 171 casos en la comunidad, pero solo 94 de ellos fueron formulados a modo de denuncia ante los juzgados. En los tres últimos años la Justicia ha resuelto en la comunidad 229 casos de okupaciones frente a las 275 denuncias presentadas, con una cadencia media por tanto de una cada cuatro días.

Andalucía es este año la comunidad más castigada por las okupaciones, seguida de Cataluña y Valencia. Galicia es la duodécima más afectada, bajando un puesto respecto al año pasado.