Los transportistas exigen un descuento mínimo del 55 % en las tarifas de la AP-9

Carlos Punzón
carlos punzón VIGO / LA VOZVIGO / LA VOZ

GALICIA

Camiones circulando por la autopista
Camiones circulando por la autopista m. moralejo

El secretario de Infraestructuras mantiene julio como el mes de inicio de la rebaja

05 jun 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El sector del transporte gallego mantiene su temor a quedarse fuera de los descuentos y bonificaciones que el Gobierno central ultima para la AP-9. Los representantes empresariales del colectivo aseguran desconocer cómo y cuánto podrán beneficiarse de dichas rebajas. El Ministerio de Transportes solo ha manifestado públicamente su intención de que los descuentos a los profesionales de la carretera sean equivalentes a su peso en el tráfico de la autopista gallega (suponen menos del 10 %).

El Clúster da Función Loxística de Galicia ha dado un paso al frente estudiando la situación del transporte respecto a la AP-9, definiendo el baremo mínimo que entienden debe aplicarse a los descuentos de los camiones para que estos sean tratados en pie de igualdad al resto de usuarios, se tenga en cuenta que no cuentan con rutas alternativas viables y se evite aumentar la presencia de tráfico pesado en las carreteras convencionales y con él un mayor riesgo de siniestralidad.

El clúster considera que «se justificarían bonificaciones del 100% en el precio de los peajes para el transporte, no pudiendo estar en ningún caso por debajo del 55 %», advierten, al estimar que el uso de la AP-9 encarece un 50 % los costes de un desplazamiento de carga general. Rechazan a mayores que a los camiones les condicionen los descuentos a tener que hacer el viaje de vuelta por la misma AP-9, dado que suelen aprovechar los retornos para portes en recorridos diversos.

14 millones al año

Según sus cálculos, para cubrir ese descuento de algo más de la mitad en el precio de los peajes, el ministerio tendría que pagar a Audasa 13,7 millones de euros al año; 18,7 millones si la rebaja llegase al 75 %, y 24,9 millones si se concediese para los transportes pesados la gratuidad total. El Ministerio de Transportes prevé gastar en las bonificaciones 54,9 millones al año, además de otros 9 millones para eliminar el peaje de Redondela y pagar el peaje en sombra de Rande y A Barcala.

El clúster de la logística estima que las tarifas de la AP-9 merman la competitividad de Galicia, comunidad que advierten no tiene una alternativa posible en el transporte ferroviario, lo que hace que las operaciones generadas en la comunidad supongan el 7,4 % de las que se registran en España, pese a tener solo el 5,7 % de su población.

La dispersión poblacional juega también a favor del camión, incidiendo ambos aspectos en «tráficos elevados y elevados ingresos» para Audasa. El clúster ha analizado los volúmenes de tráfico de todos los tramos de la AP-9 y los de las carreteras próximas, concluyendo que son mayores en todos los casos en la autopista salvo entre Vigo y O Porriño, donde los dos viales discurren en paralelo. Si todo el viaje entre las dos mayores ciudades gallegas se hiciese por carreteras convencionales, el tiempo de viaje aumentaría un 89 %, calculan, por lo que estiman que la concesionaria se beneficia de un tráfico inducido sacando un alto partido económico de ello, siendo además la única autopista de España sin descuento alguno a los transportistas, afirman.

Descuentos en julio

En una visita realizada ayer a Ferrol, el secretario general de Infraestructuras, el gallego Sergio Vázquez, reiteró que el departamento de Ábalos trabaja con la idea de activar los descuentos en la AP-9 el mes que viene. «Es un real decreto de bonificaciones complejo, el más ambicioso de la historia de este país», advirtió. «Es muy delicado por su carga económica», añadió para referirse a la carga que supondrá para los presupuestos del Estado hasta el fin de la concesión en el año 2048. «Queremos hacerlo cuanto antes, pero hacerlo bien, pero mantenemos la estimación de julio y estamos trabajando para obtener ese objetivo», zanjó tras advertir la Xunta que se acaba el plazo dado.