El presidente del TSXG no ve necesario descentralizar más creando consejos del poder judicial autonómicos

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

José María Gómez y Díaz-Castroverde en una foto de archivo
José María Gómez y Díaz-Castroverde en una foto de archivo PACO RODRÍGUEZ

José María Gómez y Díaz-Castroverde defendió que, de los tres poderes del Estado, la Justicia es el mejor valorado en España

01 jun 2021 . Actualizado a las 18:04 h.

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, considera que la justicia española no necesita una mayor descentralización, al menos en lo que toca a los órganos de gobierno de los jueces. Interpelado sobre esta cuestión este martes en una entrevista en Radio Voz, el magistrado reconoció que hay debate sobre la posibilidad de crear consejos del poder judicial autonómicos, pero consideró que la situación actual, con un único consejo general del poder judicial estatal, «es correcta». «A nivel de Galicia, yo no veo necesidad, ni ningún colectivo me la ha expresado, de que deba haber otra configuración», expresó, considerando que la sala de gobierno del tribunal superior gallego «cumple perfectamente la función de gobierno del poder judicial de Galicia».

En la conversación mantenida con José Luis Barreiro Rivas, conductor del espacio radiofónico Camiño de volta, Díaz-Castroverde también fue dio su opinión sobre el papel que se les ha otorgado recientemente a los tribunales en la gestión de la pandemia, debiendo ratificar o autorizar las restricciones de derechos que establecen las comunidades autónomas. «Yo no diría que el Gobierno esté desplazando a los jueces responsabilidades (...) esto es una cuestión de política legislativa, se nos atribuyó esta circunstancia», señaló. «La primera obligación que tiene el juez es cumplir con la ley, así que si la ley nos atribuye esta competencia, nosotros tenemos que ejercerla», insistió.

Respecto a la polémica por los indultos del próces, se limitó a recordar que la función del juez «se desarrolla y se agota en la sentencia y en su ejecución», y la medida de gracia es «una prerrogativa del Gobierno», aunque recordó que dentro del procedimiento de indulto una de las piezas «esenciales» es el informe del tribunal sentenciador sobre las circunstancias que motivan la petición del posible perdón a un sentenciado.

El presidente del TSXG también defendió el trabajo desarrollado por jueces y magistrados, tanto a nivel autonómico como nacional, y su buena percepción por parte de la ciudadanía. Utilizó para ello en una reciente encuesta elaborado por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Tres de cada cuatro personas opinaron que los jueces somos gente competente y preparada, y creo que eso es una realidad», comentó. Aseguró, además, que desde el cargo que ejerce no ha recibido quejas «que consistan en falta de sensibilidad ni en falta de preparación de los jueces».

Discrepó también con la afirmación de que la justicia española esté perdiendo credibilidad. «Dentro de los tres poderes del Estado, es el mejor valorado», aseveró Díaz-Castroverde.

Protocolos anticovid

Por otro lado, la sala de gobierno del TSXG ha decretado que los protocolos sobre actuaciones y organización en los órganos judiciales para hacer frente al covid-19 seguirán vigentes a partir del 20 de junio. Ese día solo decaerá lo relativo a la posibilidad de celebrar actos procesales en horario de mañana y tarde, pero se mantendrán el resto de medidas, como por ejemplo las relativas a la atención telefónica y telemática o la cita previa.

La comunicación aprobada por el pleno de la sala de gobierno el pasado 28 de mayo establece que los protocolos serán válidos hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria o se apruebe alguna norma legal o reglamentaria que los deje sin efecto.

En concreto, continuarán vigentes las medidas relativas a la celebración de actos procesales mediante presentación telemática, las normas y criterios sobre celebración de las actuaciones procesales, la utilización de las salas de vistas y el cumplimiento de las normas sanitarias en el uso de los edificios judiciales, así como la atención preferente al público por teléfono o correo electrónico y, en caso de que sea presencial, con cita previa.