El Congreso insta al Gobierno a pagar ya el IVA adeudado a las comunidades
GALICIA
El PSOE y Podemos apoyan que Hacienda cumpla la sentencia del Supremo
02 jun 2021 . Actualizado a las 09:21 h.La abstención del Partido Regionalista de Cantabria ha impedido que la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados aprobase por unanimidad una iniciativa consistente en instar al Gobierno de España a pagar el IVA adeudado a las comunidades por una liquidación de diciembre del 2017, cuando un cambio en el sistema de retribución impulsado por el ministro Cristóbal Montoro (PP) dejó esa recaudación en un limbo que nunca se llegó a resolver.
La clave de esa solicitud es el apremio para ejecutar el abono —204 millones de euros, en el caso de Galicia—, porque de darles la razón a las haciendas autonómicas ya se ha encargado el Tribunal Supremo, que de momento ha fallado a favor de los recursos presentados por la Junta de Castilla y León y por la Xunta.
Quizás han sido esas sentencias judiciales, que no dejan lugar a dudas sobre la naturaleza de la deuda, aunque sí sobre la cuantía, las que han obligado a los dos partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, a sumarse a la proposición no de ley que inicialmente iban a presentar por separado el PP y el PDECat. Ambas tenían el mismo objetivo: forzar al Ministerio de Hacienda a acelerar una solución para desembolsar una liquidación que, en total, puede alcanzar los 2.500 millones de euros.
Durante el debate de la iniciativa, informó Europa Press, el diputado catalán Ferrán Bel anunció que había negociado con los socialistas un texto que finalmente encontró el apoyo de los populares, pero también de ERC, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, y con el voto solidario del PNV, ya que el País Vasco no tiene deudas pendientes con la caja común por tener su propio sistema fiscal.
A pesar del acuerdo alcanzado en la comisión, en el debate hubo duras críticas por parte de los populares. Con todo, la iniciativa recibió 34 votos a favor, ninguno en contra y una abstención.
Goteo de pronunciamientos
En la petición casi unánime subyace la intención de que el Gobierno de España evite un goteo de pronunciamientos judiciales a favor las comunidades que, tras agotar la vía política, acudieron a los jueces para cobrar esos ingresos, reconocidos en el sistema de financiación autonómica. Sin embargo, algunos Gobiernos evitaron la judicialización cuando la ministra María Jesús Montero resolvió que no iba a pagar las cantidades adeudadas, después de ofrecer en el 2019 la posibilidad de satisfacer la deuda si el PSOE, gobernando todavía en solitario, sacaba adelante los presupuestos.
La ministra portavoz se parapetó durante meses en cuestiones técnicas para eludir el abono, recurriendo incluso a informes de la Abogacía del Estado cuyos dictámenes resultaron contradictorios.
Tras resolverse el primer recurso judicial a favor de Castilla y León, a finales de abril, Hacienda cambió su discurso para reconocer que ofrecerá una solución «conjunta» para todas las comunidades, y fuentes del ministerio reiteraron durante las siguientes semanas que se estaban «estudiando» las sentencias.
¿Dónde está el dinero?
La respuesta aparentemente evasiva del ministerio tiene su justificación, porque la resolución del Supremo al recurso del Gobierno castellanoleonés liderado por Alfonso Fernández Mañueco no ha sido exactamente igual que en el caso de Galicia, porque a la Xunta sí le ha reconocido la posibilidad de cobrar intereses de demora, teniendo en cuenta que una recaudación del 2017 debería haberse incorporado a las cuentas autonómicas a mediados del 2019.
Ese cálculo puede traer problemas, aunque la Consellería de Facenda ya ha adelantado que a los 204 millones podría añadir otros 12, aunque ninguna de las cifras han sido reconocidas por Hacienda. Además, el cómputo no es sencillo, porque de esa partida del IVA cuelgan otros fondos que también habría que recalcular.
Y, por último, es fundamental que haya dinero para pagar. Cuando la ministra anunció que no pensaba hacer el desembolso, en enero del 2020, su única explicación fue que esa partida ya no existía, al haberse realizado el ajuste en términos de contabilidad nacional dos años antes.