El Estado sobre Meirás: «Si la competencia para ampliar el BIC fuese nuestra, se habría hecho ya»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Adornos, cuadros y esculturas, en el acceso principal del pazo de Meirás
Adornos, cuadros y esculturas, en el acceso principal del pazo de Meirás CONCHI PAZ

La protección cultural de los muebles que hay en el pazo distancia a los Gobiernos central y gallego, que fueron de la mano en el proceso judicial que dejó a los Franco sin el inmueble

21 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

«Si la competencia fuese del Estado, no se necesitaría ningún convenio con la Xunta para declarar BIC los muebles del pazo de Meirás que guardan relación con el sitio histórico. Sencillamente, el Estado ejercería su competencia y lo habría hecho ya». Con esta rotundidad se expresan fuentes de la Abogacía del Estado tras el duro informe jurídico que la Consellería de Cultura remitió al Gobierno central acusándolo de salirse del marco de colaboración entre ambas Administraciones y de seguir una vía unilateral al no aceptar el convenio propuesto por la asesoría jurídica del Gobierno gallego.

El Estado no tiene dudas de que es la Xunta la que tiene las competencias para declarar bienes de interés cultural (BIC) a los muebles de Meirás, un paso imprescindible para evitar que los herederos de Francisco Franco vacíen el pazo. En respuesta al informe del Gobierno gallego, el Estado dice que «es falso» que la Xunta necesite una habilitación con un convenio, porque la propiedad del pazo «no condiciona la competencia para hacer la declaración BIC» al no concurrir ninguna de las excepciones previstas en la legislación de Patrimonio Histórico y en la jurisprudencia del Constitucional y del Supremo. Además, esa declaración afectaría a los muebles, sobre cuya propiedad aún no se ha pronunciado el juzgado, como recuerdan desde la Abogacía del Estado.

Esas fuentes aseguran que las competencias de una Administración «no se pueden alterar mediante un convenio administrativo», y añaden que el ejercicio de las competencias por parte de la Administración autonómica «no pone en riesgo alguno el resultado del procedimiento judicial» sobre el pazo, cuya sentencia otorgando la propiedad al Estado está recurrida en el Tribunal Supremo. En ese sentido, los servicios jurídicos del Estado aclaran que «la condición de bien de dominio público del pazo de Meirás en nada se ve afectada por la protección cultural de los muebles que se encuentran en su interior».