Un informe de la Xunta advierte que la tesis del Estado sobre los BIC pone en riesgo la defensa de Meirás
GALICIA
El documento reprocha al Gobierno central que optase por la vía unilateral para pedir la ampliación de la protección de los bienes
20 may 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Fueron de la mano en la reclamación judicial del pazo de Meirás. También han recurrido juntos ante el Tribunal Supremo para que los nietos de Francisco Franco no sean considerados poseedores de buena fe del inmueble. Pero chocan al intentar dar protección como bienes de interés cultural (BIC) a los muebles que hay en el pazo. El Estado sostiene que es la Xunta la que tiene que modificar su propio decreto del año 2008 en el que declaró sitió histórico a Meirás. El primer argumento es que un decreto de la Xunta solo puede modificarlo la propia Xunta. Y añade que las comunidades autónomas son las competentes para hacer declaraciones BIC, «con la única excepción de los bienes adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional».
Pero los servicios jurídicos de la Xunta no lo ven así, y han elaborado un informe en el que discrepan de la argumentación de la Abogacía del Estado. A la asesoría jurídica de la Xunta le «preocupa», desde un punto de vista estratégico, que «la tesis que se defiende ahora desde la Administración del Estado, para intentar defender la competencia de la Administración autonómica en la protección de los muebles, pueda poner en riesgo la defensa del inmueble».
Los servicios jurídicos autonómicos destacan que el informe del Estado «se centra en mantener que el pazo de Meirás no está adscrito a ningún servicio público», y los abogados del Gobierno gallego matizan que, «de forma coherente con lo que se ha defendido en el proceso por ambas Administraciones, el pazo de Meirás es un bien de dominio público que mantiene su afectación a su servicio público, por no haber sido objeto nunca de una desafectación expresa».
El primer escollo
El informe del Gobierno al que se refiere la asesoría jurídica de la Xunta es el que le remitió la Secretaría de Estado de Memoria Democrática el pasado 7 de mayo en el que solicita a la Xunta «la iniciación del procedimiento de modificación de la declaración de bien de interés cultural de las torres de Meirás, para incluir la identificación y la descripción de las partes integrantes y los bienes muebles que, por su vinculación con el inmueble, se deban incorporar a la declaración». El Estado concluye en ese informe que «la competencia para la iniciación, tramitación y resolución del procedimiento corresponde a la Xunta de Galicia». Esa petición al Gobierno gallego para ampliar el BIC es el primer escollo.
La asesoría jurídica gallega estima conveniente la colaboración entre las dos Administraciones, «dados sus intereses y objetivos coincidentes», y por eso le parece «un error», desde el punto de vista estratégico, «que el Estado haya optado por seguir una vía unilateral» con la comunicación de Memoria Democrática. El informe de la Xunta señala que si el Estado quisiese colaborar, «lo lógico es que hubiese seguido la vía iniciada el 4 de mayo buscando un entendimiento con esta Administración [la Xunta] en cuanto a los pasos a dar». Con ese documento, los servicios jurídicos gallegos entienden que el Estado «desecha la vía del convenio de colaboración propuesto y que pretende iniciar una discusión competencial y jurídica con la Administración autonómica».
El Gobierno gallego insiste en que pese a que la declaración de BIC de Meirás se haya realizado inicialmente con un decreto de la Xunta, la situación actual, con el pazo en manos del Estado, «determina un desplazamiento de las competencias relativas a la protección cultural del bien».
Un convenio que habilite a la Xunta para proteger los muebles del pazo
El convenio remitido por la Xunta al Estado busca la colaboración «para la protección de los valores culturales del pazo de Meirás como sitio histórico y mantener una acción común». El documento propone que para evitar cualquier acción que ponga en peligro valores de los bienes que integran el pazo, el Estado «interese de la Consellería de Cultura» la adopción con urgencia de la modificación del decreto del BIC de Meirás para ampliar la declaración a los bienes muebles que deben considerarse «inseparables del inmueble». La consellería sostiene que así estaría «habilitada por el precepto que recoge una forma de colaboración autonómica en la ejecución de las competencias estatales».