El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra lleva dos meses en la cárcel sin dimitir

E. V. P. VIGO / LA VOZ

GALICIA

Carlos Fernández, presidente del colegio de enfermería de Pontevedra, durante el registro de la sede de la entidad en Vigo
Carlos Fernández, presidente del colegio de enfermería de Pontevedra, durante el registro de la sede de la entidad en Vigo XOAN CARLOS GIL

Carlos Fernández propuso al juez ayudar a buscar documentos si lo liberan

15 may 2021 . Actualizado a las 01:47 h.

El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra (Coepo), Carlos Fernández, lleva dos meses ingresado en prisión provisional sin haber dimitido tras su arresto en Vigo, junto a su esposa e hija, por los supuestos delitos de blanqueo y falsificación. Actualmente, dos administradores judiciales designados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo han tomado el control y examinan la documentación de la entidad. En este tiempo, tampoco han abandonado su cargo los miembros de la junta directiva del colegio, que siguen celebrando reuniones de gobierno.

Según refieren fuentes del caso, en una reciente vista, Fernández salió de la penitenciaría de A Lama para comparecer ante el magistrado, que le requirió colaborar y ayudar a los administradores para buscar contratos y papeles del colegio que no aparecen y que son necesarios para reconstruir la parte administrativa. La respuesta de la familia fue que entregaría los papeles cuando los pusiesen en libertad. La mujer del presidente dirigía las oficinas del colegio y la hija la asesoría jurídica, empresas que formaban parte del grupo del presidente, aunque pocos en el colegio conocían esa vinculación.

Por su parte, los denunciantes barajan solicitar al juez que tome declaración en Vigo al presidente del Consejo General de Enfermería para que aclare si el colegio con sede en Vigo les debe 11,5 millones de euros en cuotas atrasadas. No está previsto que el consejo se persone en la causa.

Pasados dos meses, el juzgado no tiene una cifra concreta del supuesto desfalco en Vigo a través del grupo de empresas del presidente. Los agentes de la Udev, los administradores y los investigadores informáticos están reconstruyendo las cuentas.

Fuentes de la acusación particular indican que en las últimas semanas, la junta de gobierno hizo o convocó dos reuniones «a espaldas de los administradores». «Están manteniendo la silla caliente al presidente, que no dimitió», indican las mismas fuentes. «Nos parece que cumplir dos meses en la cárcel y hacer como que aquí no pasó nada no se puede admitir. Deberían dimitir toda la junta en bloque para que los administradores judiciales pongan orden», afirman.

El denunciante, José Faustino Portela, secretario del colegio, avanza que «están aflorando muchas cosas a la luz, hemos aportado pruebas», y considera que «no es ético que gente que, supuestamente, miró para otro lado siga al frente del colegio, esperemos que esto cambie. Tal y como conozco al presidente, muere matando», dijo. Él mismo, como secretario de la junta, tampoco dimitirá «hasta que los demás no lo hagan en bloque».

Una de las claves es la participación del Consejo General de Enfermería en la investigación porque conoce la deuda. «Si reclama millones de deuda, ¿cómo es que no investigó lo que pasaba con el dinero? Yo les informé hace quince meses metiéndome en un follón y no recibí respuesta», dice Faustino Portela. «De fondo subyace una denuncia por robo o malversación pero ¿tengo yo todos los intereses de Enfermería?», se pregunta.

El juzgado seguirá con la ronda de declaraciones el día 21, cuando están citados varios extrabajadores de algunas de las empresas que montó el presidente.

El presidente del Colegio de Enfermería de Pontevedra, custodiado por un guardia civil

La Audiencia ratifica la prisión provisional del presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, de su mujer y su hija

La Voz

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha ratificado la prisión provisional del presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra, de su mujer y su hija. El tribunal ha rechazado los recursos de los investigados contra el auto emitido el pasado 12 de marzo por el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo en el que acordó el ingreso en prisión de los sospechosos.

La Audiencia considera “suficientes” para la adopción de la medida cautelar los indicios existentes respecto a la comisión de delitos de administración desleal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Además, estima que existe riesgo de obstrucción a la justicia, ya que, si bien los registros realizados y las medidas adoptadas en relación con las empresas y el colegio de enfermería “podrían evitar el riesgo de destrucción de pruebas materiales”, los investigados podrían “influir en los testigos que aún no han declarado”.

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