El Estado trata de evitar en el juzgado que los Franco se lleven los bienes del pazo de Meirás
GALICIA
La Abogacía del Estado solicita que antes de la mudanza se determine qué tipo de muebles deben quedarse en el edificio
07 may 2021 . Actualizado a las 22:39 h.El Gobierno intenta frenar la salida precipitada de los bienes que hay en el pazo de Meirás y este viernes presentó dos escritos en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña en los que pide que sea el propio juzgado el que determine qué bienes son los que pueden llevarse los nietos de Francisco Franco y, al mismo tiempo, que se conserve el inventario elaborado en su día y que la familia del dictador pretende anular.
El escrito de la Abogacía del Estado plantea que sea el propio juzgado el que determine cuáles son los bienes que deben quedarse en Meirás porque les corresponde la calificación de inmuebles al haber sido incorporados de manera permanente al pazo. Es el caso, por ejemplo, de hórreos, cruceiros, escudos o de determinadas esculturas, que, según los servicios jurídicos del Estado, tendrían que seguir la misma suerte que el inmueble y pasar a ser considerados parte del patrimonio público.
Este último incidente jurídico presentado por la Abogacía del Estado ha sido planteado con carácter de previo pronunciamiento, lo que implicaría que los bienes no puedan ser retirados por los herederos de Franco antes de que haya una decisión del juzgado indicando cuáles son los que están afectados por las peticiones que realiza el Estado.
Si el juzgado acepta los planteamientos del Gobierno, los Franco solo podrían llevarse de Meirás aquellos bienes que no estén afectados por esa declaración de inmueble, con lo que solo podrían sacar del pazo enseres de uso más doméstico, como sillas, mesas, cuadros y trofeos.
Este es un paso más dentro del conflicto jurídico del pazo de Meirás, y se produce horas después de que el Gobierno, como actual titular del pazo, impidiese el jueves el acceso al pazo de un representante de la empresa de mudanzas contratada por los Franco para llevarse los muebles. El operario, que venía desde Madrid para calcular cuántos camiones necesita para el traslado de los bienes, tuvo que darse la vuelta.
El abogado de la familia Franco ya anunció que presentaría una denuncia contra el Estado por incumplir una orden judicial y que solicitaría al juzgado la ampliación del plazo de un mes otorgado para hacer la mudanza.
El Gobierno replica a la Xunta
Mientras sigue abierta la cruzada judicial por el mobiliario del pazo de Meirás, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto por otro lado una nueva polémica al endosarle a la Xunta la competencia para ampliar el expediente de bienes de interés cultural (BIC) a todos los bienes muebles o inmuebles que hay dentro del recinto amurallado y en el interior del edificio del pazo. Ahora cuentan con la catalogación BIC las estatuas del maestro Mateo, que están en la capilla del pazo, mientras que los libros de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán también están protegidos al haberse iniciado ya el expediente para hacerlos BIC. Esa declaración obliga a que cualquier operación con esos bienes debe contar con el permiso de Patrimonio de la Xunta.
El Gobierno argumenta que los bienes que hay en Meirás tienen una «evidente vinculación con los valores que justificaron la declaración de las torres de Meirás como bien de interés cultural, en la categoría de sitio histórico». Añade el Ejecutivo que esa ampliación del expediente de protección cultural debe aplicarse al resto de los bienes que, a lo largo de la tramitación del procedimiento, se consideren vinculados también a los mencionados valores de interés cultural.
Pero la Xunta no está de acuerdo con ese planteamiento, ya que entiende que el paso debe darlo el Estado. El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, dijo este viernes que los servicios jurídicos de la Xunta le aseguran que es el Gobierno del Estado el que está habilitado para realizar esa ampliación de los BIC porque «é o propietario, os bens son do Estado. Ademais, na propia sentencia se di que tanto o continente o contido pertence a un servizo público, algo que foi a clave para que se puidese reverter no Estado; e, por último, a lexislación de patrimonio histórico dinos que os ben que son do Estado teñen que ser declarados BIC polo propio Estado».
No obstante, el conselleiro dijo que había remitido al Gobierno un convenio de colaboración para avanzar en la protección de los bienes de Meirás que no están declarados como BIC, informa Montse García. Con este planteamiento, según destacó el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, lo que se busca es «deseñar un marco Xunta-Estado que posibilite que haxa certezas nos procedementos administrativos e que se posibiliten unhas garantías xurídicas». Aseguró que el planteamiento de la asesoría jurídica de la Xunta es buscar «puntos de encontro para emprender o camiño que dea máis garantías para que os bens non protexidos pola declaración do 2008, que teñan certo interese histórico e cultural, vinculados a Emilia Pardo Bazán e a figura de Franco, estean protexidos».
