La Xunta sobre los peajes en autovías: «Xa estamos no córner de España e afastaríanos máis»

Carlos Punzón
C. Punzón VIGO

GALICIA

Oscar Vazquez

Exige al Gobierno que aclare su postura tras anunciar un debate sobre el modelo de mantenimiento de las carreteras pero avanzar ya en el cobro

06 may 2021 . Actualizado a las 15:58 h.

La Xunta manifiesta su perplejidad ante la definición con la que el Gobierno central ha comunicado a la Comisión Europea su intención de implantar el cobro de peajes en las autovías y determinadas carreteras de toda España, cuando hace tan solo una semana el ministro de Infraestructuras, José Luis Ábalos, había asegurado que la comunicación a Bruselas solo expresaba la intención del Ejecutivo de abrir un debate social en el país para que entre partidos políticos, administraciones y sectores afectados se determinase de qué manera se podría financiar mejor la conservación y mantenimiento de la red de comunicaciones viarias, en base a los presupuestos del Estado o por medio de una tasa o tarifas que hagan que quienes usen las autovías las paguen. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha reclamado hoy al Gobierno que aclare cuanto antes cuál es su propuesta concreta, al tiempo que indicó que es «necesario meditar, analizar de xeito sosegado e dialogadamente coas comunidades autónomas con voz e voto para que podamos pronunciarnos».

La conselleira advierte que la Xunta «non vai permitir alternativas que graven aínda máis a posición periférica de Galicia, que xa está no corner de España, e medidas como esta podería afastarnos máis», reflexionó. Para el Ejecutivo gallego además, la prioridad máxima es que se implante cuanto antes la bonificación de los peajes en la AP-9, prometida para este año, por lo que no entiende cómo antes de que arranque dicho recorte en las tarifas de la autopista gallega a cuenta de las arcas del Estado se pone en marcha un plan de cobro en las autovías y ciertas carreteras de Galicia y el resto de España.  

La conselleira acusó al Gobierno central de lanzar a través  de los medios de comunicación mensajes poco claros «sobre un asunto de tanto calado que nin concreta nin dialoga nin quere falar ni abordar coas diferentes comunidades autónomas que temos competencias tamén en materia de estradas». 

Debate sin sentido para el delegado del Gobierno

Mientras tanto, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha declarado este jueves que «hablar ahora sobre un cobro que puede entrar en vigor sin saber ni cómo, ni cuándo, ni la estructura del mismo, no tiene sentido». En este sentido, ha insistido en que «no hay un posicionamiento, ni una declaración sobre el cobro de las autovías a día de hoy», pues solo hay «un documento que se manda a Bruselas».

Miñones hizo estas declaraciones tras un encuentro con el presidente de la Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a quien también se preguntó por este tema. Formoso dijo confiar en que «no haya nuevos recargos tributarios en autovías» y ha pedido ser «cuidadosos» con este tipo de anuncios.

«Absoluta oposición de los empresarios»

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Jaime López, también expresó este jueves que la patronal gallega se opone a la posibilidad de que el Gobierno empiece a cobrar por el uso de autovías y carreteras convencionales a partir de 2024. «Queremos manifestar nuestra absoluta oposición a esta nueva carga fiscal» declaró a Efe.

Según López, la medida provocaría efectos «muy importantes en la economía de las familias», pero también afectaría de forma muy nociva a las cuentas y a la actividad de las propias empresas. Por ello, afirmó que «si hay que reequilibrar los presupuestos» del Estado, «a lo mejor hay que empezar a pensar en una reforma profunda de la administración pública, en vez de seguir cargando» el peso de todo ese coste «sobre los contribuyentes».

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El Ejecutivo ha puesto ya sobre la mesa la primera fecha para el cobro por uso de carreteras, no solo de las autovías. Calcula que en el año 2024 se podría implantar un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, buscando un acuerdo social y político, según recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Ejecutivo sostiene que, de acuerdo con la experiencia internacional, serían precisos entre 2 y 3 años de período mínimo para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar este sistema de pago por uso a nivel nacional.

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