El Gobierno estudia peajes de un céntimo por kilómetro para las autovías

GALICIA

Santi M. Amil

Viajar de A Coruña a Madrid costaría 5,76 euros más la autopista de entrada en la capital; de Vigo a Ourense 0,83 y 0,81 del centro urbano coruñés a Lugo

08 may 2021 . Actualizado a las 13:26 h.

El Gobierno central trabaja con la hipótesis de implantar peajes de 1 céntimo por cada kilómetro recorrido en las autovías de la red estatal y deja la puerta abierta a que las autonomías adopten también el mismo sistema. Ese es el precio con el que el Ejecutivo intentará convencer al resto de formaciones políticas, sectores profesionales vinculados a la carretera y a la sociedad en general de que es perentorio adoptar una nueva fuente de ingresos en las arcas públicas para mantener y conservar el mapa viario del país y hacer frente al déficit que acumulan en su estado muchas de las autovías del país. Opta así por la cifra más baja posible en el debate que ha abierto a raíz de enviar a la Comisión Europea los compromisos en materia impositiva y de reducción del gasto público que se proyectan para los próximos años a cambio de recibir los 140.000 millones de euros comunitarios para afrontar el plan de reconstrucción y resiliencia frente a la crisis generada por el coronavirus

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha venido manejando desde casi el inicio del mandato de Pedro Sánchez la posibilidad de extender los peajes a todas las autovías, si bien él mismo le llegó a quitar trascendencia a dicha fórmula, llegando a calificarla de «serpiente de verano», incidiendo en que solo se trataba de propiciar un debate sobre las posibles vías de financiación para el mantenimiento y conservación viaria. Un céntimo por kilómetro sería el menor coste posible a adoptar para intentar vencer el rechazo ya expresado desde la oposición, diversas comunidades autónomas y sectores vinculados a la carretera, postura generalizada desde que empezó a ser estimada dicha vía por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y también por el de Mariano Rajoy después. 

Con esa tarifa, ir de A Coruña a Madrid costaría 5,76 euros al circular por la A-6 más los 14,75 euros de los peajes de la autopista de entrada en la capital de España, si es que la implantación de tarifas en las autovías no cambia el coste a pagar en las autopistas con una bolsa común y un precio igual para todas las vías de alta capacidad, como se llegó a plantear. Viajar de Vigo a Ourense ascendería a 0,83 euros, y hacerlo de A Coruña a Lugo, a 0,81. 

Fuentes del Gobierno advierten que los transportes quedarían exentos del pago de peajes en autovías, siendo repercutido sin embargo esa imposición a la carga. Las mismas fuentes advierten que no hay ninguna decisión tomada pese al plan remitido a Bruselas, incidiendo, eso sí que solo cuatro países de Europa no cobran de una u otra forma por circular por sus vías: Malta, Chipre, Finlandia y Estonia, si9endo además 15 los que también lo hacen en autovías. 

«Lo que se trata es de abrir el debate», inciden las fuentes consultadas en el Ministerio de Transportes, donde niegan que se hay pensado en algún momento en cobrar en las carreteras convencionales, como si ha propuesto que se haga en cambio la Asociación Técnica de la Carretera, que teme un desvío del tráfico de las autovías a esas vías secundarias para evitar los peajes. 

Por último, desde Transportes se señala que aunque la fecha de inicio del cobro en las autovías se estima para el 2024, todo dependerá del resultado del debate y de la situación económica del país. 

La reacción de la Xunta: «Xa estamos no córner de España e afastaríanos máis»»

Exige al Gobierno que aclare su postura tras anunciar un debate sobre el modelo de mantenimiento de las carreteras pero avanzar ya en el cobro

La Xunta manifiesta su perplejidad ante la definición con la que el Gobierno central ha comunicado a la Comisión Europea su intención de implantar el cobro de peajes en las autovías y determinadas carreteras de toda España, cuando hace tan solo una semana el ministro de Infraestructuras, José Luis Ábalos, había asegurado que la comunicación a Bruselas solo expresaba la intención del Ejecutivo de abrir un debate social en el país para que entre partidos políticos, administraciones y sectores afectados se determinase de qué manera se podría financiar mejor la conservación y mantenimiento de la red de comunicaciones viarias, en base a los presupuestos del Estado o por medio de una tasa o tarifas que hagan que quienes usen las autovías las paguen. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha reclamado hoy al Gobierno que aclare cuanto antes cuál es su propuesta concreta, al tiempo que indicó que es «necesario meditar, analizar de xeito sosegado e dialogadamente coas comunidades autónomas con voz e voto para que podamos pronunciarnos».

La conselleira advierte que la Xunta «non vai permitir alternativas que graven aínda máis a posición periférica de Galicia, que xa está no corner de España, e medidas como esta podería afastarnos máis», reflexionó. Para el Ejecutivo gallego además, la prioridad máxima es que se implante cuanto antes la bonificación de los peajes en la AP-9, prometida para este año, por lo que no entiende cómo antes de que arranque dicho recorte en las tarifas de la autopista gallega a cuenta de las arcas del Estado se pone en marcha un plan de cobro en las autovías y ciertas carreteras de Galicia y el resto de España.  

La conselleira acusó al Gobierno central de lanzar a través  de los medios de comunicación mensajes poco claros «sobre un asunto de tanto calado que nin concreta nin dialoga nin quere falar ni abordar coas diferentes comunidades autónomas que temos competencias tamén en materia de estradas». 

«Absoluta oposición de los empresarios»

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Jaime López, también expresó este jueves que la patronal gallega se opone a la posibilidad de que el Gobierno empiece a cobrar por el uso de autovías y carreteras convencionales a partir de 2024. «Queremos manifestar nuestra absoluta oposición a esta nueva carga fiscal» declaró a Efe.

Según López, la medida provocaría efectos «muy importantes en la economía de las familias», pero también afectaría de forma muy nociva a las cuentas y a la actividad de las propias empresas. Por ello, afirmó que «si hay que reequilibrar los presupuestos» del Estado, «a lo mejor hay que empezar a pensar en una reforma profunda de la administración pública, en vez de seguir cargando» el peso de todo ese coste «sobre los contribuyentes».