Marta Canales deja el juzgado de A Coruña para irse a la Audiencia Provincial en Santiago
30 abr 2021 . Actualizado a las 11:47 h.El Boletín Oficial del Estado publica este viernes el cambio de destino de la jueza Marta Canales Gantes, que hasta ahora dirigía el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña desde el que dictó la sentencia histórica que quitó a los Franco el pazo de Meirás después de 82 años en sus manos. Canales, que tiene la categoría de magistrada, solicitó una plaza libre en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, que tiene su sede en Santiago, y dejará su juzgado en las próximas horas.
La jueza Marta Canales adquirió gran protagonismo desde que en julio del 2019 se hizo cargo del proceso judicial iniciado con la demanda presentada por la Abogacía del Estado contra los herederos de Francisco Franco para reclamar la propiedad del pazo de Meirás. El juicio se celebró en el verano del 2020 y la jueza Canales dictó en septiembre de ese año la sentencia que le devolvió el inmueble al Estado.
Posteriormente, la jueza tomó varias decisiones que fueron muy criticadas por los Franco al ordenar la realización de un inventario de los bienes existentes en el pazo y, al mismo tiempo, prohibirles que sacasen nada del inmueble. Esas dos decisiones acaban de ser anuladas por la sección tercera de la Audiencia Provincial de A Coruña, lo que permite ahora a los herederos del dictador llevarse todo el mobiliario que hay en Meirás.
Esa decisión de la Audiencia de A Coruña ha causado gran revuelo en Galicia al dar vía libre a lo Franco para que se lleven todos los bienes que hay en la fortaleza en una mudanza que necesitará varios camiones. Los Franco ya anunciaron que van a intentar llevarse incluso los bienes protegidos por la declaración BIC, como las estatuas del maestro Mateo o la biblioteca de Emilia Pardo Bazán. El mismo tribunal de la Audiencia también reconoció el derecho de los Franco a ser indemnizados por los gastos de conservación del pazo.
El pazo de Meirás está en manos del Estado desde el 10 de diciembre del 2020, día en que se ejecutó la sentencia sobre su propiedad. La ejecución es provisional ya que la familia Franco presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La polémica envolvió otra decisión de la jueza Canales, que recibió críticas al posar en una foto entregándole las llaves del pazo a la abogada general del Estado. La foto se hizo en la biblioteca de Pardo Bazán en presencia de los abogados del Estado, de la Xunta y del Concello de Sada. No estaban representados los Franco, que entregaron las llaves el día anterior en el juzgado.