El Parlamento gallego reclama al Estado presión y acciones para esclarecer la muerte de Diego Bello en Filipinas

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Los padres de Diego Bello, reunidos este martes en el Pazo do Hórreo con miembros del Parlamento de Galicia
Los padres de Diego Bello, reunidos este martes en el Pazo do Hórreo con miembros del Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

Los padres del joven coruñés visitaron esta martes la Cámara autonómica

27 abr 2021 . Actualizado a las 18:38 h.

El Parlamento de Galicia demanda al Gobierno estatal que presione por vías políticas, diplomáticas y judiciales a las autoridades de Filipinas para esclarecer los hechos que rodean la muerte del coruñés Diego Bello, que en enero del 2020 fue abatido a tiros por policías filipinos que alegaron que era un traficante de drogas, extremo que no han podido demostrar.

La reclamación se recoge en una declaración institucional pactada este martes por los tres grupos parlamentarios (PP, BNG y PSdeG), en una jornada en la que los padres del joven han visitado la sede de la Cámara gallega y han han mantenido un encuentro con su presidente, Miguel Santalices, y con los portavoces de las distintas formaciones políticas.

Los tres grupos se han unido para expresar su solidaridad con la familia del coruñés y demandar ante el Gobierno central que las autoridades españoles «ejerzan cuantas acciones políticas, diplomáticas y judiciales sean necesarias» para «el total esclarecimiento» de la muerte de Bello y «la depuración hasta las últimas consecuencias de cuantas responsabilidades hubiere».

Asimismo, solicitan al Estado que haga lo que esté en su mano para que «el derecho al honor» de Diego Bello sea restaurado, puesto que la familia del coruñés niega las acusaciones de las autoridades filipinas, cuyo relato sostiene que Bello era uno de los mayores narcotraficantes de la zona de Siargao, donde residía y donde murió a manos de la policía en un operativo antidroga. La versión de las autoridades filipinas es negada categóricamente por la familia y allegados de Diego Bello, que sostienen que la supuesta implicación en el tráfico de drogas no figura en ningún expediente administrativo y que tampoco existen pruebas o testimonios que respalden la justificación de que los agentes actuaron en defensa propia.

El Parlamento gallego recuerda en su declaración que las autoridades filipinas «siguen negándose» a llevar a cabo la investigación requerida por el Gobierno español. Destaca, además, el informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, que en agosto del 2020 concluyó, tras un trabajo de campo en la zona de la muerte de Bello, que su muerte fue un asesinato y que la excusa de la defensa alegada por la policía «queda deslegitimada» por los resultados de las autopsias realizadas en Manila y en Madrid.

Así, tras recordar que en noviembre del pasado año fue aprobada una iniciativa en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que insta al Ejecutivo a presionar a Filipinas sobre la muerte de Diego Bello, la Cámara gallega lamenta que hasta el momento las peticiones de las autoridades españolas «hayan sido ignoradas» por un gobierno, el de Filipinas, «que lleva siendo denunciado tanto por la ONU como por la UE por haber llevado a cabo más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales» bajo el pretexto de la lucha contra drogas.