La Xunta cuadruplicó su plantilla de teletrabajadores desde diciembre

Unos 2.600 funcionarios ya operan desde casa la mitad de las jornadas


santiago / la voz

Unos 2.600 empleados públicos de la Xunta cubren hasta la mitad de sus jornadas laborales de cada mes desde casa. Se trata de una cifra significativa en una plantilla de 16.000 funcionarios o personal adscrito a la Administración Xeral -todas las consellerías, sin contar las nóminas de Educación, Sanidade y Xustiza, más de 75.000- y resulta más impactante si se tiene en cuenta que en el mes de diciembre solo había concedidos 600 permisos, un techo que se había alcanzado mucho antes de que la pandemia cambiase por completo el mundo laboral en el ámbito público y privado.

La Administración gallega fue la primera de España en adaptar la normativa estatal y consiguió cerrar un rápido e insólito acuerdo con la CIG, sindicato que venía descolgándose sistemáticamente en casi todas las negociaciones de los últimos años. En diciembre se firmó, y desde entonces se ha cuadruplicado la plantilla de teletrabajadores sin que se hayan producido grandes aspavientos internos ni fallos gruesos en los servicios, según los representantes de los trabajadores.

El confinamiento obligado en la primavera del 2020 se convirtió en una prueba de fuego inesperada de la que todas las partes salieron muy satisfechas, a pesar de los recelos y las dudas. La respuesta informática, y sobre todo el reto de trasladar los puestos de trabajo a cientos de hogares repartidos por Galicia era una de las debilidades que más preocupaban, pero los servicios informáticos autonómicos (Amtega) demostraron que la digitalización había avanzado mucho más que las relaciones laborales, solventando las dificultades con un reconocido éxito que animó a Función Pública a abrir la mano.

El crecimiento exponencial del teletrabajo en poco más de un trimestre se explica, claro está, por los efectos que sigue generando la pandemia y por la demanda embalsada tras cinco años en los que las concesiones, firmadas en última instancia por Función Pública, dependían en buena medida de los jefes de departamento, que tenían una fe desigual ante lo que se consideraba una modalidad laboral poco desarrollada. Incluso con el documento rubricado existen discrepancias sobre el recorrido que podría tener el teletrabajo si se desarrolla al máximo. La Xunta sostiene que con el diseño actual, que tiene que garantizar un mínimo de respuesta presencial (40 % de los efectivos por área), la nómina de empleados a distancia solo podría beneficiar a 7.000 personas como máximo. La CIG hace una interpretación más amplia y llega a los 10.000, pero nadie se plantea ese escenario laboral porque incluso se cuenta con cierto efecto rebote hasta que la cifra se estabilice, con avances pero también con retrocesos cuando la pandemia vaya siendo historia; o porque ya no se dan las circunstancias familiares (mayores o menores dependientes al cargo); o, incluso, por renuncias voluntarias de teletrabajadores que consideren negativa la experiencia.

Control del rendimiento

Además de garantizar la respuesta ante los administrados, la Xunta no oculta su preocupación por el rendimiento que puedan prestar sus teletrabajadores. Durante las negociaciones hubo una presunción de responsabilidad por parte de la Administración, pero, solo unas semanas después de alcanzar el acuerdo, la Consellería de Facenda presentó un Plan xeral de xestión e mellora da calidade dos servizos do sector público autonómico 2021-2023, un documento que adelanta la implantación de una «ferramenta informática que permita unha monitorización da actividade desenvolvida» desde el hogar.

Más técnicos que administrativos, y todos preocupados por garantizar la desconexión digital

Empleados y empleadores de la Xunta se vigilan mutuamente desde que se abrieron las compuertas del teletrabajo, sin que de momento se hayan constatado grandes agravios, que deben trasladarse a una comisión de seguimiento encargada de limar las dificultades que puedan surgir. El acuerdo con la CIG lleva la firma de Zeltia Burgos, que en las últimas semanas ha dedicado más tiempo que nunca a resolver dudas de trabajadores que se están planteando la solicitud o que han recibido negativas, sobre todo en los departamentos de atención al público. A expensas de obtener una mayor perspectiva temporal, también perciben que están fluyendo más las resoluciones positivas entre los puestos técnicos que entre los administrativos, aunque todavía no manejan datos contrastados.

La sindicalista ve todavía «un pouco verde» la organización, que sigue generando debate entre los compañeros, pero destaca como un éxito que se haya garantizado la persistencia de un puesto físico presencial para el teletrabajador, y confirma que la preocupación generalizada es garantizar la desconexión efectiva una vez se finaliza el horario, un aspecto que quedó registrado por escrito en el acuerdo pero que sigue generando dudas. Burgos también advierte cierta «perversión» en algunas negativas, ya que están coincidiendo con la implementación de nuevas gestiones administrativas que solo pueden ejecutarse por vía electrónica, «pero tes que estar igual na oficina».

Las alegaciones al teletrabajo de los funcionarios de la Xunta: más días desde casa y ampliar los beneficiarios

m.varela
Oficina de la Xunta, en la sede administrativa de San Caetano
Oficina de la Xunta, en la sede administrativa de San Caetano

Los sindicatos demandan que la jornada telemática afecte al 75 % del cómputo mensual y reducir el mínimo de antigüedad exigido para optar

Los sindicatos han presentado hoy sus alegaciones al plan de la Xunta para regular el teletrabajo de los funcionarios y personal laboral autonómico. Las principales demandas de Comisiones Obreras y CSIF se enfocan en incrementar el número de días que los trabajadores podrán ejercer desde casa, ampliar el número de puestos susceptibles de teletrabajar y reducir o eliminar la antigüedad mínima exigida para ser beneficiario de esta modalidad.

Sobre este último punto, CC. OO. considera que «non é xustificado o establecemento dun mínimo de antigüidade para o acceso ao teletraballo», al entender que todos los trabajadores públicos «teñen os mesmos dereitos e obrigas laborais». El sindicato advierte de que se acredite el dominio de las funciones en el puesto, algo que «non ten porque depender directamente da antigüidade no posto». El CSIF limita a seis meses ese mínimo que la Xunta, en el borrador presentado la semana pasada, extiende a dos años de servicio.

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