El abogado de los Franco: «Mis clientes se llevarán de Meirás todo lo que es suyo»

La Audiencia de A Coruña falla a favor de los herederos del dictador y les permite retirar el mobiliario del pazo

Uno de los salones del pazo de Meirás, con mobiliario que los Franco reclamarán como suyo
Uno de los salones del pazo de Meirás, con mobiliario que los Franco reclamarán como suyo

Redacción / La Voz

«Vamos a pedir permiso para retirar las pertenencias del pazo cuanto antes, porque mis clientes quieren llevarse todo lo que es suyo». Luis Felipe Utrera-Molina, abogado de los Franco, reconoció ayer su satisfacción y la de sus representados tras conocer el auto de la Audiencia Provincial de A Coruña que les da la razón y que anula la medida cautelar que les prohibía sacar bienes del pazo de Meirás. La resolución de la Audiencia corrige el auto de la jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que ordenaba el depósito de los bienes en favor del Estado. El tribunal, formado por los magistrados María Josefa Ruiz Tovar (presidenta), María José Pérez Pena y Rafael Jesús Fernández-Porto, ve improcedentes las medidas cautelares en el momento que se ejecutaba provisionalmente la sentencia que da la propiedad del pazo al Estado.

Pero el argumento principal para echar abajo esas medidas cautelares se basa en que el Estado no reclamó en su demanda ningún tipo de mobiliario. «Únicamente se demandó, y así se estimó, un derecho de propiedad sobre una finca catastral», señala la Audiencia. «Es un tema estrictamente técnico-jurídico. Queda claro que [los abogados del Estado] no han reclamado el mobiliario en ningún momento. Por eso han perdido las medidas cautelares», asegura Utrera-Molina.

El auto de la Audiencia coruñesa es duro con la Abogacía del Estado y con la jueza Canales, que prohibió la retirada de los bienes. Advierte que la medida cautelar «ha degenerado en una incautación de la totalidad de los bienes muebles existentes en el interior del pazo a disposición de la Administración General del Estado, sine die, y hasta que en un futuro alcance firmeza la resolución judicial, y entonces se plantee por la ejecutante si desea o no extender los efectos de la sentencia sobre la finca a los muebles».

Una «incautación» de bienes

Añaden los magistrados que esa «incautación» se hizo bajo el argumento de que tratar ahora la propiedad del mobiliario «podría conducir a un trabajo inútil si finalmente se revocase la sentencia y se denegase la propiedad al Estado». Ese criterio, afirma el tribunal, «debe rechazarse».

Insiste la Audiencia en que el Estado solo demandó un derecho de propiedad sobre una parcela catastral, y ve evidente que el concepto de «inmueble por incorporación» no se pueda extender a mesas, sillas, vajillas, alfombras o cuadros. El tribunal recalca que en la sentencia de primera instancia no se dice que los muebles sean propiedad del Estado, cuestión que tampoco se abordó en el litigio.

Apunta también que si el Estado quería evitar que pudieran separarse elementos arquitectónicos que deben considerarse parte del inmueble, nada le impedía haber pedido la presencia de la comisión judicial en el momento de la retirada del mobiliario: «O incluso promover anticipadamente un incidente de ejecución a fin de determinar qué elementos deben considerarse inseparables, como pudiera ser la discusión sobre un cruceiro, un hórreo, elementos pétreos del jardín o un retablo u otros objetos. Pero no establecer que no puede retirarse ningún mueble». 

¿Qué se pueden llevar los Franco? En principio, todo lo que sea suyo, salvo lo que se considere un «bien inmueble por incorporación», como por ejemplo un hórreo o bienes similares adheridos al pazo. El abogado de la familia lo aclara: «No te puedes llevar un hórreo o la biblioteca entera, pero puedes llevar mesas, sillas, lámparas, alfombras, cuadros...». Y tampoco, salvo que lo autorice la Xunta, las estatuas del maestro Mateo (declaradas BIC) ni la biblioteca de Pardo Bazán, sobre la que se ha iniciado el expediente de protección.

Posibilidad de otra demanda

Contra este auto no cabe recurso, pero la propia Audiencia deja abierta la posibilidad de que el Estado pueda demandar en otro pleito la titularidad de los muebles que considere que pertenecen al patrimonio público. El tribunal también ordena que el Estado indemnice a los Franco por los daños y perjuicios que les haya causado no poder disponer del mobiliario que hay en el interior del pazo.

El Gobierno quiere evitar «el expolio del pazo»

Los servicios jurídicos del Estado están analizando con detalle el auto de la Audiencia de A Coruña, aunque la realidad es que las posibilidades de evitar que los Franco retiren los bienes del pazo son casi nulas. En todo caso, fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno que dirige Carmen Calvo dijeron ayer que la Abogacía del Estado va a estudiar «las acciones más convenientes para evitar el expolio del pazo».

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, recordó que el auto de la Audiencia de A Coruña no entra en la titularidad de los bienes, sino que se refiere «al procedimiento que se llevó a cabo». Pidió esperar a la decisión técnica de la Abogacía del Estado, «y a partir de ahí se pronunciará y, desde luego, con el objetivo del Gobierno de defender los muebles que entendemos que pertenecen al Estado».

Miñones hizo estas declaraciones tras reunirse en Santiago con Feijoo, que también se refirió al auto sobre el pazo de Meirás. El presidente gallego dijo que ahora mismo es una cuestión a dilucidar si los bienes muebles del pazo fueron reclamados o no.

Por su parte, el BNG instó a la Xunta a emplear la declaración como bien de interés cultural (BIC) del pazo para evitar que los herederos de Franco puedan retirar los bienes. El diputado nacionalista Luis Bará censuró el «tufo franquista» que, a su juicio, caracteriza las decisiones de la Audiencia Provincial de A Coruña, a la que ve como «unha auténtica Xustiza ao revés».

Sada pide modificar el BIC

El Concello de Sada, municipio en el que ubica el pazo de Meirás, reclama a la Xunta que incoe de forma urgente la modificación del decreto BIC del pazo para asegurar la integridad del complejo y evitar la retirada de los bienes por parte de los Franco. Sada califica de «lamentable» el auto y pide al Gobierno gallego que incluya en el anexo del decreto BIC «unha relación de bens mobles que quedan asociados á categoría de sitio histórico», para que una vez publicado en el Diario Oficial de Galicia «xa outorgaría automaticamente a ditos bens as debidas cautelas para evitar que os Franco podan exercitar o dereito de retirada».

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