Las autonomías podrán cobrar en sus autovías amparándose en una futura ley estatal

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Autovía A-52 o Rías Baixas
Autovía A-52 o Rías Baixas Brais Lorenzo

El pago por uso en las vías de alta capacidad castigaría más a Galicia por estar en la periferia, alega la Xunta

17 abr 2021 . Actualizado a las 21:07 h.

La constatación de que el Gobierno va esta vez en serio con la idea de cobrar en las autovías provocó un reguero de reacciones que, como era previsible, cuestionan radicalmente la medida. El Ministerio de Transportes asume el coste político de abrir el debate con un asunto a todas luces impopular, que incluso ha suscitado rechazo en el PSdeG, sorprendido por que se planteen estas medidas cuando precisamente intentan recoger los réditos políticos con las rebajas en los peajes de la AP-9 que se pondrán en marcha en julio. El Gobierno, además, no plantea el cobro en las autovías ahora gratuitas en un documento interno del departamento que dirige José Luis Ábalos, sino en un plan de reformas e inversiones que se remite a la Comisión Europea de cara a la concesión de los fondos de recuperación de la pandemia. Es decir, lo hace ante el Ejecutivo comunitario, que además trata de promocionar el pago por uso en los países miembros que aún no lo han instaurado en alguna de sus variantes, pues lo ve necesario para sufragar los cada vez más altos costes de conservación.

El objetivo del Gobierno es negociar una ley estatal con el PP, principal partido de la oposición, pero también con otras fuerzas que pudieran afrontar el coste político de la medida. Fuentes del PP en el Congreso aseguraron que no recibieron ninguna señal del Ministerio de Transportes para hablar de este asunto. Se enteraron leyendo la página 114 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia que se remitirá en unos días a Bruselas.

En esa eventual ley que saldría del Congreso si finalmente hay consenso no afectaría solo a las vías estatales. El texto legal, según confirman fuentes de Transportes, incluiría el andamiaje jurídico para que las autovías que eran gratuitas dejen de serlo. Y esto puede ser aprovechado por las comunidades autónomas para recaudar en las carreteras que son de su competencia. Tendrían que adaptar la normativa general a su corpus jurídico, como se hace con otro tipo de leyes que emanan de las Cortes. Las normas estatales no les obligarían a ejecutar el pago por uso, pero sí les daría la opción de implantarlo. El propio ministerio admite que varias comunidades autónomas le han solicitado ya que se arbitre este marco legal para poder cobrar en sus autovías, al estilo de lo que hizo la Diputación de Guipúzcoa con los camiones que transitan por su territorio, una decisión anulada por la Justicia al considerarla discriminatoria. De ahí que si finalmente se aborda la ley en el Congreso se incluya un marco legal genérico para que otras administraciones puedan cobrar por el uso de sus infraestructuras de alta capacidad.