El Gobierno trasladará a la UE que pretende instaurar un sistema de pago por el uso de las autovías

Es la primera vez que el Ejecutivo central expresa con claridad su intención de gravar la movilidad en vías de alta capacidad. Todavía no ha decidido si lo hará en esta legislatura, pero quiere buscar el consenso político y el diálogo con los sectores afectados

Pórtico para cobrar por el uso de una autovía, en Portugal
Pórtico para cobrar por el uso de una autovía, en Portugal

redacción / la voz

«Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras». Este párrafo contenido en la página 114 del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que será remitido en breve a la Comisión Europea, es en realidad la primera vez que el Gobierno expresa con total claridad su intención de imponer tasas en las vías de alta capacidad que ahora son gratuitas, después de sucesivos globos sonda o textos de reflexión en los que se planteaba esta opción como una posibilidad para poder sostener los amplios costes de mantenimiento de la red estatal.

El texto es escueto, pero inequívoco. Y se remite en un plan que incluye otra serie de reformas para poder optar a los fondos europeos diseñados para superar la crisis de la pandemia. No solo se menciona una vez. En la página 81 se refiere el establecimiento de mecanismos de pago por uso «en carreteras de alta intensidad».

Un alto cargo del Ministerio de Transportes confirmó a La Voz que esa es una de las reformas que se va a proponer a la Comisión Europea, «pues es un asunto en el que Bruselas insiste mucho, con la idea de que todos los países converjan en medidas similares en esta dirección», dice, mientras recuerda que ya son muchos los Estados comunitarios que han implementado algún sistema de pago por uso en su red de alta capacidad. «Se trata de directrices y reformas que nos pide la Comisión», añade, pese a reconocer que estas reflexiones ya estaban sobre la mesa de los ministros del ramo «desde hace mucho tiempo». «El Gobierno anterior también estaba trabajando en esta línea», alegan.

Todavía no hay plazos, aún no han decidido si esta reforma estructural de la movilidad por carretera en España se acometerá en esta legislatura. Pero tienen claro que hay que «abrir este debate», intentar consensuar una ley en el Congreso y abrir un proceso de diálogo con los sectores implicados, como el transporte público o de mercancías. «El consenso, al menos lo que hemos sondeado hasta ahora en el resto de las formaciones, creemos que es posible. Pero todo dependerá del clima político y de la tentación electoralista», alegan fuentes del departamento que dirige José Luis Ábalos. Incluso aseguran que hay comunidades autónomas que reclaman una solución en esta dirección, ante la gran cantidad de recursos que destinan a la conservación de la red. «Tiene que ser por consenso, pues es una reforma de alcance que tendrán que gestionar gobiernos futuros», explican.

Por el momento tampoco existe un modelo definido: una tasa para todos los vehículos, por ejemplo, o circunscribir el gravamen a las mercancías, por ser los camiones los que más desgastan las carreteras. «Se intentará que las cargas se repartan de forma equitativa», aseguran. El momento actual, admiten, con una crisis económica que crece con la pandemia, no es el más adecuado para acometer una medida que sin duda es impopular. Lo que sí saben es que la recaudación será finalista y se destinará en exclusiva a la conservación de carreteras.

Equilibrio territorial

La idea del Ministerio de Transportes es favorecer con esta medida un cierto equilibrio territorial, «pues hay zonas donde se paga mucho, como Galicia, y otras donde toda la red es gratuita, como Extremadura». Esta inyección económica serviría también para rebajar peajes, en la línea de lo que se va a hacer en la AP-9.

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pablo gonzález

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Si se echa un vistazo al entorno europeo más cercano -a Portugal, sin ir más lejos-, se le suma la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de llevar al Congreso el debate sobre la financiación de la red de autovías y también el interés de la patronal por introducir el pago por uso, la realidad resultante está más cerca de que las autovías que ahora son gratuitas no lo sean a medio plazo. La política de reducción de emisiones también confluye en este objetivo que de momento se plantea con sordina por su evidente impopularidad.

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