El Estatuto de Galicia cumple 40 años sin peticiones activas para su reforma
GALICIA
El PSdeG se quedó solo reclamando en su programa la actualización del texto
04 abr 2021 . Actualizado a las 05:00 h.«Galicia, nacionalidade histórica, constitúese en Comunidade Autónoma para acceder ó seu autogoberno». Esta es la primera frase del Estatuto de Autonomía de Galicia, un texto que en realidad tiene rango de ley orgánica, la 1/1981, y que lleva incrustado en su apellido la fecha del 6 de abril, que es el día que en que fue firmada por el jefe del Estado antes de ser remitida al BOE para su publicación. Estos días se cumplen 40 años de la aprobación del que ya es el Estatuto de Autonomía más estable y duradero de España, la norma que le dio a los gallegos la capacidad de autogobernarse con instituciones y figuras propias como la Xunta, el Parlamento, el TSXG, el Dereito Civil Galego o el Consello da Cultura.
El Estatuto de Galicia es, junto con el del País Vasco, el único que nunca fue reformado en sus cuatro décadas de historia, pues en ambos casos fracasaron los únicos intentos de modificar y ampliar el texto original: el llamado Plan Ibarretxe del 2004 y la ponencia para la reforma gallega del 2006 auspiciada por Emilio Pérez Touriño.
Todos los demás estatutos fueron retocados en mayor o menor medida, algunos de ellos hasta dos y tres veces, como ocurrió con los de Asturias o Extremadura, ya fuera para sincronizar los calendarios electorales de las autonomías regidas por el artículo 143 de la Constitución o ya fuera para asumir la gestión directa de competencias hoy esenciales, como la sanidad o la educación.
La reforma del Estatuto de Cataluña del 2006, enmendada después en gran medida por el Tribunal Constitucional, también generó una oleada de cambios en otros territorios, de tal forma que Aragón, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares aprobaron también reformas de sus propios marcos estatutarios en los meses siguientes. Las últimas modificaciones en llevarse a cabo fueron la de Extremadura (2011) y la de Canarias (2018), que suprimió el aforamiento judicial de sus diputados y reconoció a La Graciosa como la octava isla del archipiélago.
En cambio, el Estatuto gallego no modificó ni una coma en sus 40 años de vida. Tampoco lo hizo el del País Vasco, si bien en este último caso sí se renegoció y se amplió cuatro veces otra de las piezas esenciales de su autogobierno: el concierto económico.
Reforma fuera de la agenda
El caso es que las exigencias para promover la reforma o actualización del Estatuto de Galicia, abrazadas hace tres lustros por todos los partidos, casi han desaparecido de la agenda política.
El primer programa electoral con el que Alberto Núñez Feijoo compitió por la Xunta, el del 2009, comprometía una reforma estatutaria dentro de la Constitución, pero se quedó en un mero enunciado que acabó siendo borrado con el tiempo. De hecho, el programa con el que Feijoo obtuvo su cuarta victoria consecutiva defiende el marco vigente, sin cambios, como «la mejor garantía para que nuestra sociedad siga prosperando en paz y libertad». Sí apuesta el PP por reclamar nuevos traspasos, como el de la AP-9 y la AP-53.
Tampoco el BNG pide en su programa la reforma de un Estatuto que —dice el programa— «non pode responder positivamente ás necesidades obxectivas, as arelas e reivindicacións do pobo galego no 2020». Lo que invoca el Bloque es otra cosa: un nuevo estatus político que reconozca la autodeterminación.
Así que el PSdeG es la única fuerza que dedica dos páginas de su programa a reivindicar la reforma estatutaria como vía para impulsar el autogobierno. Pero ni siquiera en este caso consiguió que esta petición se abrirse camino en el debate político gallego.
Una negociación farragosa marcada por el «aldraxe»
Escribió Ceferino Díaz en Autonomía e modernidade en Galicia (Galaxia, 2009) que la autonomía se asentó con el tímido apoyo de los partidos más centrados, el rechazo de quienes exigían un techo mayor y la indiferencia de quienes veían innecesario el proceso. «A autonomía comeza así a súa construción á marxe do entusiasmo xeral e vai lexitimándose pola vía das realizacións», reflejó.
La apatía ciudadana hacia el autogobierno afloró en una etapa marcada por el paro creciente y la inflación descontrolada, en la que el terrorismo de ETA o los Grapo golpeaba la democracia a diario. Con todo, la negociación del Estatuto abrió en 1978 un farragoso proceso para lograr un texto de primera que la UCD intentó rebajar, lo que desató una movilización de los concellos, el primer cese en la presidencia de la Xunta preautonómica —cambio de Rosón por Quiroga—, aparte de las manifestaciones más grandes de la reciente historia de Galicia.
Limitaciones
Tras la aprobación de los estatutos catalán y vasco, le tocaba el turno a la otra nacionalidad histórica: Galicia. Para entonces, el Gobierno de Adolfo Suárez ya había decidido su modelo de descentralización, que consistía en concederle autogobierno pleno a vascos y catalanes, y en cerrar la mano para el resto de territorios a base de limitar su catálogo de competencias y de retirarle la consideración de «exclusivas».
Fue en aquella altura cuando el socialista Xosé Luis Rodríguez Pardo denunció en el Congreso que los gallegos «estamos bajándonos los pantalones» y fue entonces cuando la Alianza Popular de Manuel Fraga encontró la baza que necesitaba para poner contra las cuerdas a la UCD y disputarle la hegemonía en Galicia, lo que se materializó en las primeras elecciones autonómicas.
El 4 de diciembre de 1979, cientos de miles de gallegos se echaron a las calles contra el llamado Estatuto da Aldraxe. El Gobierno tuvo que rectificar a través de los pactos del Hostal para abrir la mano y someter a referendo un texto más ambicioso.
El plebiscito se celebró el 21 de diciembre de 1980, con la participación electoral más baja de la historia de España. Así se ratificó el Estatuto, con apatía, aunque con el tiempo aquel documento se acabó labrando en mármol.