La mayoría son lideradas por el PP, pero en tres gobierna el PSOE
10 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia ni es la primera autonomía que reclama al Gobierno medidas y leyes más efectivas contra los okupas ni es la única. Son ya ocho las comunidades que han manifestado su preocupación por la proliferación de casos, que entienden que requieren un endurecimiento de las penas.
La Xunta prepara un informe para razonar ante el Ejecutivo central esa demanda, igual que han hecho desde sus Gobiernos o Parlamentos las comunidades de Castilla-La Mancha (presidida por el PSOE), Canarias (PSOE con Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Canaria), Cantabria (Partido Regionalista de Cantabria con PSOE) y Madrid, Castilla y León, Andalucía y Murcia (PP con Ciudadanos).
Hay que «actuar con más determinación y más precisión, pues en España hay miles de domicilios okupados ilegalmente, lo que tiene consecuencias de convivencia social», razonó el socialista Emiliano García Page al defender su propuesta como presidente manchego para «combatir con mucha claridad y determinación a las enormes mafias de okupación ilegal». El presidente de la Diputación de Toledo, el también socialista Álvaro González Prieto, ha reclamado incluso que se cree una fiscalía especializada.
Desde el Gobierno canario, el consejero de Obras Públicas y Viviendas, Sebastián Franquis (PSOE), ha evidenciado la preocupación de su Ejecutivo por el aumento de la usurpación de viviendas, por lo que ha manifestado que, dado que su comunidad no tiene competencias para hacer frente al fenómeno de la okupación, «el Gobierno sea consciente de la situación que se está planteando y pueda tomar todas las medidas desde el punto de vista legal para que se solucionen los problemas» que les están afectando.
En Cantabria, el partido del presidente Miguel Ángel Revilla se separó de su socio de Gobierno, el PSOE, para alinearse en el Parlamento regional con PP, Cs y Vox para demandar la derogación del decreto que extiende hasta el final del estado de alarma la prohibición de desalojo de los okupas que no hayan actuado con violencia, debido a su situación de vulnerabilidad.
En las cuatro comunidades donde el PP y Ciudadanos han propiciado demandas al Gobierno central contras los okupas las reclamaciones cuentan con una argumentación similar a la planteada por la Xunta: desalojo inmediato de las propiedades asaltadas y endurecimiento de las penas impuestas a los autores de okupaciones. Isabel Díaz Ayuso le reclamó directamente a Pedro Sánchez que los desalojos se llevasen a cabo en 12 o 24 horas. El andaluz Juanma Moreno ha planteado la necesidad de un plan nacional contra la okupación. Las Cortes de Castilla y León han instado además a la Junta a lograr una coordinación institucional para resolver casos concretos. Y en Murcia, su Gobierno ha modificado su normativa para imponer multas de hasta 90.000 euros a quienes okupen viviendas sociales.
Refuerzo de los alquileres en el País Vasco y viviendas de protección en Cataluña
El PP ha intentado generalizar el debate sobre la okupación en todos los Parlamentos autonómicos con el fin de generalizar la discusión sobre el asalto de viviendas, tratar de abrir una vía de agua en la coalición del Gobierno central y liderar una preocupación social que se ha disparado en los últimos años. Con ese motivo, se han extendido sus propuestas por todas las Cámaras territoriales, incluso donde no tenía posibilidad alguna de lograr su aprobación, como en el País Vasco. La propuesta popular fue enmendada allí por PNV, PSE, EH Bildu y Podemos-IU para emplazar al Ejecutivo de Vitoria a reforzar e impulsar políticas de vivienda y desarrollar el «derecho subjetivo» de acceso a una vivienda. La iniciativa aprobada reconoce que dentro del fenómeno de la okupación existen distintas realidades, pero subraya que en la mayoría de los casos «lo que existe es un problema de acceso a vivienda por falta de recursos económicos».
En el caso de Cataluña, su Parlamento convalidó el año pasado un decreto ley de vivienda que, entre otras cosas, obliga a los inversores a ofrecer un alquiler social a los okupas que lleven en el inmueble seis meses o más y eleva al 40 % el porcentaje de suelo destinado a vivienda protegida en las nuevas promociones del área metropolitana de Barcelona. Dicha medida fue contestada por el sector inmobiliario.
